INDICADOR POLITICO/Por Carlos Ramírez
El señalamiento de la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde de que la designación del
general Mérida había sido responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional no fue de
mutuo proprio sino el último mensaje mafioso del gobernador defenestrado Rubén Rocha
Moya, su jefe político como sustituta. El mensaje se puede articular el lenguaje el crimen
organizado:
–Si caigo yo, caen todos.
La decisión de designar a militares en activo o retirados encargos de seguridad pública
estatales y municipales fue parte de la estrategia del presidente López Obrador para mantener
el control de los acuerdos pactados con los cárteles en el contexto del modelo de “abrazos, no
balazos” que había determinado una propuesta realmente muy de fondo: la pax narca o
gobernanza criminal, que era el acuerdo formal del Estado con el crimen organizado para que
“se portarán bien”, lo que el lenguaje político querría decir que podrían desarrollar sus
operaciones delictivas siempre y cuando contribuyeran a acuerdos entre los grupos en pugna
para disminuir la criminalidad y elevar la gobernanza bajo la responsabilidad del crimen
organizado.
En términos estrictos, la decisión presidencial era la nueva estrategia de seguridad. Si los
grupos en pugna acordaban llevar la fiesta en paz y mantenían el control y la estabilidad de su
territorio, de modo natural habría un efecto desdramatizador en las cifras de homicidios que
habían producido las guerras entre cárteles y bandas como consecuencia de la declaración de
hostilidades decretada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa a unos cuántos días de
haber asumido la presidencia de la República, en diciembre de 2006.
Los primeros efectos de la aplicación de la pax narca parecieron haberle dado la razón a la
estrategia lopezobradorista, porque la contribución adicional del Estado fue la de disminuir las
confrontaciones y las búsquedas con fines de arresto y extradición de los miembros de los
cárteles y las bandas delictivas.
Pero era orgánicamente imposible mantener el pacto de gobernanza criminal, sobre todo
porque no fue producto de alguna junta en alguna parte del país entre todos los jefes de las
bandas delictivas, sino que el mensaje se desparramó a través de la mañanera. Peña Nieto
desapareció la Secretaría de Seguridad Pública y trasladó sus funciones a la Secretaría de
Gobernación y López Obrador dio tres pasos estratégicos en función de la pax narca o
gobernanza criminal: crear la Guardia Nacional, ampliar la presencia de cuadros militares en
cargos de seguridad pública locales bajo la responsabilidad de gobernadores y alcaldes y
disminuir el discurso de caracterización delictiva de los jefes del crimen organizado, y de ahí
se perfiló la acusación de que el presidente López Obrador protegía a los delincuentes porque
también eran mexicanos y que había que referirse al “señor Guzmán” y no al líder criminal
conocido como El Chapo.
La Sedena carecía de instrumentos administrativos y legales para tratar de controlar a sus
activos o retirados en áreas de seguridad civil, y en ese contexto se dio la insistencia de las
Fuerzas Armadas de que México necesitaba una Ley de Seguridad Interior para tener
mecanismos de supervisión que como instituto armado carecía. Peña Nieto aprobó el cuarto
para las 12, en 2018, una Ley de Seguridad Interior, pero fue bloqueada sin ningún sentido
estratégico de seguridad nacional por la oposición y la Suprema Corte de Justicia de la Nación
abrogó lo ha probado.
En su Estrategia de Seguridad Pública, López Obrador se comprometió formalmente a
presentar y aprobar con su mayoría una Ley de Seguridad Interior y en el camino también
asumió la responsabilidad de desarrollar en el discurso público la doctrina o cultura de la
seguridad interior.
La pax narca se aplicó sin Ley de Seguridad Interior que fuera reglamentaria de la fracción VI
del 69 constitucional que le otorga al jefe del Ejecutivo federal la responsabilidad de la
seguridad interior como exclusiva y sin pasar por el Congreso.
La declaración formal de la gobernadora Yeraldine Bonilla ocurrió en un doble contexto: los
primeros indicios de que el general Mérida había cruzado la frontera con documentos para
entregarse a la justicia norteamericana y presuntamente pactar un acuerdo como testigo
protegido y mientras se revelaba en ese contexto que el gobernador Rocha Moya vivía en el
Palacio de gobierno y por lo tanto seguía ejerciendo las funciones del Ejecutivo y su sustituta
solo era la muñeca ventrílocua que repetía los mensajes del gobernador destituido.
En este contexto es que se deben leer el traslado de la papa caliente del Gobierno estatal de
Rocha Moya-Bonilla a Sedena como el último mensaje del exgobernador defenestrado antes
de que esta semana se decida su encarcelamiento en México o su entrega a EU. Y su última
decisión fue embarrar a la Sedena en un problema que le correspondía exclusivamente a él, a
López Obrador y a la presidenta Sheinbaum Pardo.
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Política para dummies: en política no importa quién me la hizo sino quién o quiénes me las
van a pagar.
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