-Ocho de cada 10 armas aseguradas por el gobierno mexicano son de origen estadounidense
Por Staff
La Razón
Ciudad de México.— En los primeros ocho meses del año fiscal 2026, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) registró 521 decomisos de armas en la frontera sur, una cifra equivalente a 17 veces menos de las más de 9 mil reportadas por México en la Operación Frontera Norte.
Incluso si se suman todos los decomisos reportados por CBP en el país durante el mismo corte, la cifra queda lejos del balance mexicano. Entre octubre de 2025 y mayo de 2026, la agencia registró mil 881 aseguramientos de armas, municiones y componentes en todo su territorio; en contraste, tan sólo la Operación Frontera Norte acumuló 9 mil 2 armas de fuego aseguradas, casi 5 veces más, esto sin incluir un millón 534 mil 58 cartuchos ni 39 mil 212 cargadores reportados por separado.
Mientras Estados Unidos reporta aseguramientos mínimos antes de que el armamento cruce hacia México, las autoridades mexicanas documentan un volumen hasta 5 veces mayor cuando esas armas ya circulan en territorio nacional. Aparecen en vehículos, inmuebles, campamentos, laboratorios o quedan bajo resguardo oficial tras operativos contra grupos criminales.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, anunció el jueves el decomiso de 138 armas de fuego, entre ellas 2 rifles calibre .50, que traficantes pretendían enviar desde Carolina del Norte hacia territorio mexicano. El diplomático señaló que la incautación fue resultado de una operación encubierta y afirmó que refleja el compromiso del gobierno de Donald Trump para frenar el tráfico ilegal de armas con destino a México.
Las estadísticas de la CBP para la frontera sur reflejan una tendencia descendente desde 2023. Ese año la agencia contabilizó mil 119 eventos de decomiso de armas y municiones; en 2024 reportó 998; durante 2025 la cifra cayó a 826, y en el año fiscal 2026, con corte a mayo, acumula 521.
Un solo evento puede incluir varias categorías, por lo que sus reportes agrupan armas, municiones y componentes. Esa metodología amplía aún más la brecha frente a los aseguramientos en México, donde el balance oficial separa armas de fuego, cartuchos y cargadores.
Una investigación de Topher McDougal, de la Universidad de San Diego, dimensiona la distancia entre lo que se decomisa y lo que logra cruzar. El académico estimó que cada año pasan de Estados Unidos a México entre 85 mil y 135 mil armas, un flujo que rebasa por mucho los registros fronterizos de la CBP. Bajo esa estimación, los 521 decomisos reportados por la agencia estadounidense en la frontera suroeste durante los primeros 8 meses del año fiscal 2026 representan apenas una fracción del tráfico real.
Las acciones en puntos estadounidenses de salida de armas hacia México no son suficientes para frenar el abastecimiento a las organizaciones criminales en el territorio mexicano. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos señaló que el tráfico de armas estadounidenses hacia México representa una amenaza de seguridad nacional y que 70 por ciento de las armas recuperadas en México entre 2014 y 2018, enviadas a rastreo, tuvo origen estadounidense. Los datos disponibles sólo muestran una parte del fenómeno.
La cifra coincide con los datos del gobierno mexicano, que afirman que 78 por ciento de las aseguradas en el país durante la actual administración eran de origen estadounidense, dato que evidencia la responsabilidad de Washington en el flujo ilegal hacia el sur.
McDougal, especialista en economía de la violencia, mercados ilícitos y tráfico de armas, junto con Sean Campbell, profesor del Centro para el Periodismo y la Democracia de la Universidad Howard, sostienen que el problema debe atacarse desde el origen del suministro. Ambos investigadores encontraron que las sanciones regulatorias de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (la ATF) contra vendedores de armas con licencia pueden reducir entre 20 y 44 por ciento del flujo posterior de armamento traficado.
El análisis concluye que el punto crítico también se localiza en el mercado legal estadounidense, donde una parte de las armas es adquirida mediante compradores intermediarios para después ser introducida de forma clandestina a México. Los autores sostienen que reforzar la supervisión sobre los establecimientos autorizados y sancionar las irregularidades en la venta puede tener un impacto mayor que concentrar los esfuerzos exclusivamente en los cruces fronterizos.
Aunque CBP decomisó armas antes de su salida, México enfrenta una cantidad mucho mayor cuando ya alimentan la violencia criminal. La brecha entre CBP y México refuerza el reclamo mexicano: Estados Unidos decomisa una fracción del flujo antes de que cruce, mientras México enfrenta el costo operativo y violento de esas armas cuando ya están en manos criminales.
