Por. Perla Reséndez
CIUDAD DE MÉXICO.- Las cuentas bancarias de familiares y empresas relacionadas con el exgobernador de Tamaulipas Francisco Cabeza de Vaca, permanecerán congeladas luego de que un juez federal negara el amparo promovido contra la inclusión de estos nombres en la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La resolución judicial ratificó la legalidad de la medida aplicada desde mayo de 2021, cuando la UIF ordenó el bloqueo de recursos financieros derivado de una solicitud de cooperación internacional emitida por autoridades de Estados Unidos.
Entre quienes impugnaron la decisión se encuentran María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, madre del exmandatario estatal, así como las empresas Desarrolladora Cava y Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava.
De acuerdo con la sentencia, la UIF actuó conforme a derecho al atender una petición formulada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que investigaba presuntas operaciones relacionadas con lavado internacional de dinero.
Las autoridades estadounidenses señalaron que diversas personas físicas y morales mexicanas eran objeto de indagatorias por movimientos financieros considerados sospechosos, por lo que solicitaron el congelamiento de cuentas para evitar la dispersión u ocultamiento de recursos mientras avanzaban las investigaciones.
Según el expediente judicial, entre los socios de las empresas Cava figuran Francisco Javier García Cabeza de Vaca y sus hermanos Ismael y José Manuel.
El fallo destaca que el bloqueo de cuentas tiene como finalidad preservar los recursos potencialmente vinculados a actividades ilícitas y garantizar la eficacia de las investigaciones financieras en curso.
La resolución también subraya que México y Estados Unidos integran el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que impulsa la cooperación global para combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros.
En mayo de 2021, el Departamento de Justicia estadounidense notificó a la UIF sobre una investigación que involucraba a 35 personas y empresas en México. Entre los señalados aparecía el entonces gobernador de Tamaulipas, junto con una red integrada por 19 empresas y 16 personas físicas identificadas como posibles participantes en una estructura de lavado de dinero.
A partir de esa comunicación, las autoridades mexicanas procedieron al congelamiento de cuentas bancarias de los involucrados, medida que ahora fue respaldada nuevamente por la justicia federal.
