José Luis Rodríguez Castro/ Expreso La Razón
Comunidades indígenas tének y nahuas, organizaciones
campesinas, colectivos ambientales y autoridades ejidales
de la Huasteca reiteraron su rechazo al fracking y
advirtieron sobre los riesgos que esta técnica representaría
para el agua y el territorio de una región que abarca
municipios de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y
Tamaulipas.
El posicionamiento se reiteró durante el Quinto Foro
Regional “No al Fracking, en defensa del territorio, el agua y
la vida”
, celebrado en la Huasteca Potosina, donde
representantes comunitarios, especialistas y autoridades
agrarias de los estados posiblemente afectados analizaron
los alcances de los proyectos de hidrocarburos no
convencionales contemplados para la Cuenca Tampico-
Misantla.
De acuerdo con las proyecciones, los alcances negativos de
los proyectos para las entidades serían de manera directa
para la agricultura, la ganadería, actividades económicas
ligadas al turismo y, lo más importante, el abasto de agua
para consumo humano.
“EL AGUA NO SE VENDE”: PUEBLOS ORIGINARIOS DE
LA HUASTECA
Doña Martina del Ángel, representante del municipio de
Matlapa, San Luis Potosí, fue una de las voces en el foro.
“No hay fracking, no hay fracking, el agua no se vende”.
Durante su intervención, Del Ángel explicó que es necesario
ejercer la defensa de los recursos naturales y la soberanía
del país frente a empresas e intereses extranjeros.
La mujer cuestionó que los beneficios de una eventual
explotación petrolera permanecieran en la región.
“Este petróleo lo va a sacar, no lo va a gozar la presidenta
de la República, lo va a gozar Estados Unidos”.
La representante comunitaria convocó a la unidad
intergeneracional y territorial:
“Eso les pido, papás, mamás, enseñen a nuestros hijos,
nietos, porque nosotros ya vamos para las seis de la tarde
[…] Arriba la Huasteca Centro y la Huasteca Sur, vamos a
seguir la lucha”
, concluyó entre aplausos.
Los polígonos en disputa: 444 mil hectáreas, 367
comunidades indígenas.
“Como sector turístico no podemos poner en riesgo el
patrimonio natural que da identidad a nuestra región;
defendamos el agua, defendamos el futuro de nuestras
comunidades. La Huasteca vale más viva que explotada”,
dijo un expositor durante el encuentro.
De acuerdo con diagnósticos territoriales presentados por
organizaciones civiles y ambientalistas durante el foro, los
polígonos denominados Castaña y Maguey abarcan 444 mil
469 hectáreas distribuidas entre las huastecas potosina,
veracruzana e hidalguense.
Dentro de esa extensión se ubican al menos 25 municipios,
367 comunidades indígenas tének y nahuas en territorio
potosino, mil 834 localidades rurales y 18 localidades
urbanas. La distribución señalada comprende 17 municipios
de San Luis Potosí, cinco de la Huasteca Veracruzana —El
Higo, Tempoal, Platón Sánchez, Chalma y Chiconamel— y
tres de Hidalgo.
En Tamaulipas, la preocupación se extiende a municipios
del sur y centro-sur vinculados geológicamente con la
Cuenca Tampico-Misantla: González, Aldama, Altamira y El
Mante, entre otros.
AGUA EN RIESGO: DEL TAMPAÓN AL PÁNUCO
El elemento que más preocupación genera entre las
comunidades y los especialistas es el impacto potencial
sobre los recursos hídricos. Los diagnósticos presentados
en el foro identifican 200 cuerpos de agua perennes y mil
306 cuerpos de agua intermitentes dentro de la zona de
influencia, además de cuencas y subcuencas que alimentan
el sistema del río Pánuco.
Entre los ríos identificados en riesgo se encuentran el
Tampaón, Axtla, Claro, Huchihuayán y Tancuilín, utilizados
para consumo humano, actividades agropecuarias y
mantenimiento de ecosistemas. Los escurrimientos de la
Huasteca alimentan la cuenca del Pánuco, sistema hídrico
que desemboca en la zona conurbada de Tampico, Ciudad
Madero y Altamira, en Tamaulipas.
De acuerdo con la Alianza Mexicana contra el Fracking —
coalición de más de 40 organizaciones civiles—, cada pozo
de fractura hidráulica requiere entre 9 y 29 millones de litros
de agua, lo que generaría una competencia directa con el
consumo humano. La situación sería especialmente
delicada en estados como Tamaulipas, donde ya se
enfrentan condiciones de escasez hídrica y que podrían ver
contaminados sus mantos acuíferos. La misma organización
advierte que se han documentado más de mil casos en
Estados Unidos vinculados a la contaminación de acuíferos
por el uso de esta técnica, debido a los químicos empleados
en los fluidos de fractura, entre ellos sustancias tóxicas
como benceno y metanol.
El riesgo hídrico no es el único. Investigadores consultados
por medios especializados advierten además sobre la
sismicidad inducida: la inyección de fluidos a las capas
geológicas genera microsismicidad que se intensifica con el
tiempo y representa un riesgo directo para las poblaciones
cercanas.
Plan Pemex 2025-2035: la reactivación que encendió las
alertas
La renovada presión organizativa en la Huasteca se
intensificó luego de que el plan estratégico de Pemex 2025-
2035 mantuviera abierta la posibilidad de explotar
hidrocarburos no convencionales en la región. Las
comunidades y las organizaciones civiles señalan que ese
documento reactiva una amenaza que creían contenida tras
la moratoria al fracking decretada durante el sexenio
anterior.
Ni Pemex ni la Secretaría de Energía han respondido
públicamente a los señalamientos planteados en el foro.
Este reportaje solicitó postura a ambas instancias, así como
a los gobiernos estatales de Tamaulipas, San Luis Potosí y
Veracruz, sin obtener respuesta al cierre de edición.
Contraloría autónoma: monitoreo comunitario del agua
Ante la ausencia de mecanismos institucionales de
vigilancia considerados suficientes por las comunidades, la
Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina
impulsa esquemas de monitoreo ciudadano para
documentar la calidad del agua y registrar posibles riesgos
ambientales. El objetivo, según sus integrantes, es generar
información técnica propia que respalde la defensa territorial
frente al avance de proyectos extractivos.
Las organizaciones ambientales subrayan la necesidad de
evaluar los impactos acumulativos en los tres estados,
donde la agricultura, la ganadería y la disponibilidad hídrica
constituyen la base de la actividad económica y social de
cientos de comunidades.
