Staff
Expreso-La Razón
La Fiscalía General de la República nuevas órdenes de
aprehensión contra los presuntos integrantes de la red de
contrabando de hidrocarburos que operó durante al
menos dos años a través de puertos como Tampico y
Altamira.
Entre los señalados, además de funcionarios y
empresarios están los agentes aduanales que tramitaron
la importación del llamado huachicol fiscal.
En la lista de las órdenes de aprehensión solicitadas por
la FGR figura Benito Abad Pérez Escalante, nvestigado
por manipular pedimentos de 31 buques cargados con
millones de litros de combustible que llegaron al puerto
de Tampico, declarados como aditivos para aceites y
lubricantes a granel para las empresas Intanza y Azteca
Cone.
Pérez Escalante fue regidor del Ayuntamiento de
Tampico al ser incluido en la planilla del PRI para el
periodo 2018-2021, donde encabezó la comisión de
Desarrollo Económico.
Otro agente aduanal incluido en el expediente es Nazario
Rodríguez López, quien también lleva a cabo
operaciones en el puerto.
En una indagatoria previa de la FGR, relacionada con el
contrabando de combustible a través de puertos de
Tamaulipas y Sonora, también aparece Estuardo Ciro del
Ángel Valdés, con patente aduanal indefinida en Altamira
desde agosto de 1994, habría tramitado el ingreso de 25
buques con aditivos en ese puerto, cuando en realidad
transportaban combustible para la empresa B-Match.
Esta compañía comparte socios y domicilio con Intanza,
Azteca Cone y Sensive Solutions, todas domiciliadas en
Monterrey, Nuevo León, y todas señaladas como
empresas fachada dentro del mismo entramado.
Hantulio Ordóñez Juárez, agente aduanal con patente
activa desde 1996 en la aduana de Matamoros y director
de Strategia Trade & Global Logistics S.C., habría
realizado los pedimentos de importación de 499 pipas
cargadas con combustible que cruzaron por Matamoros
entre el 28 de agosto y el 12 de septiembre de 2023,
declaradas como aceites minerales para la empresa
Sensive Solutions.
Ordóñez Juárez fue candidato del PAN a una diputación
local por Matamoros en el año 2000. Su agencia también
se encuentra bajo investigación federal.
La acusación también señala a María Cristina Cházaro
Mabarak en Tampico, Marco Aurelio Ochoa López en
Guaymas, Ángel Aceves Hernández en Ensenada y
María Elena Moreno Durazo en Nogales, lo que indica
que el esquema de pedimentos falsos habría operado de
forma coordinada en al menos cinco aduanas del país.
La red empresarial y los nombres clave
Junto a los agentes aduanales, la FGR busca capturar a
figuras con distintos roles dentro del entramado. Roberto
Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”
, aparece
vinculado a Autolíneas Roca y Mefra Fletes.
Osvel Tudón Rojas es señalado como intermediario para
la entrega de sobornos en las aduanas. José Isabel
Murguía Santiago,
“El Choko”
, hermano del ex alcalde de
Teuchitlán procesado por vínculos con el CJNG,
completa el perfil de una red que mezcla empresarios,
transportistas, operadores de logística, funcionarios y
particulares con presuntos vínculos con el crimen
organizado.
En la trama también habrían operado el Vicealmirante
Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano el
Contralmirante Fernando.
El 29 de marzo, la juez federal Mariana Vieyra Valdez
devolvió a la FGR la solicitud de las 14 órdenes de
captura por deficiencias técnicas en su formulación.
Las autoridades federales informaron que subsanaron las
inconsistencias y que presentarán nuevamente la
solicitud ante el juzgado. La decisión judicial sobre su
procedencia determinará si el caso más grande de
huachicol fiscal en la historia del país avanza hacia la
fase de juicio oral o enfrenta nuevos obstáculos
procesales.
El expediente, instruido por la Fiscalía Especial en
Delitos en Materia de Hidrocarburos, se convirtió en el
caso más grande de huachicol fiscal llevado a tribunales
federales en México, medido por el volumen de
combustible introducido ilegalmente y por la dimensión
de la red de corrupción aduanal y empresarial que lo hizo
posible.
En el centro del esquema operaron al menos cuatro
agentes aduanales con patente activa en distintos
puertos del país, quienes habrían manipulado
pedimentos de importación para declarar combustible —
principalmente diésel— bajo fracciones arancelarias
correspondientes a aditivos para aceites lubricantes,
evitando así los controles regulatorios, las obligaciones
sectoriales y los impuestos aplicables a hidrocarburos.
El caso del Challenge Procyon: documentos y
dictámenes
Uno de los expedientes más detallados corresponde al
buque Challenge Procyon, cuya guía marítima —emitida
por Hevi Transport— consignó un embarque de 17
millones 459 mil 290 kilogramos de producto enviado
desde Houston, Texas, hacia Tampico. La propia
documentación comercial declaró un volumen de 5
millones 460 mil galones, equivalentes a poco más de
20.6 millones de litros.
El destinatario era Intanza S.A. de C.V., empresa
domiciliada en Monterrey.
La factura HT081, expedida el 16 de marzo de 2025 por
Hevi Transport LLC, estableció un cobro de 2 millones
662 mil dólares —equivalente a unos 53 millones de
pesos— por concepto de “aditivos para aceites
lubricantes”
, incluyendo flete marítimo y cargos por
demora, con instrucción de pago a una cuenta del banco
Hancock Whitney, con sede en Misisipi.
La Agencia Nacional de Aduanas de México practicó una
revisión física y documental de las mercancías. El
pedimento había sido tramitado bajo la fracción
arancelaria 3811.21.07, correspondiente a aditivos para
aceites lubricantes. Tras el reconocimiento aduanero, la
autoridad ordenó toma de muestras y solicitó análisis
especializado a la Dirección General Jurídica de
Aduanas. El dictamen oficial del 22 de marzo de 2025 fue
concluyente: las muestras correspondían a aceite diésel
—gasóleo— con contenido de azufre inferior o igual a 15
partes por millón. La mercancía fue reclasificada a la
fracción 2710.19.99 NICO 03, correspondiente a diésel
automotriz.
La ANAM detectó una segunda irregularidad de igual
magnitud: la subvaluación del cargamento. Los 17
millones 459 mil kilogramos declarados equivalían,
aplicando un factor de densidad de 0.8336 kilogramos
por litro, a 20 millones 944 mil 445 litros de diésel. Ese
volumen fue declarado en marzo de 2025 con un valor de
2.6 millones de dólares, equivalente a 53 millones de
pesos, lo que arroja un precio de 2.55 pesos por litro.
La propia autoridad aduanera determinó que operaciones
similares de importación de diésel registraban precios
cercanos a 10.92 pesos por litro. Con ese parámetro, el
valor comercial real del cargamento rondaba los 228
millones de pesos, unos 175 millones más de lo
declarado. En materia fiscal, el SAT calculó que por cada
litro introducido de contrabando se omitió el pago de
alrededor de 11 pesos en impuestos —principalmente
IEPS, IVA y derecho de trámite aduanero—, lo que
implica una evasión de aproximadamente 220 millones
de pesos solo por los 20 millones de litros del embarque
de marzo de 2025.
Un documento de la ANAM fechado el 31 de marzo de
2026 —un año después del decomiso— precisa que la
autoridad fiscal exige a Intanza el pago de 60 pesos por
litro por concepto de impuestos, multas y recargos
acumulados. Por cada pipa incautada de 49 mil litros, el
requerimiento asciende a 2 millones 950 mil pesos.
