Opinión Económica y Bienestar/Jorge A. Lera Mejía
La información oficial disponible al inicio de 2026 permite sostener que México registró una
reducción relevante de la pobreza multidimensional y de la desigualdad del ingreso en el
período más reciente, aunque con rezagos todavía importantes en derechos sociales y con
brechas persistentes entre grupos poblacionales.
En 2024, 38.5 millones de personas se encontraban en situación de pobreza multidimensional,
equivalente a un 29.6% de la población, mientras que 7.0 millones permanecían en pobreza
extrema.
Entre 2022 y 2024, la pobreza multidimensional en México disminuyó de 46.8 a 38.5 millones
de personas, lo que representa una reducción de 8.3 millones.
Esta mejora ocurrió en un contexto en el que la ENIGH 2024 reportó la menor desigualdad en
la distribución del ingreso desde 1984, con un coeficiente de Gini de 0.391, por debajo de 0.426
observado en 2018 y de 0.402 en 2022.
La evidencia disponible sugiere que este avance se relaciona con dos motores principales: el
aumento del ingreso laboral y la expansión de las transferencias públicas a los hogares.
Según la ENIGH 2024, 67.7% del ingreso de los hogares provino del trabajo y 17.7% de
transferencias, como programas sociales y remesas; Además, entre 2016 y 2024 el ingreso por
trabajo remunerado creció 13.8%, mientras que el asociado a programas gubernamentales
aumentó 101%.
Desde la perspectiva de derechos sociales, el Sistema de Información de Derechos Sociales
(SIDS) 2016-2024 muestra resultados mixtos.
En 2024, 81.4% de la población no tenía rezago educativo, 51.8% contaba con acceso a
seguridad social, 92.1% no presentaba carencia por calidad y espacios de la vivienda, 85.9%
no tenía carencia por servicios básicos en la vivienda y 85.6% no presentaba carencia por
acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.
Sin embargo, el acceso a servicios de salud mostró un deterioro importante, ya que la
población sin carencia por este concepto pasó de 84.4% en 2016 a 65.8% en 2024.
El propio SIDS advierte que persisten brechas de desigualdad estructural entre niñas, niños y
adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, mujeres indígenas, personas con
discapacidad y entre mujeres y hombres.
Por ello, los resultados favorables en pobreza e ingreso no deben interpretarse como
desaparición de la desigualdad, sino como una mejora parcial dentro de un contexto todavía
heterogéneo.
En Tamaulipas, la evidencia oficial reciente también apunta a un mejoramiento relativo de las
condiciones sociales, especialmente por su inserción en la dinámica de empleo formal del norte
del país y por el efecto del salario mínimo fronterizo.
El SIDS ubica a Tamaulipas entre las entidades con niveles altos de seguridad alimentaria y
dieta diversa en 2024, al formar parte del grupo de estados del norte fronterizo con 73.1% o
más de población en hogares con esa condición.
Además, la política salarial mantiene un efecto directo sobre la entidad.
Desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo quedó en 315 pesos diarios en la mayor parte
del país y en 440 pesos diarios en la zona fronteriza, con un aumento de 13% y 5%,
respectivamente; la autoridad laboral estatal subrayó que ello fortalece el poder adquisitivo de
las familias trabajadoras tamaulipecas.
Al inicio de 2026 puede afirmarse que la desigualdad social y económica ha disminuido en
México y en Tamaulipas, pero no de manera uniforme ni suficiente para cerrar las brechas
históricas de acceso a salud, seguridad social, alimentación, territorio y género.
El reto ya no es solo ampliar transferencias, sino articularlas con políticas productivas,
educativas, de salud y de formalización laboral.
Con estos datos duros, el objetivo central del gobierno federal y estatal, a cargo de la
presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Américo Villarreal Anaya, sería consolidar
la reducción de la desigualdad social y económica en México y Tamaulipas mediante la
articulación de programas de bienestar, política salarial, acceso efectivo a derechos sociales y
estrategias de desarrollo regional incluyente.
En el caso de Tamaulipas, se requiere vincular la mejora del ingreso fronterizo con políticas de
productividad, formación para el trabajo y desarrollo regional.
Un pasivo importante debe ser dar prioridad a la recuperación del sistema de salud, debido a
que el deterioro del acceso efectivo en este rubro es uno de los principales límites para
transformar ingresos más altos en bienestar sostenible.
