INDICADOR POLITICO/Por Carlos Ramírez
Como acción concertada, el Gobierno de Estados Unidos en los últimos diez días ha
establecido un cerco de acoso a México por parte las principales agencias de inteligencia,
seguridad nacional y geopolítica en el contexto de la solicitud de arresto con fines de
extradición del hoy exgobernador sinaloense Rubén Rocha Moya y nueve coacusados por
actividades de narcopolítica.
Lo significativo de este cerco fue el hecho de que estuvo aderezado el martes 12 por la tarde
con dos informaciones que revelaban que la Agencia Central de Inteligencia –CIA, por sus
siglas en inglés– estaba operando en México, aunque el gobierno mexicano desmintió que
hubiesen participado en operativos.
En los últimos días la acción concertada de oficinas gubernamentales americanas dejó al
gobierno mexicano con poco margen de maniobra: el presidente Donald Trump, el secretario
de Estado Rubio, el secretario de guerra Hegseth, la información sobre operativos de la CIA o
su participación con entrega de inteligencia, las amenazas directas de la DEA de que el caso
de Rocha Moya fue el primero de otros que no tardarán en llegar con acusaciones de
narcopolítica y las puertas cerradas al nuevo secretario mexicano de Relaciones Exteriores, el
inexperto burócrata Roberto Velasco Álvarez, cuya novatez carece de relaciones estratégicas y
de poder en el establishment de inteligencia, geopolítica y seguridad nacional de EU.
El común denominador de este cerco a México se concentra en advertencias muy concretas y
claras de criminalizar en el sistema judicial de Estados Unidos el padrinazgo o relación de
políticos mexicanos con cárteles del narcotráfico. Al ahora exgobernador Rocha Moya y nueve
coacusados les acreditó un Gran Jurado de Nueva York responsabilidades en la expansión de
actividades delictivas y entretejido con el sistema político local a la facción de los chapitos del
Cártel de Sinaloa. Los señalamientos judiciales están basados en acusaciones muy precisas
de cómo Rocha Moya y coacusados intercambiaron favores políticos y de poder: los narcos
participando con violencia en la acumulación de votos electorales y el gobierno local
entregándole al crimen organizado el control de oficinas públicas de seguridad, obra pública y
otras decisiones de poder.
El cerco geopolítico y de seguridad de Estados Unidos alrededor de México en los últimos días
es el segundo que se aplica con criterios de inteligencia, seguridad nacional y geopolítica.
Hace poco más de un año, oficinas estadounidenses desplegaron personal, aviones,
supervisión electrónica, espías y naves marítimas de guerra, en el contexto en ese momento
de la toma de posesión del presidente Donald Trump y sus amenazas contra narcopolítica a
México, además del anuncio formal de que seis cárteles del crimen narcotráfico mexicano –con
sede en territorio nacional, pero con células autónomas en EU– pasaban a ser consideradas
como narcoterroristas.
En los cuatro y medio meses de este año, el gobierno del presidente Trump también aprobó la
circulación de cuando menos cuatro estrategias geopolíticas que tienen que ver con la
seguridad de EU: la estrategia de seguridad nacional, la estrategia nacional antidrogas, la
estrategia antiterrorista y la estrategia de Defensa Nacional. Todas ellas forman parte del
entramado que se ha convertido en el cerco estadounidense alrededor de México, con
advertencias de que de un momento a otro pudieran darse operativos en las orillas territoriales
de la República –por mar y tierra– para combatir in situ a las operaciones de transporte de
drogas de México hacia Estados Unidos.
Pero el asunto más grave fue reiterado por el presidente Donald Trump justo después de
entregar formalmente a México la solicitud de arresto con fines de extradición del exgobernador
Rocha Moya y nueve acusados y fue la enésima amenaza de que el gobierno americano
podría entrar físicamente al espacio territorial mexicano para combatir los nidos de los
narcotraficantes, con el señalamiento en modo de acusación de que México no se atrevía a
combatir a los cárteles porque había una fusión de intereses en lo que ha reiterado en los
últimos meses: México como narcoestado.
Las revelaciones el martes de la CNN y del The New York Times sobre un operativo realizado
en las afueras del aeropuerto Felipe Ángeles con el estallamiento de un coche donde viajaban
poderosos narcos descompusieron la narrativa del Gobierno mexicano y de EU por dos
razones: un acto terrorista que acreditaron a autoridades mexicanas y que violaban todas las
limitaciones de funcionamiento porque la CIA y México tienen prohibido asesinar adversarios
de manera extrajudicial. Es decir, se presentaron unos perfiles de utilización del terrorismo de
Estado para combatir el narco terror.
La advertencia más grave en el cerco fue la del director de la DEA, Terrance Cole, en el sentido
de que la solicitud de arresto del gobernador de Sinaloa era la primera de varias que podrían
liberarse muy pronto. Y en ese contexto fue que el cerco estadounidense de inteligencia,
seguridad nacional y geopolítica alrededor de México puede anteceder a la invasión para
capturar otros a narcopolíticos y a jefes de cárteles.
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Política para dummies: La política es el poder absoluto, lo demás son relaciones públicas.
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