INDICADOR POLITICO/Carlos Ramírez
1.- La defensa de las audiencias sociales se convirtió en un objetivo de
control político del grupo gobernante en turno desde que en 1968 la
sociedad no partidista perdió su condición de sector invisible del
régimen priista y salió a gritarle de cosas al presidente de la República
y a su partido.
3.- Detrás de la defensa de las audiencias sociales en la prensa, los
medios electrónicos y al espacio digital se oculta el temor inocultable a
que el pueblo comience a pensar como sociedad. Díaz Ordaz,
Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo,
Fox, Calderón, Peña Nieto, López Obrador y ahora Sheinbaum Pardo
han controlado de las audiencias sociales para introducir mecanismos
de control político de contenido en medios masivos, y más donde el
espacio digital está operando como partido de oposición.
3.- La actual ola gubernamental de defensa de las audiencias tiene
mucha cola que le pisen: la responsable de todo el operativo jurídico-
político-extralegal Luisa María Alcalde Luján fue secretaria del Trabajo y
de Gobernación de López Obrador, presidenta de Morena en el
arranque de la administración de Sheinbaum y hoy nada menos que
consejera jurídica de la Presidencia. Este dato Revela la
intencionalidad política de regular a todos los medios en su contenido
político dirigido a la sociedad pero desde de los intereses políticos del
grupo gobernante.
4.- Es indispensable y hasta de urgencia democrática entrarle al tema
de la defensa de las audiencias, pero evitar que la iniciativa esté en
manos del Gobierno federal, de la Presidencia de la República y de la
expresidenta de Morena. Se requiere de un organismo autónomo del
Gobierno y dentro de la estructura del Estado que garantice que las
decisiones no se conviertan en un instrumento de control político o
ideológico del grupo gobernante en turno. Y la mejor garantía de que la
operación esté en manos democráticas no es otra que regresar a los
organismos –ahora sí de a de veras– autónomos del gobierno
entregando su titularidad a la oposición minoritaria que es la que suele
perder en controles autoritarios del Estado.
5.- Aún si existiera buena voluntad al 1000% en la estructura
presidencial que lanzó la iniciativa, siempre quedará el hecho de que la
crítica social de los medios y las audiencias va dirigida inevitablemente
contra la mayoría gobernante. Y por ello se requiere que la
reformulación de reglas que limitarían la crítica al poder no quede en
manos de los titulares coyunturales del poder.
6.- López Portillo y Jesús Reyes Heroles dieron un paso audaz en la
reforma política de 1977 que buscó la democratización de la
información y propusieron el derecho a la información como paso previo
para que el Estado-gobierno abriera su control de datos de decisiones
públicas, pero tuvo que pasar un cuarto de siglo para que se
reglamentara con Fox y aun así con candados públicos. López Obrador
desapareció el Instituto de Acceso a la Información cualquier y hoy
funcionario de medio pelo tiene la audacia de resguardar como
seguridad nacional información que le afecta pero que nada tiene que
ver con la discrecionalidad de decisiones de Estado.
7.- El movimiento del 68 careció de un objetivo político democrático,
pero la ola movilizadora de estudiantes, pueblo y sectores que se
desprendieron del control tutelar autoritario del Estado/gobierno le hizo
perder al sistema/régimen/Estado el control de la sociedad cuyas
opiniones políticas y sociales ya no se tamizaron en los medios
controlados publicitariamente por el gobierno/Estado.
8.- Fue el propio López Portillo el que inició su gobierno con las
reformas democratizadoras del derecho a la información pero terminó
con la argumentación más autoritaria que haya tenido de manera
pública el gobierno y más aún en voz de un profesor de teoría del
Estado: “yo no pago para que me peguen”, dijo al justificar en dos
ocasiones la suspensión de publicidad gubernamental a la revista
Proceso, pero con el absurdo dictatorial de que le dio al uso
presupuestal como una titularidad personal y le negó a un medio su
representatividad social y no oficial. Hoy, el espíritu de Díaz Ordaz,
López Portillo y Fox es el que anima el contenido político de la iniciativa
de “defensa de las audiencias” con una forma de coartar la libertad de
pensamiento, de ideas, de expresión y de prensa que los liberales de
1857 y 1917 plasmaron como derecho constitucional.
9.- Sí se tiene que regular –desde luego– la defensa de las audiencias,
pero no con los criterios exclusivistas, subordinados al poder y
excluyentes de opiniones sociales disidentes de quienes hoy tienen en
sus manos las políticas de contenido de los medios propiedad del
Estado que no son propiedad del Gobierno.
10.- En ese contexto, la iniciativa de consulta pública –muy al estilo de
las 4T de mano alzada– se debe replantear y su origen debe ser el
Congreso pero en una comisión especial que dirija de modo
democráticamente natural por la oposición. Si no, cualquier defensa de
las audiencias tendrá resultados de censura.
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Política para dummies: la política es la libertad absoluta para criticar o
no será.
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