ENROQUE/JOSÉ LUIS HERNÁNDEEZ CHÁVEZ
Cuando Marko Cortés era el coordinador de la bancada del PAN en
el congreso federal exigía cárcel a los hermanos Humberto y Rubén
Moreira Valdez a los que acusaba de lavado de dinero y malversación
de fondos, entre otros delitos cometidos por los exgobernadores del
Estado de Coahuila.
En la sesión del 17 de mayo de 2017 los legisladores panistas
exhibieron pancartas en las que se leía “Cárcel a los Moreira” y el hoy
ex dirigente nacional del partido albiazul aludía a las cuentas bancarias
que vinculaban a los exmandatarios estatales a escandalosos actos de
corrupción.
Es relevante, declaraba entonces Cortés Mendoza, que el Estado
investigue y sancione estos hechos. “No podemos permitir que estos
queden impunes”, sentenciaba.
Seis años después, cuando Humberto Valdez, ex dirigente nacional
del PRI, fue apresado en España bajo los cargos de cohecho y lavado
de dinero, Marko Cortes, igual que el PRD, pidieron que se reactivara y
abriera una línea de investigación por enriquecimiento ilegal contra el
priista.
A través de un comunicado, el entonces jerarca panista
demandaba que se diera cauce a las denuncias penales. “Exigimos –
señalaba- se proceda con todo el peso de la ley y se le castigue por el
saqueo de las arcas estatales, fraude y lavado de dinero al
expresidente nacional del PRI”.
Y añadía: “Demandamos al gobierno federal que por congruencia o
al menos por vergüenza que las demandas que pesan contra el
exgobernador no duerman” y que se haga justicia a todos los
coahuilenses por la mega deuda de 33 mil millones de pesos; “no
podemos consentir que este tipo de cosas sigan en total impunidad y
que en México existan intocables”.
Sin embargo, el 11 de noviembre de 2023, los representantes del
PAN y el PRD olvidarían las graves corruptelas cometidas por los
políticos coahuilenses y como si nada hubiera pasado convirtieron a
Rubén, igual que a Alito Moreno, en miembros distinguidos de la
Alianza Fuerza y Corazón por México y del equipo de la candidata
presidencial, Xóchitl Gálvez.
Cinco años antes, como resultado de un aparente arreglo con su
sucesor Enrique Peña Nieto, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa
había tomado medidas para proteger la impunidad del ex dirigente
nacional del tricolor.
A través del oficio SEIDF/0231/2012 de la Subprocuraduría
Especializada en Delitos Federales, da cuenta del Delito de
enriquecimiento ilícito del que se acusaba al aludido en agravio de la
administración pública del Estado de Coahuila, previsto en el párrafo
primero del artículo 224 y operaciones con recursos de procedencia
ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 BIS, ambos del Código
Penal Federal, dice textualmente:
“Se autoriza en definitiva el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN
PENAL”, México, D. F. 22 de octubre de 2012.
He aquí la evidencia de las dos caras de PAN: con una exige
cárcel a los políticos corruptos, con la otra, los protege. Es oportuno
tenerlo presente. jlhbip2335@gmail.com
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