Staff
fotos: Fabián Meléndez
Expreso-La Razón
Cientos de iniciativas se acumulan en el
congelador del Congreso de Tamaulipas, con
un embudo legislativo donde cada vez más
propuestas quedan atrapadas en comisiones o
en el limbo parlamentario.
La Legislatura 66 del Congreso de Tamaulipas
ha recibido 1,601 iniciativas desde el inicio de
sus trabajos en octubre de 2024 y hasta el
segundo periodo ordinario del segundo año de
ejercicio (junio de 2026). De ese total, 576
asuntos permanecen pendientes de resolución,
ya sea en análisis de comisiones o con
dictamen aprobado, pero sin votación definitiva
en el Pleno.
El principal cuello de botella se ubica en el
actual segundo periodo ordinario del segundo
año legislativo, donde se presentaron 503
iniciativas,De esas, resolvió 126: una de cada
cuatro.
Las restantes 330, dos terceras partes del total,
permanecen “en estudio” en comisiones, de
acuerdo con los registros oficiales del propio
Poder Legislativo.
La tasa de resolución ha caído de forma
sostenida en cada periodo legislativo
documentado.
En el primer periodo ordinario (octubre-
diciembre de 2024), el Congreso resolvió 190
de alrededor de 211 iniciativas presentadas, un
90 por ciento.
En el segundo periodo ordinario de 2025
(enero-junio), resolvió 327 de 376, un 87 por
ciento. Durante la diputación permanente que
siguió (julio-septiembre de 2025), resolvió 163
de 201, un 81 por ciento. En el primer periodo
ordinario del segundo año de ejercicio (octubre-
diciembre de 2025), la proporción bajó a 198 de
299, un 66 por ciento. Y en el periodo más
reciente, enero-junio de 2026, cayó a 25 por
ciento.
En conjunto, desde el inicio de la legislatura el
Congreso ha resuelto 1,012 de las
aproximadamente 1,601 iniciativas presentadas
en sus seis periodos documentados —un 63
por ciento acumulado—, aunque la tendencia
de los últimos tres periodos apunta a una
proporción de rezago cada vez mayor conforme
avanza la segunda mitad de la legislatura.
El número de iniciativas con dictamen de
comisión, pendientes solo de votación final en
el pleno, también creció: 3 en el primer periodo
ordinario, 8 en la diputación permanente de
mediados de 2025, 21 en el primer periodo
ordinario del segundo año, 2 en la diputación
permanente de diciembre de 2025 a enero de
2026, y 45 en el periodo más reciente, enero-
junio de 2026. Para el segundo periodo
ordinario de 2025 (enero-junio), los registros
consultados no desagregan un total de
iniciativas dictaminadas, por lo que ese dato
queda pendiente de verificación directa con la
Secretaría General del Congreso. Las
iniciativas dadas de baja o desechadas se
mantuvieron en niveles bajos en los periodos
donde se especifica el dato: 3 en el primer
periodo ordinario, 4 en la diputación
permanente de 2025, 4 en el primer periodo
ordinario del segundo año y 2 en el periodo
más reciente.
EL CONTRASTE CON EL CONGRESO
FEDERAL
El patrón de acumulación no es exclusivo de
Tamaulipas. A nivel federal, la LXVI Legislatura
del Congreso de la Unión —que inició
funciones el mismo 1 de septiembre de 2024
bajo una correlación de fechas distinta a la del
Congreso estatal— recibió 3,324 iniciativas
entre esa fecha y el 9 de diciembre de 2025, de
las cuales aprobó 165, retiró 176 y desechó 41,
dejando 2,942 pendientes de dictamen para
reanudarse en el periodo que comenzó el 1 de
febrero de 2026, según el último reporte de la
Secretaría de Servicios Parlamentarios y la
Dirección General de Apoyo Parlamentario de
la Cámara de Diputados.
La cifra federal no es comparable de forma
directa con la estatal por la diferencia de escala
—500 diputados federales frente a 36 locales—
ni por el calendario legislativo, pero ilustra que
el fenómeno del rezago atraviesa ambos
niveles de gobierno durante el mismo periodo
de ejercicio.
LA AGENDA DE LA LEGISLATURA
El rezago legislativo no solo se aprecia en las
estadísticas de iniciativas congeladas, también
se hace evidente en las temáticas que han sido
ignoradas.
