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Expreso-La Razón
La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas (ASE)
elevó a 3 mil 169 millones de pesos el monto total de
procedimientos ante el Tribunal y denuncias penales ante
la Fiscalía Anticorrupción.
El organismo entregó la semana pasada al Congreso
local su informe semestral de actividades, en el que el
monto consolidado de recursos observados y reclamados
—mediante procedimientos resarcitorios ante el Tribunal
de Justicia Administrativa y denuncias penales ante la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción—
presenta un incremento de 60 millones respecto al
informe de noviembre de 2025, que registraba 3 mil
109.1 millones.
El aumento es por la acumulación de múltiples
expedientes de distinta cuantía distribuidos entre
organismos operadores de agua, ayuntamientos de
municipios medianos y pequeños, y un fideicomiso de
fomento económico.
El crecimiento más significativo en términos
proporcionales se registró en los procedimientos
enviados al Tribunal de Justicia Administrativa.
En noviembre de 2025 había 18 expedientes activos con
un monto total de 12 millones 759 mil 420.05 pesos; en
mayo de 2026 esa cifra ascendió a 27 casos por un
monto acumulado de 58 millones 722 mil 803.46 pesos,
un incremento de 45 millones 963 mil 383.41 pesos en
seis meses.
El aumento fue impulsado principalmente por dos
expedientes de alto impacto radicados en la Primera Sala
del Tribunal.
La COMAPA de Reynosa ingresó con el expediente
ASE/DGAJ/DS/PRA/019/2025 por un monto observado
de 18 millones 598 mil 104.78 pesos. El Ayuntamiento de
Reynosa se sumó con el expediente
ASE/DGAJ/DS/PRA/022/2025 por 17 millones 205 mil
418.75 pesos.
Juntos, estos dos expedientes representan el 61 por
ciento del incremento total registrado en esta categoría
durante el periodo.
Los siete expedientes restantes incorporados entre
ambos informes corresponden a entidades de menor
escala presupuestal pero con irregularidades
documentadas por la Auditoría: el Ayuntamiento de Soto
la Marina con 4 millones 314 mil 695.78 pesos (exp.
017/2025); la COMAPA de Abasolo con 2 millones 822
mil 015.07 pesos (exp. ASE/DGAJ/DS/PRA/002/2026),
organismo que ya contaba con un expediente previo del
ejercicio 2024 por 2.4 millones, acumulando así dos
procesos simultáneos ante el Tribunal; el Ayuntamiento
de San Carlos con 2 millones 008 mil 800 pesos (exp.
021/2025); el Ayuntamiento de Villagrán con 385 mil
967.03 pesos (exp. 020/2025); la COMAPA de Palmillas
con 309 mil 792 pesos (exp. 018/2025); el Ayuntamiento
de Miguel Alemán con 215 mil 400 pesos (exp.
004/2026); y la COMAPA de Gómez Farías con 103 mil
190 pesos (exp. 001/2026).
La finalidad de los 27 procedimientos activos ante el
Tribunal es determinar la existencia de faltas
administrativas graves cometidas por servidores públicos
o particulares, imponer las sanciones correspondientes y
resarcir los daños causados a la hacienda pública estatal
o municipal. El proceso resarcitorio se activa
específicamente cuando el sujeto fiscalizado no cubre el
monto del pliego de responsabilidades derivado de la
fiscalización dentro del plazo establecido.
El capítulo de denuncias penales ante la FECC
concentra el mayor volumen económico del informe.
En mayo de 2026 el total asciende a 71 denuncias por 3
mil 110 millones 377 mil 102.19 pesos, más 672 mil
413.31 dólares.
Las cinco denuncias nuevas incorporadas en el informe
de mayo, todas del ejercicio 2026, son el expediente
45/2026 contra la COMAPA de Camargo por 4 millones
656 mil 100.64 pesos; expediente 49/2026 contra la
COMAPA de Camargo y el Ayuntamiento de San
Fernando, sin monto especificado en el informe;
expediente sin número asignado contra el Fondo de
Garantía y Fomento a la Microindustria —FOMICRO—
por 312 mil 476.86 pesos; expediente 60/2026 contra el
Ayuntamiento de Casas por 1 millón 864 mil 473.66
pesos; y expediente 68/2026 contra el Ayuntamiento de
Méndez por 7 millones 589 mil 365.22 pesos, el de
mayor cuantía entre las nuevas incorporaciones.
Por primera vez el informe semestral incorpora
procedimientos administrativos correspondientes al
ejercicio fiscal en curso.
Los Ayuntamientos de San Fernando y Méndez fueron
señalados con tres procedimientos abiertos por falta de
presentación de informes financieros mensuales y
negativa de información, lo que indica que la Auditoría
activó mecanismos de fiscalización en tiempo real sin
esperar al cierre del ejercicio.
En materia de auditorías de desempeño, el informe
registra un aumento en recomendaciones con estatus
pendiente y multas en proceso para los municipios de
Xicoténcatl y Llera, derivado de la falta de respuesta a
los pronunciamientos de la Auditoría dentro de los plazos
establecidos.
El informe consolida dos categorías de acción
fiscalizadora con lógicas distintas: los procedimientos
resarcitorios ante el Tribunal de Justicia Administrativa,
orientados a recuperar recursos públicos dañados y
sancionar a los responsables mediante un proceso
contencioso-administrativo; y las denuncias penales ante
la FECC, que trasladan la presunta responsabilidad al
ámbito penal cuando la Auditoría considera que las
irregularidades detectadas pueden constituir hechos
delictivos. Ambas vías pueden activarse de forma
simultánea sobre el mismo caso.
