INDICADOR POLITICO/Carlos Ramírez
La falta de sensibilidad y de atención sobre los asuntos públicos por parte del presidente
Enrique Peña Nieto permitió que la narrativa de la noche de Ayotzinapa del 26/27 de
septiembre de 2014 se desviara mañosamente a tratar de responsabilizar al Ejército de un
grave incidente que articulaba el conflicto de la disidencia estudiantil violenta con el narcotráfico
y administraciones perredistas.
La recomendación 208VG/2026 de la CNDH, fechada el 2 de julio y liberada el domingo 12,
fue muy clara en establecer uno de los principios fundamentales del derecho: la ausencia de
elementos probatorios que deben de sustentar cualquier responsabilidad en hechos ilegales.
La conclusión de la CNDH es fundamental porque desmonta la argumentación opositora y
disidente, además de los familiares y sus asesores nacionales y extranjeros, de que se había
tratado de una acción represiva del Estado mexicano directa contra estudiantes de la Normal
de Ayotzinapa que viajaban en un autobús secuestrado para realizar acciones de protesta por
un nuevo aniversario del 2 de octubre del 68.
En términos de propaganda política, la argumentación de los afectados se manejó como lema
de campaña: “fue el Estado”, y a través de un elemento informativo entre los millares que se
movieron en la investigación se presentó la argumentación opositora de una operación de
contrainsurgencia contra un grupo violento de estudiantes con preparación insurgente.
Durante doce años toda la investigación estimulada por los padres de los 43 estudiantes
desaparecidos en la llamada Noche de Iguala buscó la responsabilidad directa del Ejército
como si el objetivo hubiera sido una represión militar ordenada de manera exclusiva contra
estudiantes disidentes de la Normal. Y en la dinámica del discurso de que “fue el Estado”, los
familiares de los normalistas afectados perdieron tiempo, circunstancias, credibilidad y
capacidad de investigación por el objetivo exclusivo de culpar al Ejército de una represión
como decisión de Estado en contra de estudiantes.
En el camino se olvidaron las circunstancias que debieron de desestimar la mala intención de
culpar al Ejército: por mandato legal, las Fuerzas Armadas tienen prohibido el involucramiento
en acciones de seguridad a las que no hayan sido convocadas siguiendo protocolos estrictos y
por escrito de participación. Por ello el Ejército nunca pudo haberse involucrado de manera
directa en los incidentes de esa noche.
La capacidad de protesta se centró en el argumento que el Gobierno de Peña Nieto presentó
como “verdad histórica”, pero en realidad la investigación gubernamental se presentó en
términos jurídicos de “verdad pericial” de una investigación de hechos y elementos
probatorios. La contraargumentación disidente simplemente desdeñó el proceso pericial de la
antigua PGR e hizo todo lo posible de manera argumentativa para señalar que el Ejército había
desaparecido a los estudiantes.
Hasta donde se tienen datos concretos y de valor jurídico, el Ejército nunca se cerró las
indagatorias, abrió sus cuarteles cuando se cumplieron con los requisitos exigidos por criterios
de seguridad nacional y los familiares de los estudiantes pudieron revisar campos militares,
aunque después de marchas agresivas que causaron violencia en la entrada de zonas
castrenses que por obligación deben de estar cerradas.
La argumentación de poner al Ejército “en el centro” de la investigación no se hizo en términos
periciales o de indagatorias procesales estrictas y controladas por los códigos penales, sino
que todo se redujo al argumentación política y ahí los familiares de los estudiantes de
Ayotzinapa y sus asesores políticos cometieron el error estratégico de señalar una acusación
sin la presentación de ninguna prueba contundente que respondiera a los el procedimientos
periciales muy estrictos cuando se investigan delitos considerados de alta gama.
Durante su sexenio, el presidente López Obrador jugó con las expectativas que había
encabezado como candidato presidencial disidente en el 2018, pero al ser investido como
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas ya no supo cómo deslindar su propia
investigación con la falta de pruebas mínimas que pudieran involucrar al Ejército en un acto que
se había dicho había sido premeditado de secuestro de estudiantes y su desaparición, al
grado de que se llegó a argumentar que los estudiantes estaban vivos en cárceles secretas
conocidas por el Ejecutivo federal.
La recomendación de la CNDH fue exhaustiva y desde luego que debe ser sometida a un
escrutinio estricto y minucioso, pero a partir de la argumentación de las investigaciones que no
encontraron elementos sólidos probatorios que determinaran que hubiera habido una orden
directa en la cadena de mando del Ejército para haber ordenado en su momento la represión
directa de estudiantes, cuando todas las evidencias involucraban a policías municipales
vinculados al narcotráfico y dependientes de autoridades también municipales del PRD en
Guerrero.
La recomendación de La CNDH es una segunda verdad pericial, jurídica, además de un acto
de justicia a favor de la credibilidad del Ejército.
-0-
Política para dummies: la política se rige con reglas para evitar abusos de poder.
carlosramirezh@elindependiente.mx
http://elindependiente.mx
@carlosramirezh
