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Expreso-La Razón
Entre diciembre de 2018 y febrero de 2026, la Fiscalía
General de la República (FGR) abrió 2,393 carpetas de
investigación por delitos en materia de hidrocarburos en
Tamaulipas.
Pero en ese mismo periodo, únicamente 10 personas
fueron puestas a disposición de un juez de control, de
acuerdo con información proporcionada por la
dependencia federal en respuesta a una solicitud de
acceso a la información pública.
La cifra equivale a una tasa de judicialización de 0.41 por
ciento, inferior al promedio nacional de 3.53 por ciento
registrado para el mismo concepto estadístico.
La brecha implica que, de cada 200 investigaciones
abiertas en la entidad por este delito, en promedio solo
una concluye con una persona presentada ante el juez.
La dependencia atribuye la disparidad a la naturaleza de
las investigaciones: la mayoría se origina por el hallazgo
de tomas clandestinas o el aseguramiento de producto y
vehículos, escenarios en los que con frecuencia no hay
personas presentes al momento de la intervención de las
autoridades.
El comportamiento se repite al revisar el único periodo en
que la FGR desglosó detenciones por estado,
comprendido entre diciembre de 2018 y noviembre de
2019. En ese lapso, Tamaulipas registró 22 personas
detenidas frente a 472 carpetas de investigación
iniciadas, una proporción de 4.66 por ciento. El promedio
nacional en ese mismo año fue de 17.5 por ciento, casi
cuatro veces superior al de la entidad.
A partir de noviembre de 2019, la FGR dejó de
concentrar estadísticas de detenciones por estado. La
dependencia federal explicó que esa información pasó a
ser responsabilidad del Registro Nacional de
Detenciones, operado por la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC), por lo que remitió a esa
instancia para datos posteriores a dicha fecha.
El desglose anual de carpetas de investigación abiertas
en Tamaulipas muestra fluctuaciones importantes. En
diciembre de 2018 se contabilizaron 132 expedientes. La
cifra se mantuvo alta durante 2019, con 350 carpetas, y
descendió a 204 en 2020 y a 126 en 2021. Luego volvió
a incrementarse, con 234 carpetas ese año, 481 en 2023
y 468 en 2024.
En 2025 se registraron 341 expedientes, y entre enero y
febrero de 2026 ya se habían abierto 57 carpetas
adicionales.
Las personas puestas a disposición de un juez de control
en la entidad se concentraron en años específicos: dos
en diciembre de 2018, dos en 2019, cuatro en 2023 y dos
en 2025. En 2020, 2021, 2022, 2024 y en lo que va de
2026 no se registró a ninguna persona bajo este estatus
procesal en Tamaulipas.
La misma brecha, a mayor escala
El fenómeno no es exclusivo de Tamaulipas. A nivel
nacional, la FGR reportó 54,587 carpetas de
investigación por delitos en materia de hidrocarburos
entre diciembre de 2018 y febrero de 2026, frente a
1,926 personas puestas a disposición de un juez de
control en el mismo periodo. Esto representa una tasa de
judicialización de 3.53 por ciento.
La incidencia delictiva se concentra de manera
desproporcionada en los estados que integran el
corredor de ductos y las zonas de refinación. Hidalgo se
mantiene como la entidad con más investigaciones
registradas de forma consistente; solo en enero y febrero
de 2026 acumuló 297 y 281 carpetas, respectivamente.
Estado de México y Puebla ocupan el siguiente lugar en
volumen de expedientes y personas puestas a
disposición. Veracruz y Jalisco también muestran una
actividad sostenida, con un incremento en este último
estado a inicios de 2026, de alrededor de 100 carpetas
mensuales.
En el único año con detenciones desglosadas por
entidad —de diciembre de 2018 a noviembre de 2019—
el Estado de México encabezó la lista con 375
detenciones, seguido de Tabasco con 282, Puebla con
189, Hidalgo con 124 y Nuevo León con 105.
