En Público/Nora Marianela García Rodríguez
El Congreso de Tamaulipas incorporó el acecho al Código Penal el pasado 2 de junio, una
conducta que durante años estructuró la vida de miles de mujeres sin que la ley alcanzara a
reconocerla como delito.
La reforma suma tres artículos nuevos al Código Penal y castiga la vigilancia o el hostigamiento
repetido que trastorna la vida de una persona hasta orillarla a cambiar de casa o de número
para sentirse a salvo.
La iniciativa la presentó la diputada Magaly Deandar Robinson en febrero de 2024, primera
legisladora local en llevar esta figura al terreno penal como delito autónomo, distinto del acoso y
perseguible por denuncia.
Hasta ahora el acecho se confundía con el acoso, y la diferencia no es menor, porque mientras
el acoso suele apuntar a un fin sexual, el acecho describe el control reiterado de la vida de otra
persona, conducta que merecía su propio nombre en la ley.
La figura exige que la conducta sea reiterada, al menos en dos ocasiones, y que altere de
forma comprobable la vida de la víctima, un umbral que en la práctica deja sobre ella la tarea
de reunir las pruebas de su propio miedo.
El dato que importa no es la novedad jurídica sino lo que la conducta anuncia, porque el acecho
funciona como fase temprana de una escalada que en su tramo final desemboca en feminicidio,
trata o desaparición.
La propia exposición de motivos lo reconoce, el acecho antecede a crímenes de alto impacto, y
sus víctimas son en su mayoría mujeres sometidas a una persecución que durante décadas se
disfrazó de insistencia afectiva.
Ahí aparece la primera trampa, la del lenguaje, porque seguir a alguien o esperarlo afuera del
trabajo se narró como romance persistente y no como ejercicio de poder sobre un cuerpo
ajeno.
La versión contemporánea de esa vigilancia ya no necesita esquinas, opera desde un teléfono,
con mensajes que no cesan, perfiles falsos y rastreo de ubicación que convierten la cercanía
digital en un encierro sin muros.
Probar esa conducta digital tampoco es trivial, porque los mensajes se borran, las cuentas se
clonan y el agresor opera bajo identidades cambiantes, de modo que la carga técnica de la
prueba vuelve a recaer sobre la víctima.
Esa narrativa nunca fue ingenua, sostuvo una estructura que convierte la autonomía de una
mujer en territorio disputado y normaliza que otro decida por dónde puede moverse y a qué
hora.
El acecho no es un hecho aislado entre dos personas, es la versión cotidiana de una
dominación que el orden social toleró mientras no dejara una huella visible, y que apenas ahora
empieza a tener nombre jurídico.
Por eso tipificarlo cuenta, reconoce que el control previo también es violencia y traslada al
Estado una carga que antes recaía entera sobre la víctima, obligada a demostrar el peligro
después de haberlo padecido.
La lógica de la antesala obliga a una conclusión incómoda, buena parte de los feminicidios
documentados en el país estuvo precedida por señales que nadie procesó a tiempo, y el
acecho es la primera de esas señales.
El tamaño del problema no es abstracto, Tamaulipas registró 24 feminicidios entre enero y
noviembre de 2025 según el Secretariado Ejecutivo, y el país sumó 721 ese año, cada uno el
punto final de una violencia que casi siempre empezó mucho antes.
El problema empieza donde termina el texto legal, porque un tipo penal sin capacidad
ministerial que lo investigue ni medidas de protección que de verdad se cumplan corre el riesgo
de quedarse en gesto.
Un código penal castiga después del daño, no antes, y por eso reconocer el acecho no
sustituye la prevención, exige acompañarla de protocolos que actúen sobre la primera denuncia
y no sobre la última agresión.
Tamaulipas figura ya entre al menos once entidades que tipificaron el acecho, una reforma que
extiende la línea abierta antes por el feminicidio y por la violencia digital, mientras en el plano
nacional la llamada Ley Valeria busca homogeneizar esa protección.
La distancia entre la ley y su cumplimiento es donde se juega su eficacia real, porque una mujer
que denuncia un acecho necesita una respuesta en horas y no un expediente que avance al
ritmo ordinario de la procuración de justicia.
Las órdenes de protección son el instrumento que debería seguir a la denuncia, y su historia en
México es de cumplimiento desigual, porque emitir un papel que ordena distancia no equivale a
garantizar que esa distancia se respete.
Aquí opera el dato que casi nunca se publica, la cifra negra, esa parte de los casos que jamás
llega a denuncia porque la víctima no confía en que el reporte la proteja en lugar de exponerla
todavía más.
Protegerse también cuesta dinero, y ahí el delito revela su sesgo de clase, porque mudarse o
renunciar a un empleo significa perder antigüedad y prestaciones, un costo que muchas
mujeres no pueden pagar y que vuelve la autodefensa un privilegio.
Sin un sistema que mida cuántos acechos se denuncian y cuántos terminan en agresiones
mayores, la reforma trabaja a ciegas sobre el fenómeno que pretende contener, sin saber si
reduce el riesgo o solo lo documenta tarde.
La pregunta de fondo no es si el acecho merece castigo, esa discusión quedó zanjada, sino si
el aparato encargado de perseguirlo sabe distinguir una amenaza real de un trámite más en la
fila.
En un estado donde miles de mujeres entran y salen de la maquila en turnos que empiezan de
madrugada, el riesgo en el trayecto no es una hipótesis, es parte del cálculo diario con que
organizan su seguridad.
Para la mujer que revisa el retrovisor por costumbre o que silencia un teléfono que no deja de
sonar, la diferencia entre la ley escrita y la ley aplicada se mide en miedo acumulado y no en
artículos reformados.
Esa mujer no necesita que el delito exista en el código, necesita que exista en la práctica, que
su denuncia active una respuesta inmediata y no una espera que la regrese al punto donde el
agresor la dejó.
Cada reforma de este tipo se anuncia con el lenguaje de la protección, y el riesgo es que el
anuncio sustituya al resultado, que la víctima reciba un nombre para su miedo y siga esperando
una institución que responda.
El poder también se ejerce sobre los cuerpos cuando se enseña a una mujer a vivir en guardia,
y la reforma será real el día que el control se traslade del cuerpo de la víctima a la conducta de
quien la persigue.
Tamaulipas ya nombró lo que durante años no tuvo nombre, y queda lo más difícil, que ese
nombre llegue a tiempo a la mujer que hoy revisa el retrovisor de regreso a casa.