Es el caso de la despenalización del aborto. El
20 de abril de 2026, el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación invalidó, por
unanimidad, la porción normativa del artículo 16
de la Constitución de Tamaulipas que protegía
la vida “desde el momento de la fecundación”,
así como los artículos 356, 357, 358, 359, 360 y
361 del Código Penal estatal que criminalizan
el aborto. La resolución se dictó al resolver el
amparo en revisión 426/2025, derivado de un
juicio de amparo directo tramitado desde 2023
en el Distrito Judicial de Tamaulipas.
La sentencia se emitió dos meses antes del
cierre del periodo ordinario enero-junio de
2026, el mismo en el que la tasa de resolución
del Congreso cayó a 25 por ciento. Sin
embargo, ninguno de los registros de iniciativas
“en estudio” o “dictaminadas” para ese periodo
identifica una reforma específica de
despenalización del aborto. Las menciones al
Código Penal en ese tramo corresponden a
reformas sobre reclutamiento forzado,
sustracción de menores y acecho.
El tema lleva más tiempo sin resolverse que la
propia legislatura actual. En octubre de 2023,
bajo la Legislatura 65, el diputado Isidro Vargas
presentó una primera iniciativa de
despenalización que fue turnada a comisiones
sin avanzar. Desde mayo de 2024, el
presidente de la Junta de Gobierno del
Congreso, Humberto Prieto Herrera, ha
declarado en al menos cuatro ocasiones —
mayo de 2024, octubre de 2024, primer
semestre de 2025 y octubre de 2025— que la
iniciativa “ya está terminada” y sería presentada
“en las próximas semanas”. Ninguna de esas
fechas se cumplió. En febrero de 2026, la
diputada Lucero Deosdady Martínez López,
presidenta de la Comisión de Igualdad de
Género y de la Diversidad, dijo que el tema “sí
se va a analizar en este periodo”. Tampoco
hubo dictamen antes del cierre del periodo
ordinario, el 30 de junio.
Tras el fallo de la Corte, Martínez López fijó la
postura del Congreso sin precisar fecha:
“Si la Suprema Corte ya ordena que se tenga
que modificar, nosotros somos un poder que
tiene que acatar las decisiones de la Corte”,
expresó la legisladora.
La declaración no fijó fecha de dictamen ni de
votación en el pleno. Mientras la reforma
permanece sin resolver, el Código Penal
vigente continúa tipificando el aborto voluntario
como delito. En 2025 se abrieron
investigaciones contra 38 mujeres por esta
causa en la entidad, y en los últimos cinco años
se han registrado 235 carpetas de investigación
por el mismo delito, de acuerdo con cifras
citadas por colectivos feministas y retomadas
por medios locales.
LOS GRANDES PENDIENTES
El aborto no es el único tema que se mantiene
sin resolución desde el arranque de la
Legislatura 66. Una reforma al Código Penal
para adicionar un capítulo sobre crímenes de
odio por razones de orientación sexual apareció
registrada como “en estudio” desde el primer
periodo ordinario, en octubre de 2024. Veinte
meses después, el 17 de junio de 2026, el
Congreso aprobó dos reformas distintas en
materia de diversidad sexual: una adición del
artículo 92 Bis a la Ley de Salud, que obliga a
instituciones públicas y privadas a garantizar
atención integral sin discriminación, dando
carácter obligatorio a los protocolos federales
de acceso a servicios médicos para la
diversidad sexual; y una modificación a los
artículos 192 y 193 del Código Penal, para
eliminar referencias que criminalizaban la
homosexualidad, en cumplimiento de criterios
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esas dos reformas, sin embargo, no incluyeron
el capítulo de crímenes de odio que llevaba
veinte meses “en estudio”
Organizaciones no gubernamentales
reconocieron el avance pero señalaron que la
agenda legislativa “no está completa”, y
enumeró tres pendientes concretos: la Ley de
Identidad de Género, la derogación de los
artículos que criminalizan a personas con VIH,
y mecanismos efectivos contra los crímenes de
odio, cuya incidencia, dijo, “sigue sin ser
atendida de manera integral”.
