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Expreso-La Razón
El Gobierno federal prepara un paquete de reformas
legales para reforzar el combate a la corrupción, con
especial énfasis en el huachicol fiscal y las empresas
factureras utilizadas para simular operaciones y evadir
impuestos.
Según ha trascendido, la propuesta impulsada por la
presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con respaldo de
legisladores de Morena, empresarios, académicos y
especialistas, y busca convertirse en uno de los temas
prioritarios del próximo periodo ordinario de sesiones del
Congreso, junto con el análisis del Paquete Económico
2027.
El proyecto plantea una reestructuración del Sistema
Nacional Anticorrupción, con el objetivo de mejorar la
coordinación entre las instituciones encargadas de
investigar, fiscalizar y sancionar irregularidades. También
contempla fortalecer los mecanismos de auditoría,
ampliar las capacidades de vigilancia del gasto público y
reducir los espacios de impunidad. Sheinbaum ha
señalado la necesidad de fortalecer las herramientas del
Estado contra la corrupción.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la
Auditoría Superior de la Federación y el Tribunal Federal
de Justicia Administrativa trabajan en una propuesta
conjunta para actualizar el marco institucional. Uno de los
principales objetivos será combatir el huachicol fiscal,
mediante mayores sanciones para quienes participan en
redes de evasión relacionadas con la importación,
distribución y compra de combustibles con
documentación irregular. La iniciativa también busca
cerrar el paso a las empresas fachada o factureras,
utilizadas para justificar operaciones inexistentes y
desviar recursos públicos. Además, se prevé fortalecer la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción,
mejorar la protección a denunciantes y crear nuevas
capacidades de investigación para delitos como el robo
de hidrocarburos.
La propuesta se suma a una serie de medidas adoptadas
en el último año en respuesta al huachicol fiscal, luego
de que el mega decomiso de combustible en el puerto de
Tampico derivara en una oleada de detenciones, órdenes
de aprehensión y una reestructuración normativa
centrada en las aduanas del país.
En 2025 se aprobaron reformas a la Ley Aduanera que
extendieron la vigencia de las patentes de los agentes
aduanales de 10 a 20 años, con posibilidad de prórroga
por un periodo equivalente, y los designaron como
responsables solidarios del pago de contribuciones.
El dictamen, enviado al Senado, establece que los
agentes deberán responder legalmente ante
irregularidades detectadas en los despachos, mientras
que los recintos fiscalizados quedan obligados a
implementar sistemas de videovigilancia y trazabilidad en
tiempo real.
La reforma también amplía de dos a tres años el periodo
de las certificaciones de los agentes aduanales, autoriza
a los importadores a presentar garantías mediante cartas
de crédito, incorpora nuevas causales de suspensión o
revocación de patentes —entre ellas estar sujeto a
investigación penal, incumplir obligaciones fiscales o
figurar en listas del Servicio de Administración Tributaria
— y crea un órgano colegiado responsable de otorgar,
suspender o revocar dichas patentes.
Asimismo, faculta a la Agencia Nacional de Aduanas de
México (ANAM) para otorgar y revocar autorizaciones a
empresas de mensajería y paquetería en el despacho
simplificado de mercancías, e incrementa las multas para
quienes incurran en infracciones.
Sheinbaum respaldó la reforma al destacar que las
nuevas disposiciones para agentes aduanales tienen
como propósito prevenir la evasión fiscal y el
contrabando. «Mantuvimos diversas reuniones con la
Secretaría de Hacienda que derivaron en ajustes a la
propuesta inicial», indicó la mandataria, quien equiparó la
función de los agentes aduanales con la de notarios y
auxiliares del Gobierno en las operaciones de comercio
exterior. Explicó que la iniciativa busca equilibrar las
responsabilidades entre agentes y autoridades y
garantizar procesos más transparentes y eficientes, con
el propósito central de asegurar la rendición de cuentas,
robustecer la recaudación y verificar el pago de los
gravámenes al comercio exterior sin obstaculizar el flujo
comercial. La mandataria señaló que durante años
existió la herencia de patentes sin supervisión, por lo que
ahora se busca modernizar el sistema y volverlo más
equitativo.
