En Publico/Nora Marianela García Rodríguez
Entre febrero y mayo de 2018, 27 personas fueron detenidas arbitrariamente y desaparecidas
en Nuevo Laredo, Tamaulipas; 12 más fueron ejecutadas de forma extrajudicial. Los
responsables vestían uniforme, portaban armas largas y se desplazaban en camionetas con la
leyenda Marina; no eran delincuentes infiltrados, sino elementos de la Unidad de Operaciones
Especiales de la Secretaría de Marina, la UNOPES, el brazo de élite de las fuerzas federales
desplegado en la frontera tamaulipeca durante el último año del gobierno de Enrique Peña
Nieto.
Ocho años después, el Estado mexicano terminó de absolver a todos y cada uno de ellos.
El 11 de mayo de 2026, un juez federal con sede en Ensenada, Baja California, a más de dos
mil kilómetros de donde ocurrieron los hechos, dictó la absolución de los últimos nueve marinos
procesados; con eso, la Fiscalía General de la República acumuló cuatro juicios perdidos en el
mismo caso. En total, 30 elementos fueron detenidos y vinculados a proceso en 2021 y ninguno
permanece en prisión. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió de inmediato su
comunicado de alarma: la decisión contraviene la Recomendación 36VG/2020, en la que se
documentaron las violaciones graves a derechos humanos y se ordenó reparación integral del
daño; esa reparación, seis años después, no ha llegado a las familias, y la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas tampoco ha cumplido. El proceso migró del Centro de Justicia Penal
Federal en Reynosa a un juzgado en Ensenada sin que ninguna autoridad explicara
públicamente los criterios que justificaron ese traslado.
Lo que ocurrió en Nuevo Laredo no fue un exceso operativo ni una falla de coordinación; fue
una estructura: detenciones sin registro, traslados clandestinos, cuerpos que no aparecen,
familias que recorrieron bases navales, ministerios públicos, hospitales y funerarias sin obtener
una sola respuesta. La CNDH lo verificó, lo documentó y emitió una recomendación con
número de expediente y víctimas identificadas; la FGR lo procesó, lo argumentó en cuatro
rondas distintas y lo perdió las cuatro veces. El patrón no es incompetencia: es la descripción
precisa de cómo opera la impunidad cuando un Estado investiga sus propios crímenes con los
instrumentos que él mismo controla, ante jueces que él mismo designa y en jurisdicciones que
él mismo puede mover.
Quien concentra el monopolio de la violencia legítima concentra también el monopolio de
decidir qué violencia merece castigo y cuál no; cuando ese mismo poder se sienta en el
banquillo, decide además quién lo juzga, desde dónde y con qué pruebas. El cambio de
jurisdicción de Reynosa a Ensenada no fue un accidente procesal, sino la geometría del poder
calculando la distancia adecuada entre el crimen y el veredicto; y el veredicto, en los cuatro
intentos, fue el mismo.
Lo que la CNDH acreditó existe en los registros del propio Estado: 27 personas detenidas y
desaparecidas, 12 ejecutadas de forma extrajudicial, una recomendación formal con nombre y
número. Lo que los cuatro fallos producen es algo distinto: no la prueba de que no ocurrió, sino
la certificación institucional de que ocurrió sin responsables. Esa es la diferencia entre la verdad
y la impunidad; ambas conviven, con perfecta tranquilidad, en el mismo expediente.
El discurso oficial de seguridad en Tamaulipas habla de semáforo verde, de reducción histórica
de homicidios, del Índice de Paz 2026 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, que
ubica al estado como la entidad con la mayor mejora general del país. Esos indicadores son
reales y no son irrelevantes; la reducción de violencia homicida en una entidad históricamente
lastimada merece reconocimiento sin condiciones. Pero el semáforo verde mide la violencia del
presente, no el saldo de la violencia institucional acumulada, y las familias de Nuevo Laredo
llevan ocho años esperando que alguna de las dos relojerías del Estado, la que registra
homicidios y la que repara daños, funcione al mismo tiempo.
La política pública de seguridad en México sigue diseñada para medir resultados visibles:
homicidios, detenciones, decomisos; carece de instrumentos robustos para registrar la deuda
de justicia acumulada: cuántos casos de violaciones graves cometidas por fuerzas del Estado
permanecen en impunidad, cuántas recomendaciones graves de la CNDH no se han cumplido,
cuántas familias de víctimas de desaparición forzada institucional no han recibido reparación. El
poder narra sus avances con los indicadores que él mismo selecciona; lo que no entra en el
indicador no aparece en el reporte, y lo que no aparece en el reporte no genera presupuesto,
no activa consecuencias y no obliga a rendir cuentas. Así construye el Estado securitario su
imagen de normalidad: midiendo únicamente lo que ya decidió controlar.
Lo que este caso exige no es indignación; exige rediseño institucional con consecuencias
concretas. La FGR necesita unidades especializadas en litigio de violaciones graves cometidas
por agentes del Estado, con fiscales que no roten de expediente en expediente, con acceso
autónomo a evidencia que las propias instituciones investigadas no puedan retener y con
mecanismos de supervisión externa independiente. El sistema de reparación integral a víctimas
requiere presupuesto etiquetado, plazos con consecuencias administrativas verificables y
supervisión que no recaiga en los mismos organismos que incumplieron. Los criterios para
cambios de jurisdicción en casos de violaciones graves deben ser públicos, objetivos y
auditables; un proceso que inicia en Reynosa y concluye en Ensenada sin explicación
verificable no es una decisión judicial, es una decisión política.
Treinta marinos libres no son la prueba de que el Estado funciona; son la prueba de que
aprendió a administrar sus propias deudas sin liquidarlas. La legitimidad de cualquier orden
institucional descansa en que sus propias reglas le apliquen también a él, sin excepciones de
uniforme ni de jurisdicción conveniente. Las familias de Nuevo Laredo llevan ocho años
esperando que México lo entienda.