El reconocimiento de la identidad autopercibida
en el Código Civil —base jurídica de la Ley de
Identidad de Género que exigen los colectivos
— apareció como pendiente desde el segundo
periodo ordinario de 2025 (enero-junio), bajo el
rubro de “identidad y derechos”, junto con
reformas en materia de justicia para grupos
vulnerables y la sustitución de prisión para
mujeres jefas de familia en situaciones
precarias. Un año después, en junio de 2026, el
tema seguía sin dictamen identificable en los
periodos subsecuentes.
La creación de la Secretaría de la Mujer ilustra
un patrón distinto: contó con dictamen de
comisión desde el primer periodo ordinario, en
2024, pero un año después, en el periodo
octubre-diciembre de 2025, los registros del
Congreso volvían a listar “en estudio” los
ajustes a la Ley Orgánica de la Administración
Pública necesarios para darle estructura
operativa a la dependencia.
También permanecen pendientes, sin dictamen
posterior identificado en los registros revisados:
la expedición de la Ley de Voluntad Anticipada
para el Estado, en estudio desde enero de
2025; la creación de una Ley de Educación
Superior estatal, en análisis desde el mismo
periodo; y una reforma a la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas del Estado, en estudio
desde el mismo tramo.
En el rubro de protección a la niñez, sigue en
análisis desde 2025 la tipificación del robo de
niñas, niños o adolescentes en el Código
Penal, así como el acceso a un entorno digital
libre de violencia para ese grupo de edad.
También permanece en comisiones, desde el
primer año de ejercicio, un dictamen sobre la
prohibición de eventos que promuevan la
apología del delito.
En el ámbito laboral y administrativo llevan en
análisis desde octubre de 2025 una propuesta
para otorgar permisos por luto con goce de
sueldo a servidores públicos, otra para
reconocer licencias por menstruación dolorosa
en el sector privado, y reformas
constitucionales sobre el derecho de petición
ante autoridades estatales y municipales y
sobre la organización de la Fiscalía General de
Justicia y los órganos autónomos del Estado.
Ninguna de ellas aparece como resuelta en los
periodos posteriores documentados.
Un caso adicional, vinculado a la reforma
electoral, muestra que la conclusión de un
proceso legislativo no siempre se traduce en
una institución completa.
La Ley Electoral del Estado fue reformada el 29
de mayo de 2026 para armonizar la legislación
local con la reforma electoral federal conocida
como “Plan B”, luego de que el secretario
ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas
(IETAM), Juan de Dios Álvarez Ortiz, advirtiera
en abril que el plazo se agotaba. Pese a esa
reforma, el Consejo General del IETAM opera
con dos consejerías vacantes, luego de que el
Instituto Nacional Electoral repusiera, a inicios
de noviembre de 2025, solo una de tres
vacantes pendientes, a meses de que inicie el
proceso electoral 2026-2027, en el que se
renovarán alcaldías y diputaciones locales.
LO QUE SE RESOLVIÓ
El Congreso sí concluyó procesos legislativos
de alcance significativo en el periodo analizado.
Entre octubre y diciembre de 2025 resolvió la
Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de
Personas, la Ley de Protección Civil y la ley
para sancionar delitos de extorsión. Entre
diciembre de 2025 y enero de 2026 concluyó la
expedición de la Ley del Sistema de Seguridad
Pública del Estado, reformas a la Ley del
Instituto de Pensiones y Seguridad Social del
Estado de Tamaulipas (IPSSET), ajustes a la
Ley de Instituciones de Asistencia Social y
reformas a la Ley de Educación, además de
adiciones a la Ley de Transparencia distintas
de la reforma integral que permanece
pendiente. La Ley de Movilidad y la Ley
Electoral del Estado fueron reformadas en
marzo y mayo de 2026, esta última para
armonizar la legislación local con la reforma
electoral federal antes de la fecha límite
advertida por el IETAM.
En el mismo periodo se dictaminaron, aunque
sin la misma relevancia estructural, la
regulación de las farmacias del bienestar,
programas de Parques Activos Comunitarios y
reformas en materia de turismo social. La
mayor parte de las iniciativas registradas como
“resueltas” en cada periodo, sin embargo,
corresponde a las leyes de ingresos de los 43
municipios y al presupuesto de egresos estatal:
trámites de naturaleza presupuestal, con
calendario fijo y sin margen de postergación,
que explican buena parte de los picos de
productividad observados en abril de 2025 y en
los cierres de cada periodo ordinario.
