INTERIORES/Carlos López Arriaga
Cd. Victoria, Tam. La Ley de Inmigración y Nacionalidad prohíbe al
gobierno de Estados Unidos revelar públicamente cualquier información
relativa a la vigencia o cancelación de visas a extranjeros.
Son de carácter confidencial los registros de oficinas diplomáticas y
consulares sobre la emisión o negativa de permisos para entrar a ese país.
Se consideran exclusivos para el consumo interno de las autoridades
migratorias y el Departamento de Estado.
No son de acceso público los informes de investigación, ni las opiniones
consultivas, ni la correspondencia consular, ni las hojas de trabajo relativas
a la aprobación o rechazo de una solicitud, ni las notificaciones de
cancelación, en caso de existir.
No puede el gobierno gringo confirmar o negar si le fue revocada una visa a
determinada persona. La ley prohíbe compartir ese tipo de datos con medios
informativos o en declaraciones de portavoces gubernamentales,
Tampoco son reportes que estén disponibles para el Congreso en general,
salvo que lo solicite un tribunal y, en tal caso, un juez certifique que la
divulgación es necesaria “en interés de la justicia”.
Sin embargo, dicho esquema de confidencialidad (prudente, sin duda) tiene
sus inconvenientes. A falta de información, el rumor encuentra un nicho ideal
para incubarse y proliferar.
Afloran seudoexpertos que venden ocurrencias disfrazadas de certezas.
Deseos personales con capucha de diagnóstico, sin mediar probanza
alguna. Para infortunio nuestro, son los encabezados que más venden. Los
“posts” con mayor número de “likes” y reenvíos.
IMPUGNADORES SERIALES
El tema atañe la nota sobre la presunta cancelación del la visa a los
gobernadores de Sonora y Tamaulipas, publicada el 3 de junio por el diario
Los Ángeles Times y el portal Puente News Collaborative; firmada en la
Ciudad de México por los corresponsales STEVE FISHER y KATE
LINTHICUM (https://x.gd/ZPXFU).
Sin mayor sustento que la información proporcionada (ojo) por “personas
familiarizadas con los casos que hablaron a condición de preservar su
anonimato” (“people familiar with his case, who spoke on condition of
anonymity”).
Es decir, no hay fuente, nadie da la cara por ello. En esta etapa oscura nos
encontramos hoy. Tras el citado periodicazo, los gritones de las redes (en su
mayoría, cuentas anónimas) estuvieron exigiendo al gobernador de
Tamaulipas que mostrara su visa.
Reclamo constante, una y otra vez, recio y quedito. Pero hete aquí que
cuando el hombre finalmente mostró la visa, los impugnadores ya tenían
listo el siguiente argumento: “aunque la tenga, está cancelada”.
En función de ello, ahora le exigen que pise suelo americano para demostrar
que el documento sigue vigente. Pero es el cuento de nunca acabar porque
si AMÉRICO demuestra que su visa está funcionando, los detractores tienen
ya preparado el siguiente argumento.
Dirán enseguida que se trata de una excepción legal denominada “Permiso
bajo palabra, por beneficio público significativo” (“Significant Public Benefit
Parole”) previsto para extranjeros dispuestos a cooperar en investigaciones
federales.
NARRATIVA ENDEBLE
Bajo dicha lógica cruel, correspondería a los señalados probar su inocencia,
en lugar de que sus acusadores demuestren los cargos. Les falta poco para
que exijan a los presuntos indiciados una carta de buena conducta firmada
por TRUMP y RUBIO (o una recomendación del Papa).
Algún escéptico llegó a decir que la credencial mostrada no era la visa.
Podría ser (dijo) una licencia de manejo. En casos así pierde sentido el
diálogo público, ante la obstinación deliberada de otorgar a cualquier hecho
(o argumento) un sesgo condenatorio, diga lo que diga, haga lo que haga.
Ciertamente, VILLARREAL y DURAZO negaron de manera terminante la
especie periodística propalada desde California. Pero no siempre ha sido
así, no es la regla. A lo largo del 2025 hay ejemplos donde los involucrados
confirmaron la noticia.
Entre otros, la mandataria de Baja California MARINA DEL PILAR ÁVILA; los
alcaldes de Sonora JUAN FRANCISCO GIM (Nogales) y OSCAR
EDUARDO CASTRO (Puerto Peñasco). Y un edil de San Felipe, Baja
California, JOSÉ LUIS DAGNINO.
Gobernadora y alcaldes recibieron notificaciones oficiales informando de
dicha cancelación. No sería el caso de ALFONSO y AMÉRICO, si hemos de
creer en sus palabras. Ambos aseguran que sus visas siguen vigentes y no
han sido enterados de lo contrario.
Lo demás son especulaciones. En el otoño pasado, la agencia británica
REUTERS aseguró que habrían sido canceladas las visas a medio centenar
de políticos mexicanos (“The U.S. government has revoked the visas of at
least 50 politicians and government officials in Mexico”, https://x.gd/p5L7P).
Lo cual sería un genial cañonazo informativo (¡noticia bomba de esas que
abren boquete!) si no fuera por la vaporosa ambigüedad de su fuente que
parece honrar la novela de KUNDERA y su insoportable levedad del ser.
¿Quién dijo eso?, ojo: “un alto funcionario del Departamento de Estado”
(punto). Un ser tan anónimo como los bots que día con día anuncian el
Apocalipsis desde las redes sociales. En efecto, sobre bases tan endebles
está construida la narrativa acusadora.
Columnas anteriores:
https://lopezarriagamx.blogspot.com
