Óscar Figueroa
La Razón
Un total de 211 millones de pesos del Ayuntamiento de Ciudad Madero y 10 millones de pesos adicionales del Sistema DIF permanecen sin solventar por parte de la pasada administración municipal, que en suma superan los 221 millones de pesos.
Debido a la falta de justificación de estos recursos, correspondientes al ejercicio fiscal 2023, la Contraloría citó a doce exfuncionarios, de los cuales solo dos se presentaron, los de menor rango.
El contralor municipal, Ricardo Pérez Monsiváis, explicó que las inconsistencias detectadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) no corresponden a obras públicas, sino a gastos de arrendamientos y servicios en general.
El proceso entró en una fase legal tras agotarse los tiempos para aclaraciones internas.
“El punto medular es que hasta el momento y como primera etapa, digamos, del proceso, no hemos logrado solventar las observaciones. El estatus que nos dicen en febrero del 2025 sigue siendo el día de hoy el mismo. El presidente, nuestro alcalde, está preocupado porque no hemos logrado como institución solventar”, declaró Pérez Monsiváis.
Los citatorios se dirigieron a exservidores públicos que participaron en el Comité de Compras, así como en la recepción y pago de los bienes y servicios cuestionados. Ante los llamados de la autoridad municipal, la respuesta de los involucrados fue casi nula.
El funcionario reveló que también citaron a las empresas que prestaron los servicios, pero tampoco atendieron el llamado de la autoridad.
“Convocamos a doce servidores; no han asistido más que dos, pero estos dos son trabajadores del DIF y ellos siguen vigentes como trabajadores del municipio allá en el DIF y sí acudieron, ellos sí acudieron”.
Ante la falta de comparecencia de los exfuncionarios y de las empresas que facturaron dichos conceptos, la Contraloría prepara el cierre de la etapa de investigación.
El siguiente paso consiste en remitir el expediente al área de sustanciación mediante un Informe sobre probable responsabilidad de los servidores públicos. Al ser observaciones calificadas como graves por la Auditoría Superior del Estado, la vigencia del proceso administrativo se extiende hasta por siete años.
“Es un seguimiento, pero es un tema que está fuera de la solventación, es una situación más jurídica y en esa etapa le tocará a la contraloría aportar documentos”, apuntó.
