INDICADOR POLITICO/ Carlos Ramírez
Las relaciones integrales entre Estados
Unidos y México o México y Estados Unidos
quedaron ya determinadas por el tema
concreto de la narcopolítica mexicana y el
narcoconsumo estadounidense, pero el
nivel de contactos políticos mostró la
semana pasada haber llegado al punto tan
bajo que no se quería arribar o admitir: la
ruptura de entendimientos entre las dos
naciones.
México parece estar apostando al tiempo
político de Washington en sus dos plazos
fatales: las elecciones legislativas y de
gobernadores en noviembre de 2026 allá en
Estados Unidos en las elecciones
presidenciales de noviembre de 2028, y en
las dos la estrategia mexicana está
apostando a la derrota del bloque de
Donald Trump.
Sin embargo, la temática central en los
conflictos bilaterales no es el tema de los
migrantes, ni tampoco la renovación muy
acotada del Tratado de Comercio Libre, ni
menos aún la poca eficacia y esƒcaso
margen de maniobra qué tiene la
geopolítica mexicana en la órbita de
influencia de Estados Unidos sobre todo
porque se parte de las evidencias de que el
bloque lopezobradorista carece de una
estrategia de seguridad regional o hasta
mundial, y todo se reduce a contactos
personales entre gobernantes con un
enfoque antiestadounidense.
El punto delicado en el lado mexicano
parece haber llegado a donde no se quería
llegar: frente a la ofensiva judicial de
Estados Unidos a partir de testimonios y
pruebas de narcos y políticos aliados que le
están dando la razón argumentación de
Trump de que en México haya una
narcopolítica y un narcoestado, la
presidenta Sheinbaum Pardo inició una
movilización nacional para defender a los
funcionarios que han aparecido con
informaciones filtradas de haber colaborado
con los cárteles de Sinaloa y del huachicol
fiscal, le siguió una carta pública del
presidente emérito López Obrador para
desplazar la autoridad política de la jefa del
Ejecutivo federal y convertirse él mismo en
él interlocutor directo de la Casa Blanca y
cerró la semana con un escenario inédito de
la presidenta en funciones con una
campaña para defender al presidente
emérito.
Hasta ahí las cosas no han diferido de las
confrontaciones Estados Unidos México con
Nixon en 1969, Reagan en 1985 y 1986 y
Trump en 2017 y 2025, pero ahora existe la
circunstancia agravante de que no se trata
de un replanteamiento general de las
relaciones entre los dos países, sino los
expedientes judiciales y procedimientos
penales contra –hasta ahora– tres jefes de
ejecutivos estatales, con la existencia de
una lista que pudiera llegar a una decena
de inculpados adicionales, pero con los
datos que se desprenden de los
mecanismos legales detrás de cada una de
las figuras importantes están también
señalados como cómplices alrededor de
diez colaboradores directos de los
presuntos inculpados, lo que daría la cifra
de más de una centena de políticos y
funcionarios mexicanos en proceso de
enjuiciamiento en cortes estadounidenses.
El presidente Trump y sus colaboradores
del primer círculo han centrado sus
presiones sobre México exclusivamente en
el tema de las relaciones correlativas entre
los cárteles del narcotráfico que producen
droga para meterla ilegalmente a Estados
Unidos y los administradores de poderes a
nivel nacional y estatales que pactaron con
los capos de la droga.
La acusación de Estados Unidos contra el
gobernador sinaloense Rocha Moya y
nueve funcionarios cómplices no salió de
una improvisada declaración política de la
Casa Blanca, sino de un procedimiento
judicial que consultó varias veces a un Gran
Jurado para obtener aprobación de arrestos
en México con fines de extradición y los
datos de los expedientes –que van a probar
el grado de complicidad– no fueron
inventados por las agencias americanas de
inteligencia y seguridad nacional, sino
obtenidos y –lo más importante y que no se
quiere reconocer en México– corroborados
como procedimiento de investigación
judicial-penal.
La argumentación de la presidenta
Sheinbaum y del presidente emérito López
Obrador de llevar la confrontación al nivel
de caprichos o de presuntas invenciones
parece
haber convencido al bloque morenista
gobernante y ha alimentado la respuesta
discursiva de los afectados, pero sin tener
ningún efecto procesal en la Corte del sur
de Nueva York donde fueron remitidos los
expedientes y de donde salió la aprobación
del Gran Jurado.
Y lo peor de todo es que los señalamientos
contra Rocha Moya y cómplices ya habían
sido presentados con pruebas,
declaraciones o especulaciones viables por
la oposición y el periodismo crítico
mexicano.
De manera lamentable, los principios de la
política exterior de México no están
defendiendo la soberanía ni la integridad
territorial, sino que giran en torno a proteger
a Rocha Moya y nueve narcopolíticos
sinaloenses y a otros políticos y
funcionarios que pronto serán exigidos por
la justicia de EU.
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Política para dummies: la política se vuelve
complicidad cuando defiende intereses y no
principios.
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