INDICADOR POLITICO/Carlos Ramírez
El párrafo clave del discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el domingo 31 de mayo
para celebrar dos años de la victoria electoral pero convertido en foro para redefinir los
principios de la política exterior de México estuvo presentado como preguntas entre signos de
interrogación pero cuya respuesta desmoronaría la invocación del nacionalismo mexicano en
tiempos de narco crisis:
“Y entonces debemos preguntarnos, surge la pregunta legítima: ¿Es realmente interés legítimo,
genuino por ayudar a México? ¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la
delincuencia organizada? ¿O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha
estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026? ¿O
acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país? No son preguntas retóricas.”
Ante la presión estadounidense para obligar a México a combatir de manera real a las
estructuras del narcotráfico que a la vista de todos se han convertido en parte de las
instituciones municipales, estatales y federales, hay que reconocer –aunque muchos no
quieran– que el presidente Trump ni siquiera ha bromeado con convertir a México en el estado
51 de EU o de crear una Confederación Americana de Groenlandia a Panamá.
El punto que ha generado la movilización del aparato de masas de Morena se localiza en la
solicitud de arresto con fines de extradición del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya y
nueve coacusados de aliarse políticamente con la facción de los chapitos del Cártel de Sinaloa,
invocando un Tratado de Extradición que tiene en México la condición de ley suprema de
cumplimiento obligatorio.
Este dato centraliza el conflicto de México con Estados Unidos por el narcotráfico: el Cártel de
Sinaloa sigue produciendo droga y fentanilo para exportarla de manera ilegal a Estados Unidos,
y la solicitud de extradición presentó evidencias de que la política de seguridad de México se
basó en el modelo lopezobradorista de “abrazos, no balazos”, además de documentar los datos
muy concretos que líderes del narco se involucraron en elecciones estatales en Sinaloa.
Es decir, que no fue EU el que metió el narco en elecciones aquí, sino México el que permitió
que ocurriera en Sinaloa y oras partes de la república.
La tesis de la presidenta Sheinbaum –válida en términos argumentativos– no radica en el
injerencismo de Estados Unidos, sino que todo se resume en la decisión estadounidense de
aumentar –eso sí– presiones legales y operativas para obligar a México a destruir cuando
menos siete cárteles del narcotráfico que el Departamento de Estado ya caracterizó en
términos legales como narcoterroristas.
Lo que deja claro el tono de la respuesta mexicana en un mitin de masas no es la invasión
física de Estados Unidos en modo de 1847 para quedarse con algunos de los estados
mexicanos más ricos que hacen frontera con Estados Unidos, sino el objetivo concreto de
desmantelar y “desaparecer de la faz de la tierra” a los cárteles del narcotráfico mexicano que
siguen operando con impunidad.
En lo que sí acierta la preocupación de la presidenta Sheinbaum es en el efecto político que las
exigencias de seguridad estadounidenses han provocado en otras naciones: el relevo en
procesos electorales –y ya no, como antes, con golpes de Estado– en Guatemala, Ecuador,
Chile, Honduras, El Salvador, Venezuela y ahora mismo en Colombia. Pero se trata de
incidencias políticas que cumplen con las reglas electorales de cada uno de esos países. Y en
México se juega Morena su permanencia mayoritaria en el Congreso en 2027 y la presidencia
en 2030.
La presidenta Sheinbaum supo qué botones oprimir para tratar de despertar el sentimiento
antiestadounidense en una nación que lamentablemente –como dijo Fidel Castro en diciembre
de 199– conoce más a Mickey Mouse que al cura Miguel Hidalgo. Y ahí está como ejemplo que
debiera avergonzar a Morena y a la nación: 45 mil sinaloenses hicieron el domingo su mitin
local y con ello reforzaron el apoyo institucional a su gobernador Rocha Moya y cómplices que
hundieron a Sinaloa en el narcogobierno y la narcoviolencia que está enfrentado a México con
EU.
La lectura del párrafo 189 del discurso debe hacerse con malicia política: no afirma que no haya
narcopolítica en Sinaloa y en México sino pregunta si es “interés legítimo” la solicitud de
extradición basada en un tratado que –hay que subrayarlo– en México es ley suprema con
valor constitucional.
Lo que se debate no es el injerencismo de EU, sino la narcopolítica en la estructura
gubernamental que controla Morena.
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Política para dummies: la política se basa en principios que deben ser certezas, no en
insinuaciones que tratan de esconder la realidad.
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