En publico/Nora Marianela García Rodríguez
Tamaulipas exportó 30,229 millones de dólares en 2024, registró un superávit comercial de
4,484 millones de dólares y concentra tres de los cruces fronterizos más activos del país; en
ese mismo año, 26.8% de su población vivía en condiciones de pobreza, el rezago en vivienda
creció casi dos puntos porcentuales y más de 5,000 trabajadores maquiladores perdieron su
empleo en los primeros meses de 2026 cuando tres plantas del corredor de Matamoros
cerraron sin liquidar a nadie.
Esa distancia entre lo que Tamaulipas exporta y lo que Tamaulipas vive no es una anomalía
estadística, sorprende solo a quien nunca leyó los términos del contrato.
El laissez-faire et laissez-passer, dejar hacer y dejar pasar, fue el principio con el que la
economía liberal del siglo XVIII intentó desmantelar el control mercantilista del Estado, la idea
era tan elegante como incompleta: si el mercado opera sin restricciones, la riqueza se genera y
fluye hacia quienes la producen, el problema es que esa segunda parte nunca ocurrió de
manera espontánea en ninguna economía que hoy consideramos desarrollada, y los tratados
de libre comercio contemporáneos lo reconocen, aunque rara vez lo dicen con esa claridad.
El T-MEC no es un tratado de libre comercio en el sentido clásico, es un acuerdo de integración
económica profunda que incluye reglas de origen, cláusulas laborales y un instrumento sin
precedente en América del Norte: el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, por el cual
Estados Unidos y Canadá pueden denunciar violaciones sindicales en instalaciones mexicanas
específicas y exigir reparación bajo amenaza de suspensión arancelaria, su existencia no es
ideológica, es un reconocimiento técnico de que la competitividad construida sobre salarios
deprimidos y sindicatos sin representación real distorsiona el comercio tanto como un arancel.
En cinco años de vigencia del tratado, México ha enfrentado 37 casos bajo ese mecanismo; el
primero ocurrió precisamente aquí, en Matamoros: Tridonex, una planta de autopartes donde se
acreditó la negación sistemática del derecho de libre asociación, el caso se resolvió con un plan
de reparación, la empresa cumplió parte de él y después cerró, lo que en términos prácticos
significa que el mecanismo funcionó institucionalmente y falló socialmente al mismo tiempo.
En enero y marzo de 2026, Tridonex, Cardone y Trico, las tres pertenecientes al corporativo
estadounidense First Brands Group en quiebra por fraude financiero interno, cerraron
operaciones en Matamoros y dejaron a más de 5,000 trabajadores sin empleo y sin liquidación;
los afectados agotaron la vía de conciliación ante el Centro de Conciliación Laboral del Estado
sin que la parte patronal compareciera, mientras el sector acumulaba más de 10,000 empleos
perdidos solo en el primer trimestre del año.
En 2024, cada uno de los 234,000 trabajadores maquiladores afiliados al IMSS en Tamaulipas
generó en promedio más de 129,000 dólares en valor exportado, mientras el salario mensual
del sector se mantuvo por debajo de los 800 dólares; esa distancia no aparece en ningún
comunicado oficial, tampoco es un accidente ni una falla, es la arquitectura del modelo: el
capital llega porque existe, se queda mientras le conviene y se va en cuanto encuentra una
condición igual en otro lado.
Lo que Tamaulipas produce para el mundo y lo que Tamaulipas retiene de lo que produce son
dos magnitudes que el discurso del libre comercio rara vez pone en el mismo párrafo.
El T-MEC que se revisa en julio obliga a México a algo más que exportar: exige que los
contratos colectivos sean auténticos, que los sindicatos representen a quienes dicen
representar y que los derechos de libre asociación se respeten en cada planta que participa del
comercio regional, ese compromiso es jurídicamente vinculante y su incumplimiento activa
consecuencias arancelarias concretas; la segunda ronda está programada para el 16 y 17 de
junio en Washington, con agricultura y competencia equitativa en la agenda, y la tercera para la
semana del 20 de julio en Ciudad de México, Tamaulipas llega a esa mesa con una historia
laboral que sus propios indicadores no sostienen.
El gobierno federal presenta la negociación con el lenguaje de la prosperidad compartida:
récord de exportaciones, 534,874 millones de dólares hacia Estados Unidos en 2025, primera
ronda con saldo positivo, calendario ordenado, diálogo constructivo; lo que los mismos datos
revelan en otro registro es que las exportaciones manufactureras de Tamaulipas cayeron 4.8%
en el cuarto trimestre de 2025, que el sector agropecuario retrocedió 35.2% en ese mismo
período y que el nearshoring anunciado como motor de reconfiguración productiva no ha
generado la diversificación industrial que justificaría el optimismo, el récord nacional y la
contracción local no se contradicen, simplemente no se mencionan juntos.
Ese es el poder real del lenguaje del libre comercio: no falsifica cifras, decide cuáles merecen
un comunicado y cuáles merecen silencio, el récord de exportaciones se anuncia, la caída del
empleo maquilador se administra, el superávit comercial tiene rueda de prensa, la brecha
salarial tiene nota al pie, así se construye el consenso sobre un modelo que funciona para
todos cuando en realidad funciona mejor para algunos y los demás pagan el costo de llamarlo
éxito.
El tratado deja márgenes que Tamaulipas no ha ocupado: podría invertir en infraestructura
logística, fiscalizar con eficacia las condiciones laborales, construir formación técnica vinculada
a lo que sus sectores exportadores realmente demandan, decidir que quiere procesar más de lo
que ensambla; ninguna de esas rutas la cierra el T-MEC, y sin embargo ninguna existe, esa
ausencia no es una consecuencia del tratado, es una decisión, y las decisiones que no se
toman también producen resultados.
Los estados que mejor han convertido la apertura comercial en desarrollo no son los que
menos intervienen, son los que decidieron que exportar no era suficiente; construyeron lo que
se queda cuando el barco se va: escuelas técnicas, proveedores locales, salarios que no
dependen del tipo de cambio, Tamaulipas tiene la geografía, la infraestructura fronteriza y
décadas de experiencia industrial acumulada; lo que no ha tenido es la política pública que
entienda el superávit comercial como punto de partida y no como destino.
Julio de 2026 definirá si el T-MEC se extiende hasta 2042 o inicia el camino hacia su expiración
en 2036, pero esa fecha no le responde nada a los 5,000 trabajadores de Matamoros que
llevan meses esperando que alguien comparezca en un tribunal, ni a los 234,000 que cada mes
generan lo que no les queda, el libre comercio tiene calendario, tiene rondas, tiene
comunicados, lo que no tiene es una respuesta para la distancia entre lo que Tamaulipas
exporta y lo que Tamaulipas vive, esa distancia existía antes del tratado, existe durante él y va a
seguir ahí el día que expire.
