ÓSCAR FIGUER0A/ CYNTHIA GALLARDO
EXPRESO LA RAZÓN
Familiares y vecinos de la colonia Primavera, en el municipio de Tampico, denunciaron graves irregularidades y
presuntas violaciones a los derechos humanos tras el desalojo de una vivienda y el arresto de dos hermanos con
discapacidad cognitiva. Los afectados habitan desde hace más de seis décadas el predio en disputa, el cual
mantiene un estatus jurídico de intestado.
La detención de Manuel y Martín Escalante Benítez, de 50 y 52 años de edad, ocurrió bajo el cargo de supuesta
invasión de propiedad. El inmueble en cuestión se localiza en la calle López Rayón, número 601, un sitio donde los
hermanos nacieron, crecieron y han vivido toda su vida junto a las generaciones previas de su familia.
Lucía Escalante Benítez, hermana de los afectados, acusó que la captura de sus familiares se ejecutó con
engaños, alevosía y ventaja por parte de supuestos elementos policiales o judiciales. Según los testimonios
colectados, un grupo de hombres a bordo de una camioneta interceptó a Manuel de forma violenta justo antes de
que lograra ingresar a su domicilio.
Tras consumar el arresto, las autoridades dividieron a los hermanos y los trasladaron de forma inmediata a
distintas celdas preventivas. Manuel Escalante Benítez quedó a disposición de las autoridades ministeriales en
Ciudad Madero, mientras que Martín Escalante Benítez fue enviado en una camioneta hacia la preventiva de
Tampico bajo el cargo de alterar el orden público.
La familia logró obtener la liberación de Martín mediante el pago de una multa administrativa de dos mil pesos; sin
embargo, el afectado negó rotundamente los cargos de alteración del orden y afirmó que lo subieron al vehículo
oficial mediante engaños. Por su parte, Manuel permanecía en los juzgados sin la posibilidad de recibir una
defensa oportuna.
La denunciante señaló que los oficiales mantuvieron incomunicado a Manuel y lo obligaron a firmar diversos
documentos en las instancias judiciales sin contar con la asesoría obligatoria de un abogado. De acuerdo con las
declaraciones de su hermana, los elementos policiacos no le permitieron hablar con nadie sino hasta después de
haber plasmado su firma.
El trasfondo legal de este conflicto tiene su origen en el estatus de la propiedad, la cual perteneció originalmente al
abuelo de los afectados, el señor Roberto Benítez Rivera. Al encontrarse bajo la figura jurídica de intestado, la
vivienda nunca se ha puesto a nombre de un tercero, motivo por el cual la familia desconoce la validez de los
reclamos de desalojo.
A pesar de que Manuel realiza de manera oportuna el pago del impuesto predial y cumple con los servicios básicos
del lugar, personas ajenas a la familia han comenzado a exigir la desocupación. Este escenario ya cuenta con
antecedentes, pues en el año 2021 un grupo de personas intentó demoler la vivienda con una retroexcavadora,
intento que fue frenado por las firmas de los vecinos.
Ante la nueva ofensiva, habitantes de la colonia Primavera se manifestaron masivamente este jueves para
respaldar a los afectados. Los residentes señalaron que el caso reviste un claro interés público y de vulnerabilidad,
ya que los hermanos debieron recibir ajustes y salvaguardas reforzadas para acceder a la justicia, conforme a la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
Guadalupe Rivera Ruiz, vecina del sector, afirmó que toda la colonia se opone rotundamente a la medida,
argumentando que los hermanos no tienen a dónde ir ni de qué vivir. Asimismo, criticó que nunca se notificara
formalmente a los residentes que el predio estuviera en venta o bajo algún procedimiento de adjudicación externa.
La testigo detalló que, mientras los hermanos eran trasladados por separado a la barandilla municipal y a la
Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, alrededor de las 11:00 horas arribaron diversos abogados
acompañados de maquinaria pesada. Los litigantes procedieron a romper el candado de acceso para ingresar de
manera forzada al inmueble.
Por su parte, Cesáreo Roberto Bolaños Tapia, vecino con 29 años de residencia en el sector, calificó las acciones
implementadas como un acto completamente inhumano. Bolaños cuestionó la falta de transparencia en la
diligencia e informó que solicitó formalmente conocer la resolución judicial, las escrituras y los permisos
correspondientes que avalaran el desalojo.
El ciudadano también denunció públicamente que uno de los abogados involucrados en el operativo mantuvo una
actitud irrespetuosa y prepotente hacia los adultos mayores de la zona que intentaban dialogar. Ante esto, hizo un
enérgico llamado a los promotores del procedimiento para que recapaciten y privilegien una solución con sentido
moral y humanitario.
Existe una profunda preocupación familiar y vecinal por la integridad física de Manuel Escalante, quien padece de
diabetes e hipertensión arterial y requiere de dosis diarias de medicamentos que le han sido privados. Los colonos
permanecen congregados en el sitio y exigen la intervención urgente de las autoridades competentes para verificar
la legalidad del proceso.
