Por Raúl López García
La Razón
Alrededor de 146 menores de edad fueron detectados dentro de centros de rehabilitación, conocidos como anexos, en Tamaulipas, pese a que estos establecimientos no pueden atender legalmente a niñas, niños y adolescentes con problemas de adicciones.
El dato fue confirmado por el comisionado estatal de COEPRIS Tamaulipas, Mario Alberto Rebolledo Urcádiz, quien precisó que los casos se localizaron principalmente en Reynosa, otros municipios de la frontera y Ciudad Victoria.
“Sí, la ley no lo permite”, respondió el funcionario al ser cuestionado sobre la presencia de menores en anexos. La frase confirma que estos espacios, diseñados en su mayoría para atender a adultos, no cuentan con autorización para internar ni brindar tratamiento a población infantil o adolescente.
La detección de 146 menores corresponde al año pasado. Aunque COEPRIS no informó cuántos fueron retirados, cuántos regresaron con sus familias ni cuántos recibieron atención profesional especializada, Rebolledo Urcádiz aseguró que el Sistema DIF participa cuando se identifican estos casos.
“Ahí sí trabaja muy activamente el DIF para poder retirarlos y sacarlos de los centros, y poder atenderlos directamente”, declaró. Añadió que el DIF es la instancia que debe valorar la situación de cada menor y definir la ruta de protección, atención y canalización.
El comisionado admitió que el consumo de sustancias comienza a presentarse a edades cada vez más tempranas, lo que ha llevado a familias a buscar soluciones urgentes en anexos que no tienen facultades para recibir a sus hijos. “El consumo ha estado iniciándose de manera muy fuerte desde temprana edad”, expuso.
La presencia de menores es solo una parte de una problemática más amplia. COEPRIS inició su estrategia con un padrón de 52 centros de rehabilitación, pero durante las verificaciones localizó alrededor de 90 establecimientos que no estaban registrados y que operaban fuera del control institucional.
“Descubrimos que había establecimientos que aún no se registraban, que estaban en la clandestinidad y que hoy ya están trabajando con nosotros”, explicó Rebolledo Urcádiz.
El funcionario reconoció que las condiciones son desiguales. “Algunos están muy mal, otros están regularmente, otros bien”, dijo sobre los centros revisados. La intervención busca regularizar documentación, mejorar instalaciones y establecer programas de atención más profesionales.
No obstante, COEPRIS descartó que la respuesta sea cerrar de forma inmediata todos los anexos con irregularidades. “No podemos dejarlos en la calle”, sostuvo Rebolledo Urcádiz, al explicar que una suspensión sin alternativas puede dejar sin atención a las personas internadas.
Pero en el caso de menores, la postura oficial es distinta: no deben estar ahí. El reto para Tamaulipas será asegurar que los 146 casos detectados tengan una ruta de atención legal, especializada y segura, además de evitar que otros niños y adolescentes sean internados en anexos que la ley no autoriza para recibirlos.
