Golpe a golpe/Juan Sánchez Mendoza
Aunque todavía hay mucho por hacer en materia de seguridad pública,
hay confianza en que las corporaciones nacional y estatal garanticen al
pueblo que este asueto veraniego transcurra sin incidentes violentos
mayores, por lo menos en la red carretera.
Y coinciden en su apreciación de que las acciones ejecutadas, hasta
ahora, en contra de la delincuencia organizada, son el mejor camino
para recobrar el bienestar, la tranquilidad y la paz, que tanto
demandamos los tamaulipecos.
Esto ha quedado en claro en las reuniones de seguridad pública –en
las que participa el gobernador Américo Villarreal Anaya–, donde se ha
detallado cuánto se ha avanzado en la materia, anunciando nuevas
acciones orientadas a frenar el flagelo con el apoyo de la Guardia
Nacional y los ciudadanos (mediante denuncias).
Tan es así que ahora los alcaldes coinciden también en que la
seguridad es un trabajo que atañe a todos. A los gobiernos en sus tres
niveles; a los congresos de la Unión y local; a los sectores productivos
(industriales y empresariales), sindicatos, partidos políticos y sociedad
en general (donde están inmersos los maestros), pues todos, en lo
particular y conjuntamente, mucho podrían aportar a la cruzada contra
el crimen.
¿Más retenes?
Sobre la red carretera que intercomunica a la geografía tamaulipeca y
conecta su vecindad con los estados de Veracruz, San Luis Potosí y
Nuevo León –amén de ésta enlazarse con rúas vinculadas a la Unión
Americana–, otrora se instalaban retenes militares que formaban parte
del operativo con que el Gobierno Federal intentaba diezmar a las
bandas criminales.
En un primer impacto, usted lo sabe, la incursión castrense-policial fue
vista con buenos ojos por la sociedad civil –cuyo reclamo principal era y
es precisamente la seguridad pública–, pero al paso del tiempo la
presencia de soldados sobre la cinta asfáltica generó cualquier cantidad
de críticas, merced a la conducta que (estos) mostraban al interrogar a
quienes osaban cruzar los puntos de revisión.
Lo que menos se decía entonces –a este respecto–, era que en su
cometido inconstitucional las columnas militares en varias ocasiones
provocaron terror al tratar a los conductores como delincuentes y a los
tripulantes que los acompañan como parte de grupos transgresores de
la ley; así se tratara de mujeres, ancianos o niños, tan sólo porque
éstos viajan en el vehículo que a su libre arbitrio inspeccionan
buscando armas o drogas.
Más cuando transitan hacia el centro del país o viceversa.
Operativo inconstitucional
El artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, es muy claro al establecer que: “Todo hombre tiene derecho
para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar
de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte,
salvoconducto u otros…
“El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la
autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a
las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que
impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general
de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país”.
Esto quiere decir que ningún ciudadano ajeno a ilícitos o procesos
judiciales podrá ser molestado en su traslado de un lugar a otro, pero
aquí en Tamaulipas (como en todo el país, según información
recabada), se da el caso de que sólo bajo la supervisión militar se
puede circular libremente en carreteras.
Un artículo más que atrapa mi atención, relacionado con la movilización
castrense, es el precepto 129 de nuestra Carta Magna, que dicta con
toda claridad que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede
ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la
disciplina militar.
“Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los
castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del
Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos
que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las
tropas”.
De ahí se desprende, entonces, que en México y en Tamaulipas (en lo
particular) actualmente no se viven momentos de guerra, sino de paz,
pero resulta necesario un mayor patrullaje carretero de la Guardia
Nacional y de la Guardia Estatal, merced a los cruentos
acontecimientos más recientes.
Inclusive, la instalación de más retenes.
En lo particular sigo viendo con buenos ojos que el Ejército Mexicano,
la Marina, la Guardia Nacional y la Guardia Estatal coadyuven al
restablecimiento de la tranquilidad social, pero igual me parece una
falta de tacto que los agentes de la Fiscalía General de la República
(FGR), para justificar su presencia, busquen delincuentes donde no los
hay.
Hago el comentario por ser del dominio público que si la autoridad
federal quisiera –en este caso los ‘picudos’ de la FGR, responsables
del combate al narcotráfico–, en verdad diezmar a la delincuencia
organizada, desde hace tiempo lo habrían hecho, pues también del
dominio público es la identidad y ubicación de quienes suelen cometer
actos delictivos del orden federal.
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