En visto | Dora de la Cruz
La herencia de los cargos políticos en el país es una práctica común, en todos los
partidos políticos, que llegó a normalizarse; incluso familias enteras construyeron un
gigantesco patrimonio familiar desde los cargos de elección popular: hermanos,
primos, esposa, el primo de la prima, y en las boletas electorales los apellidos no
cambiaban; le llamaban cacicazgos políticos; hoy la ley antinepotismo, parece que
cambia las reglas para no ver las mismas caras en estos cargos que elige la
ciudadanía.
Algo que gracias a los consensos en el Congreso Local, bajo el liderazgo de
Humberto Prieto Herrera, no va a tener que esperar hasta el 2030, como sí sucede a
nivel nacional con las elecciones federales.
Las restricciones principales de la reforma electoral, en el tema de heredar los
cargos, es que los funcionarios o funcionarias postulen a familiares para sucederlos
en el mismo cargo de elección popular, pero además, ahí sí emplazados para el
2030, impide la reelección consecutiva, para los tres niveles de gobierno, federal,
estatal y municipal.
A raíz de eso se ha generado incluso al interior de Morena, una corriente anti ley
nepotismo, de quienes sus proyectos políticos alcanzaban a toda su descendencia.
Esta reforma iniciada por la Presidenta, Claudia Sheinbaum, elevada a rango
constitucional, tiene la clara intención de sacar de los cargos de elección popular a
familias que han transitado por décadas en los puestos; también quitar los
cacicazgos y abrir la posibilidad a ciudadanos con mérito y capacidad a participar, en
los procesos electorales.
En Tamaulipas, tenemos el más claro ejemplo de nepotismo en el caso Reynosa,
con Maki Ortiz, actualmente Senadora, ex alcaldesa de “su municipio”, que dejó el
mismo cargo su hijo, Carlos Peña Ortiz, actual presidente municipal de esa ciudad;
familia que militaba en el pasado dentro del Partido Acción Nacional; se fueron al
Partido Verde y Morena, en busca de los cargos; desde luego que no es la única
familia: está el clan de los Verastegui, tanto Vicente como César, quienes han estado
intercambiando cargos, se han heredado la alcaldía de Xicoténcatl -a donde también
han llevado cónyuge y pretendían seguir con los hijos-, así como diputaciones
locales y federales, pero además, la otra familia es los Cabeza de Vaca, que han
hecho del servicio público un empleo más que bien remunerado.
El relevo generacional, de la clase política, ha estado en la familia, no en la
sociedad; las candidaturas independientes, tuvieron esa intención, de que surgieran
nuevos cuadros de políticos y políticas, de darle a la ciudadanía otras opciones,
fuera de los mismos grupos de siempre, pero también los partidos políticos las
arrebataron y volvieron a colocar las mismas caras.
La verdad es que al ver estas familias en un cargo, que luego se van a otro, y cada
elección “caen parados” en los puestos, es inevitable preguntarse si el objetivo
principal es servir a la sociedad, o preservar un proyecto familiar de poder. Si
tuvieran un verdadero compromiso con las causas sociales, lo podrían hacer sin
cargo, como los hacen cientos de activistas y voluntarios y voluntarias que están en
organizaciones civiles en Tamaulipas y lo hacen fuera de espacios de la política
electoral, solo por ayudar a un cambio en la sociedad.
Se espera que esta ley represente el fin del nepotismo en los cargos de elección
popular, pero en realidad no lo elimina por completo. Su aplicación es temporal:
durante los tres años posteriores a que una persona deje el cargo, ningún familiar
con parentesco hasta el cuarto grado podrá postularse para sucederla. Sin embargo,
una vez transcurrido ese plazo, sí podrá buscar la candidatura independientemente
de que, como quiera, la puerta permanece abierta para la postulación a otros cargos.
Es decir, la reforma frena la sucesión inmediata, pero no impide que, con el paso del
tiempo, las mismas familias de siempre vuelvan a disputar el poder.
El nepotismo está tan arraigado en la política mexicana que una ley, por sí sola,
difícilmente acabará con él. Durante años se han construido estructuras dentro de
los partidos que han permitido a ciertas familias mantenerse cerca del poder. Por
eso, el verdadero cambio no dependerá únicamente de una reforma, sino también de
una ciudadanía dispuesta a dejar de votar por los mismos apellidos de siempre.
Quizá cuando los cargos públicos dejen de ser vistos como un botín político y una
vía de acceso a privilegios y recursos, disminuya también el interés por heredarlos
entre familiares. Mientras eso no ocurra, ninguna ley será suficiente para erradicar
una práctica que va más allá de las normas y forma parte de una cultura política que
aún persiste.
