En Publico/Nora García
Morena anunció filtros fiscales, financieros y penales para sus aspirantes rumbo a 2027, con
consultas a la UIF y la FGR, además de encuestas que pesarán la percepción de honestidad, el
partido que gobierna casi todo decidió que será él, y no las instituciones del Estado, quien mida
la integridad de quienes lo representarán.
La dirigencia nacional de Morena confirmó que, antes y durante la selección de candidaturas
para 2027, consultará a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía General de la
República para detectar antecedentes de sus aspirantes, mientras refuerza el peso de la
opinión ciudadana en sus encuestas internas.
En Tamaulipas el mensaje se repitió sin matices, el presidente del Consejo Político Estatal,
Rómulo Pérez Sánchez, anunció los mismos candados de seguridad fiscal, financiera y penal,
de modo que el filtro nacional bajó al terreno local con idéntico libreto.
La medida llega después de episodios que golpearon la credibilidad partidista, entre ellos la
detención de un alcalde en Tequila por presuntos vínculos con el crimen, así que el
endurecimiento se presenta como respuesta a una exigencia interna por dejar de postular
perfiles cuestionados.
El propio partido admite el origen de la decisión, el desgaste de los señalamientos y el temor a
parecerse a las fuerzas que la gente ya castigó, no obstante combatir esa percepción con un
filtro casero, en lugar de instituciones fuertes, no resuelve el origen, solo lo desplaza.
En el discurso suena impecable, ningún partido debería llevar a las boletas a personas
señaladas por corrupción o lavado, sin embargo el método elegido traslada al propio partido
una tarea que, en cualquier democracia, corresponde a la ley, a las autoridades electorales y a
los órganos de control.
En un sistema sano la honestidad de un candidato la garantizan la fiscalización pública, la
rendición de cuentas y la sanción de la autoridad competente, no el visto bueno de la
organización que lo postula, esa diferencia, sutil en apariencia, separa el Estado de derecho del
juicio de partido.
Aquí aparece la primera contradicción de fondo, las mismas instituciones que deberían vigilar a
cualquier ciudadano, la UIF y la FGR, quedan colocadas al servicio de un filtro partidista, de
manera que la frontera entre el aparato del Estado y la maquinaria electoral de un solo partido
se vuelve difusa.
El asunto tampoco es menor en términos de dinero, una candidatura abre la puerta a
presupuestos, contratos, nómina y decisiones de gasto, por ello quien controla el acceso a las
candidaturas controla, en los hechos, el acceso a una porción enorme del recurso público
estatal y municipal.
En 2027 se renuevan el Congreso federal, los congresos locales y los ayuntamientos, es decir,
la administración cotidiana del país, de ahí que el diseño del filtro no sea un trámite interno sino
una decisión sobre quién manejará el dinero que aportan todos los contribuyentes.
Conviene recordar la escala, las elecciones intermedias se viven como menores, sin embargo
en los ayuntamientos y los congresos locales se decide el gasto más cercano a la gente, el del
agua, el alumbrado, las licencias y la obra de la esquina.
Para el tamaulipeco común el efecto es concreto, quien resulte filtrado hoy administrará
mañana su agua, su seguridad, su drenaje y su presupuesto municipal, de modo que la
depuración interna de un partido define, sin que él participe, buena parte de su vida cotidiana.
El problema, entonces, no es la exigencia de honestidad, es quién la define y con qué reglas,
porque cuando un partido dominante se vuelve árbitro de su propia pureza, los criterios, los
umbrales y la decisión final quedan en la cúpula, sin reglas públicas que cualquiera pueda
verificar.
A ello se suma una rareza poco discutida, medir la integridad por encuesta confunde dos cosas
distintas, la percepción ciudadana captura simpatía o fama, no necesariamente conducta, así
un perfil conocido puede lucir íntegro y uno incómodo puede parecer sospechoso sin que medie
prueba alguna.
El partido añade la preferencia por perfiles con arraigo territorial, una idea atractiva en el papel,
que en la práctica también funciona como criterio elástico, capaz de justificar tanto la cercanía
con la gente como la conveniencia de la dirigencia.
Nada de esto sería grave si las reglas fueran públicas, sin embargo no se conoce el umbral que
descalifica a un aspirante, ni quién interpreta los hallazgos de la autoridad, ni cómo se pondera
la percepción frente al expediente, de modo que la opacidad convierte un buen propósito en
una caja negra.
La experiencia política enseña algo incómodo, las organizaciones que prometen
democratizarse hacia adentro suelen terminar concentrando el poder en su dirigencia, pues
cada nuevo filtro entrega a unas cuantas manos la facultad de decidir quién entra y quién
queda fuera.
El lenguaje completa la operación, las palabras integridad, honestidad, arraigo y perfiles nativos
construyen un relato virtuoso, mientras el mecanismo concreto, una encuesta cuyos criterios no
se publican y una consulta cuyos resultados nadie audita, permanece en la penumbra.
Así, lo que se presenta como blindaje ético opera también como herramienta de control interno,
quien aplica el filtro puede premiar lealtades y descartar incomodidades, todo bajo el argumento
incuestionable de cuidar la honestidad del movimiento.
El dato decisivo es la asimetría, donde una sola fuerza domina y la oposición aparece
fragmentada, ganar la candidatura de la fuerza dominante equivale casi a ganar el cargo, de
manera que el filtro interno se convierte, en los hechos, en la elección verdadera.
La pregunta que queda no es si los aspirantes son honestos, es quién vigila a quien vigila,
porque un partido que se nombra juez de su propia integridad concentra, en el mismo gesto, el
poder de absolver y el de condenar.
Mientras las instituciones que deberían arbitrar la vida pública se acomodan al servicio de un
solo competidor, el ciudadano descubre que la verdadera elección, la de quién puede ser
candidato, suele resolverse mucho antes de que él se acerque a la urna.
