Cynthia Gallardo
La Razón
La libertad de expresión y la independencia editorial deben quedar plenamente protegidas ante cualquier reforma en materia de comunicación, advirtieron la Red Nacional de Periodistas y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), al señalar que imponer sanciones desde el Estado podría vulnerar el ejercicio periodístico.
Las organizaciones se pronunciaron a favor de la autorregulación independiente como la mejor vía para garantizar a la sociedad el acceso a información plural, ética y de interés público, además de alertar que el debate sobre la regulación de los medios ocurre en un contexto de violencia persistente contra periodistas, particularmente contra las mujeres.
De acuerdo con datos de CIMAC, durante el sexenio anterior se documentaron mil 189 agresiones contra mujeres periodistas, lo que representa un incremento del 117 por ciento respecto al periodo previo. Las principales formas de violencia fueron amenazas, bloqueos informativos, intimidación y campañas de desprestigio.
Las organizaciones también expresaron preocupación por los discursos que desacreditan a la prensa crítica, al considerar que contribuyen a la polarización, elevan los riesgos para quienes ejercen el periodismo y debilitan a los medios de comunicación como contrapeso democrático.
Ante este escenario, CIMAC y la Red Nacional de Periodistas plantearon garantizar la autonomía de las defensorías de las audiencias y evitar criterios discrecionales para evaluar contenidos periodísticos.
También propusieron fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con perspectiva de género y recursos suficientes, además de combatir la impunidad y reconocer al periodismo como un bien de interés democrático.
En su posicionamiento, las organizaciones subrayaron que “la autorregulación independiente es la mejor vía para garantizar el acceso a información plural, ética y de interés público”, al tiempo que insistieron en que proteger a quienes ejercen el periodismo es indispensable para garantizar el derecho de la sociedad a estar informada.
