En Publico/Nora M. García Rodríguez
A unas horas del silbatazo inaugural, el gobierno federal
llama “provocación” a las marchas que rodearán el
estadio; y sin embargo, cuando el descontento es
general, el problema rara vez está en quien protesta, casi
siempre en quien gobierna.
El jueves, mientras el balón rueda en el Estadio Banorte
y el país se asoma al Mundial, al menos seis
contingentes buscarán estrangular los accesos al
inmueble: maestros de la CNTE, trabajadores de Pemex
y CFE, madres buscadoras, campesinos, personal de
salud y transportistas, cada uno con un agravio distinto,
todos con la misma sospecha de que nadie arriba los
escucha.
Desde Palacio Nacional la lectura fue otra; la presidenta
Claudia Sheinbaum sostuvo que no existe un
descontento social generalizado, atribuyó a la CNTE
rasgos de provocación y pidió que cualquier
manifestación se realice de forma pacífica.
La escena no es inédita; en 1986, cuando México
organizó por segunda vez la Copa del Mundo, el país
arrastraba el agravio del sismo del año anterior, y las
luchas por vivienda del movimiento urbano popular
también salieron a las calles, de modo que la idea del
torneo como escaparate impecable choca, cada cierto
tiempo, con un país que usa los reflectores para enseñar
lo que el discurso prefiere esconder.
Los números dibujan un cuadro más incómodo que el
discurso; la aprobación presidencial sigue alta, cerca del
69% en algunas mediciones de mayo, aunque otras la
colocan alrededor del 51%, mientras la percepción de la
inseguridad como principal problema del país saltó de
60% a 79% entre febrero y marzo, y la evaluación
positiva en seguridad cayó al 25%, la más baja del
sexenio.
Conviene detenerse en esa grieta que el promedio
esconde; un gobierno puede ser popular y, al mismo
tiempo, administrar un malestar que crece por debajo,
porque la aprobación mide el afecto hacia quien
gobierna, no la satisfacción con lo que se vive cada día, y
cuando ambas se separan el respaldo se vuelve un dato
menos tranquilizador de lo que aparenta.
A esa tensión se suma una herida que el poder fue
sacando de la agenda; el Registro Nacional de Personas
Desaparecidas rebasa los 130 mil casos, y diversos
análisis de ese registro muestran que en el primer año de
esta administración la desaparición trepó a unas 40
víctimas diarias, justo cuando bajaban los homicidios
dolosos.
Lo saben las madres buscadoras, que cargan un dato
que ninguna estadística transmite, el de salir a escarbar,
con sus propias manos, la tierra que el Estado dejó de
remover.
A pie de calle las demandas son más prosaicas y más
urgentes: renta que sube más rápido que el salario,
transporte que se cae a pedazos, plazas que se
prometen y no llegan, búsquedas que no terminan,
hospitales que cargan con el desabasto; ninguna se
inventó esta semana, ninguna nació de un manual
extranjero, todas estaban ahí mucho antes de que se
fijara la fecha del torneo.
Ese contraste pesa más que cualquier consigna; un país
que en pocos meses remodela estadios, despliega
operativos y monta una fiesta global tiene, por definición,
capacidad de Estado, y entonces el argumento de que la
vivienda, la salud o la búsqueda exceden sus
posibilidades se cae solo, porque el problema no es la
falta de recursos, es el orden de las prioridades, y un
presupuesto es la confesión de prioridades más honesta
de un gobierno, mucho más que cualquier discurso.
El reflejo más cómodo del poder es viejo y conocido, el
de atribuir todo malestar amplio a unos cuantos
agitadores, cuando lo más probable es justo lo contrario,
pues cuando el descontento se vuelve general y
recurrente lo que falla suele estar en la conducta del
gobierno, no en el ánimo de la gente, que rara vez se
moviliza por gusto y casi siempre porque algo dejó de
funcionar.
Hay además una verdad incómoda que conviene
recordar: la gente no tiene interés en el desorden, de
modo que cuando se equivoca suele ser por error y rara
vez por cálculo, y reducir su protesta a provocación no
responde la pregunta, solo la patea hacia adelante y deja
intacta la causa que la origina.
Hay un detalle de lenguaje que pesa más de lo que
aparenta; nombrar provocación lo que es reclamo, negar
lo generalizado frente a seis sectores que marchan a la
vez, retirar de la mañanera las cifras de desaparición, no
borra el problema, apenas administra su visibilidad, y
administrar la visibilidad de una herida no es lo mismo
que curarla.
El proyecto que llegó en 2018 prometió gobernar para los
de abajo; esa promesa es hoy la vara con la que esos
mismos de abajo lo miden, y la distancia entre lo que se
prometió y lo que se vive es justamente el suelo donde
germina el descontento, no como sabotaje opositor, sino
como factura de las expectativas que el propio discurso
encendió.
Leerlo como conspiración ahorra el trabajo incómodo de
revisar la gestión propia, aunque ningún malestar se
apaga negando que exista.
El Mundial terminará en julio, los reflectores se apagarán,
y el malestar seguirá ahí, porque estaba antes del
silbatazo y no depende de él, de modo que la pregunta
no es cómo contener las marchas del jueves, sino si
alguien en el poder está dispuesto a leerlas como lo que
son.
Un síntoma se atiende, una provocación se reprime, y
confundir uno con la otra es la forma más elegante de no
resolver nada.
