A BARLOVENTO/TOMÁS BRIONES
De manera gradual en los últimos cuatro años, Tamaulipas registra un avance importante en un indicador que impacta directamente en la calidad de vida de la gente, en la certidumbre para atraer inversiones gracias a un mejor clima de paz social y en las perspectivas de desarrollo integral.
El hecho de que la entidad haya mejorado en los indicadores de seguridad pública, disminuyendo notablemente el número de homicidios dolosos —al grado de ubicarse por debajo de la media nacional—, al mismo tiempo que fortalece el equipamiento y la modernización de su cuerpo de seguridad estatal, confirma una evolución favorable en uno de los rubros más sensibles para cualquier gobierno.
Las cifras dadas a conocer esta semana por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que, durante el periodo de enero a junio, Tamaulipas se ubicó en la posición número 13, con menor número de víctimas de homicidio doloso, colocándose por debajo del promedio nacional.
En ese mismo lapso, el estado registró una reducción superior al 11 por ciento en el promedio diario de víctimas de ese delito, resultado que refleja el trabajo permanente de coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Desde el inicio de la administración de Américo Villarreal Anaya se definió como prioridad recuperar la paz social, depurar el aparato de procuración de justicia y fortalecer a las corporaciones de seguridad. Esa estrategia encontró en las Mesas de Paz, que diariamente encabeza el gobernador, el espacio para revisar la incidencia delictiva, evaluar resultados y definir las acciones operativas que hoy comienzan a reflejarse en las estadísticas nacionales.
A ello se suma la inversión destinada al fortalecimiento del equipamiento, los vehículos, las instalaciones y la capacitación de los elementos de seguridad durante los cuatro años de la actual administración estatal.
Precisamente esta semana, el gobernador entregó 17 vehículos tipo pick-up equipados como patrullas y dos torres móviles de visualización a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), equipamiento adquirido mediante una inversión superior a los 70 millones de pesos.
Con ello se fortalece la capacidad operativa de la Guardia Estatal mediante nuevas unidades, tecnología y capacitación permanente para reforzar las tareas de vigilancia y prevención. Los resultados en materia de seguridad nunca son definitivos, pero las cifras del SESNSP muestran que Tamaulipas comienza a consolidar una tendencia favorable que hace apenas unos años parecía difícil de alcanzar.
NI ADÁN AUGUSTO NI MARINA, PERO SÍ RUFFO
Las cifras suelen generar menos controversia que la aplicación de la justicia, pues ahí es donde aparecen las diferencias de criterio y las inevitables lecturas políticas, como lo vimos ayer.
Desde el año pasado, Baja California ha estado en el ojo público por varios motivos, el principal de ellos el retiro de la visa de la gobernadora Marina del Pilar Ávila y de su entonces esposo, Carlos Torres, por parte de autoridades estadounidenses, en el marco de sospechas por presuntos vínculos criminales.
En semanas recientes, Marina del Pilar regresó al centro de la polémica por la filtración de audios en los que presuntamente se le escucha negociar con representantes de agencias de seguridad estadounidenses, situación que la coloca nuevamente bajo el escrutinio público.
Según la información disponible, ofrecería toda la información que se expone en las Mesas de Seguridad y con ello comprometería la seguridad nacional, a cambio de obtener beneficios personales como no ser encausada judicialmente.
A diferencia de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, señalada por el oficialismo de ser traidora a la patria por presuntamente permitir el ingreso de agentes de la CIA a ese estado para realizar labores de detección y combate a grupos criminales, con Marina del Pilar la postura ha sido diametralmente opuesta.
Tampoco ha sido rigurosa la Cuatroté con personajes como el senador morenista Adán Augusto López —”hermano” del compañero Andrés Manuel, como siempre lo ha dicho—, quien también ha sido señalado por presuntos vínculos con el huachicol fiscal. Ninguna autoridad mexicana lo ha tocado.
Algo similar ocurre con Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, sobre quien pesan señalamientos difundidos desde Estados Unidos por presuntos vínculos con un cártel. Más de dos meses después de que se conocieran esas versiones, nadie sabe dónde está Rocha Moya ni tampoco por qué ninguna autoridad parece preocupada por localizarlo.
Pero ayer, en una acción confirmada al mediodía, la Fiscalía General de la República dio a conocer la detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador panista de Baja California —el primero de ese partido en la historia del país—, acusado de presuntos vínculos con el huachicol fiscal a través de una empresa de logística de la que es socio.
Hasta el cierre de esta columna no se habían dado a conocer mayores detalles del caso, pero lo cierto es que el PAN salió de inmediato en defensa de Ruffo, mientras desde la Cuatroté se le presenta como un actor relevante dentro de esa red de huachicol fiscal. Así las cosas.