Tamaulipas, con 22 detenciones en ese periodo, se ubicó
por debajo de entidades como Veracruz (83), Guanajuato
(77) y Querétaro (64).
La distribución de competencias entre fiscalías
especializadas también arroja una concentración
desigual. La Fiscalía Especializada de Control Regional
(FECOR) tramitó 1,476 de las puestas a disposición a
nivel nacional, mientras que la Fiscalía Especializada en
materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) procesó a
450 personas en el mismo periodo. En el primer año del
módulo estadístico, la FECOR concentró 1,800 de las
1,898 detenciones reportadas, frente a 98 de la FEMDO.
La FGR precisó que cierta información solicitada, como
los datos de vinculación a proceso o los listados de
empresas relacionadas con estos delitos, no es
competencia de la dependencia y debe consultarse
directamente con el Poder Judicial de la Federación.
Casos de alto impacto
La baja tasa de judicialización contrasta con la magnitud
de los decomisos registrados en los puertos
tamaulipecos durante 2025, año en que la entidad
acumuló aseguramientos superiores a 15 millones de
litros de combustible ilegal, con el puerto de Tampico
como epicentro de la actividad.
El caso de mayor relevancia ocurrió el 19 de marzo de
2025, cuando arribó al puerto de Tampico el buque
Challenge Procyon, con bandera de Singapur y
procedente de Texas, Estados Unidos, declarado bajo el
concepto de aditivos para aceites lubricantes. Una
inspección por irregularidades aduanales determinó que
la embarcación transportaba diésel ilegal. El gobierno
federal reportó oficialmente el aseguramiento de 10
millones de litros, calificado entonces como un golpe
histórico contra el huachicol fiscal.
Documentos obtenidos posteriormente por la
organización Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad (MCCI), entre ellos la guía de carga del buque
y una factura expedida en Houston, indican que la
embarcación ingresó en realidad con 20 millones 944 mil
litros, el doble del volumen reconocido por las
autoridades. La discrepancia, según esos documentos,
se explica porque el operativo de aseguramiento se
realizó días después de la llegada del buque, cuando una
parte de la carga ya había sido descargada y trasladada
a predios en Altamira, municipio conurbado con Tampico.
La investigación derivada de ese caso llevó a un juez
federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de
México, a librar órdenes de aprehensión contra ocho
integrantes de la empresa Mefra, señalada por operar
dos de los predios en Altamira donde se ubicó parte del
combustible descargado del buque.
En junio de 2025, la FGR, a través de la FECOR en
Tamaulipas, cateó un predio en la colonia La Escondida,
en Reynosa, municipio fronterizo con Estados Unidos,
donde se asegura un millón 802 mil 650 litros de
hidrocarburo. El operativo fue encabezado por la Policía
Federal Ministerial y la Agencia de Investigación Criminal,
con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la
Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana.
Investigaciones periodísticas adicionales han
documentado que, entre 2024 y principios de 2025,
ingresaron al puerto de Tampico hasta 31 embarcaciones
con características similares a las del Challenge Procyon,
de acuerdo con información atribuida a la FGR. Un
exdirector de aduana declaró haber recibido pagos por
24.5 millones de pesos a cambio de permitir el paso de
dichos buques.
En materia de transporte terrestre, durante 2025 se
reportó la detención de 26 operadores de tráileres por
transporte ilegal de hidrocarburo, 18 de ellos
específicamente por huachicol fiscal, aunque solo se
documentó una vinculación a proceso, contra el
propietario de una empresa de camiones de carga.
En abril de ese año, las autoridades federales informaron
la detención de 18 conductores y el decomiso de 18
autotanques en las aduanas de Reynosa y Matamoros,
unidades que transportaban 540 mil litros de combustible
presuntamente importado sin el pago de impuestos
correspondientes.
Para 2026, la FGR prepara nuevas órdenes de
aprehensión contra agentes aduanales, empresarios y
exfuncionarios presuntamente vinculados a la red de
contrabando que operó a través de los puertos de
Tampico y Altamira durante al menos dos años, según ha
trascendido en medios locales.
