EXPOSICIÓN DE MOTIVOS – JOSUÉ SÁNCHEZ NIETO –
Quienes vivimos en Tamaulipas sabemos que las altas temperaturas son una cosa muy seria;
aquí el calor no pide permiso y, desde luego, el recibo de luz tampoco perdona, por eso,
muchas familias han encontrado en los paneles solares una alternativa para respirar frente al
costo de la energía eléctrica.
Y no, no es un lujo ecológico: para muchas casas, comercios y pequeños negocios, producir
parte de su electricidad empieza a ser una verdadera decisión de supervivencia económica.
Por eso llama la atención la iniciativa presentada en el Congreso del Estado que busca facultar
a los municipios para regular y condicionar la instalación de sistemas fotovoltaicos en techos y
edificaciones, exigiendo permisos, autorizaciones, o dictámenes estructurales.
Hay que decirlo claramente: de entrada, la seguridad importa. Nadie sensato podría negar que
una instalación mal hecha representa riesgos; máxime en un estado expuesto a nortes, lluvias y
vientos fuertes, es totalmente razonable cuidar que los paneles estén bien sujetos, pero ese no
es el debate.
El problema empieza cuando una preocupación legítima se convierte en una nueva ventanilla.
En Tamaulipas ya nos la sabemos: primero llega el permiso “por seguridad”, luego el formato,
después el dictamen, más tarde la constancia, luego la inspección y, cuando menos lo
pensamos, ya hay una cuota en la Ley de Ingresos… Así nacen muchas cargas públicas: no
entran por la puerta grande del impuesto, sino por la ventanilla pequeña del trámite.
Si bien, la iniciativa no crea hoy un impuesto al sol como se ha manejado, sí abre la puerta
jurídica para que mañana cada municipio pueda cobrar por permitirle a una familia instalar
paneles en su propia casa.
Y aquí les va un secreto que muchos asesores en el tercer piso no quieren que se sepa:
cuando se crea un permiso obligatorio, también se crea la posibilidad de cobrar derechos por
ese permiso.
El mensaje político es delicado: justo cuando la gente busca ahorrar, el gobierno le dice “antes
de ahorrar, saque permiso”; justo cuando deberíamos facilitar la transición hacia energías
limpias, pareciera que la respuesta institucional es poner sellos y pasos administrativos. Muy
verde su discurso, pero muy gris la ventanilla.
Y parte de la clave es que, aunque el permiso fuera gratuito, el dictamen estructural no lo será
necesariamente; alguien tendría que pagarlo. Y, como es de suponerse, el costo acabará
llegando al ciudadano.
Porque una cosa es exigir responsabilidad técnica a las empresas instaladoras, y otra muy
diferente es trasladarle al propietario una nueva carga económica por querer pagar menos luz.
Si el problema son las malas instalaciones, regulemos a los instaladores; si el problema es
estructural, fortalezcamos los reglamentos de construcción; si el problema es eléctrico, ya
existe regulación federal en materia de interconexión… Lo que es inadmisible es usar una
preocupación válida como pretexto para abrir otro frente burocrático.
Por si todo eso fuera poco, la propuesta deja otras preguntas importantes sin responder:
¿cuántos incidentes documentados existen?, ¿qué municipios tienen personal técnico para
revisar memorias estructurales?, ¿habrá plazos máximos?, ¿será gratuito?, ¿qué pasará si la
autoridad no contesta?, ¿quién garantizará que esto no se convierta en negocio municipal?
Porque el riesgo no está únicamente en el viento, también está en la discrecionalidad. Y cuando
una facultad pública nace sin límites claros, el ciudadano queda a merced de la autoridad de
turno.
Al final, la discusión no debe plantearse como si hubiera dos bandos: quienes quieren
seguridad y quienes quieren paneles sin control. La verdadera pregunta es si la seguridad debe
garantizarse cargándole más trámites al ciudadano o haciendo responsables a quienes venden,
diseñan e instalan estos sistemas.
La respuesta debería ser muy clara: más seguridad sí, más burocracia no.
Tamaulipas necesita reglas técnicas, pero también sentido común: padrón de instaladores
certificados, responsabilidad directa de las empresas, trámites digitales y gratuitos, criterios
diferenciados para zonas de riesgo y prohibición expresa de nuevos cobros municipales.
Promover energías limpias no puede significar ponerle “candado al sol”; y cuidar la seguridad
de las familias no debe convertirse en una nueva oportunidad para exprimirles el bolsillo.
