A BARLOVENTO/TOMÁS BRIONES
No ha sido de golpe, sino de manera gradual y bien medida: la estrategia del Partido Verde para llegar al sur de Tamaulipas se perfila como el proyecto político más ambicioso rumbo al próximo año, como base para preparar la sucesión de 2028, por las implicaciones que tiene su acercamiento con la gente.
Desde que decidió participar solo, sin alianza con Morena, en la elección extraordinaria por la senaduría que dejó vacante el fallecimiento de Faustino López Vargas, el actual coordinador estatal del Partido Verde, Manuel Muñoz Cano, definió una ruta que llevaría a ese instituto político a colocarse cerca de la disputa por la gubernatura.
Aunque perdió por la falta de una estructura territorial sólida y por la división de votos dentro del bloque oficialista, integrado también por Morena y el PT, Muñoz Cano tuvo claro que esa decisión rompería la alianza y los puentes de comunicación con el proyecto principal de la Cuatroté en Tamaulipas.
Después, en 2024, fue audaz al apostar por la candidatura al Senado del exgobernador priista Eugenio Hernández Flores, recién salido de prisión tras permanecer varios años privado de la libertad. Esa decisión terminó por dinamitar los pocos vínculos que Muñoz Cano todavía mantenía con el oficialismo.
Aunque impulsar a Eugenio fue un error político, la estrategia cumplió su propósito: darle mayor visibilidad al Partido Verde con la mira puesta en su verdadero objetivo: obtener más posiciones en los municipios y en el Congreso en 2027, para llegar en condiciones de disputar, en solitario, la gubernatura con candidato propio.
Ahí está el antecedente de San Luis Potosí, donde los constantes amagos políticos del gobernador Ricardo Gallardo Cardona prácticamente doblegaron al oficialismo y todo apunta a que logrará imponer como candidata a gobernadora a su esposa, la senadora del Verde, Ruth González Silva, el próximo año.
Manuel y la dirigencia nacional del Verde saben que la actual coyuntura política nacional, abre un margen amplio de negociación que ese partido pretende aprovechar.
¿Qué tiene que ver eso con la estrategia del Verde para llegar al sur? Muy sencillo: en la zona conurbada no existe una estructura territorial propia y sus cuadros son escasos, pero sí hay una abundante variedad de personajes que pueden desencantarse de sus partidos ante la falta de oportunidades y terminar por nutrir las filas de ese instituto político.
En ese universo hay panistas, morenistas y hasta priistas que vivieron sus mejores años durante los gobiernos de Eugenio Hernández y Egidio Torre Cantú, cuando la alianza entre el PRI y el Verde dominaba el escenario político con el control del Congreso y de la mayoría de los municipios importantes.
Hoy, con la incorporación de cuadros provenientes de la sociedad civil y de partidos como el PAN y el PRI, Muñoz Cano le apuesta a construir una red de comités que le dé presencia territorial al Verde, además de sumar las estructuras que aporten quienes eventualmente sean sus candidatos a las alcaldías y diputaciones locales de Tampico, Madero y Altamira.
Eso incluye, repito, a panistas y priistas que se sientan desplazados por sus partidos y busquen hacer realidad sus aspiraciones de ser alcaldes, diputados o, cuando menos, regidores.
En este panorama, la estrategia consiste en fortalecer la presencia territorial, ampliar la oferta de candidatas y candidatos y, por supuesto, preparar el terreno para el verdadero objetivo: impulsar a la senadora expanista, exmorenista y ahora militante del Verde, Maki Ortiz Domínguez, como la carta de ese partido para disputar la gubernatura en 2028, con o sin alianza con Morena y el PT. Así de claro parece estar el plan.
LA DISCUSIÓN INÚTIL QUE PARECE DISTRACCIÓN
La muy reciente discusión pública sobre si el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, estaba o no al tanto del operativo mediante el cual autoridades estadounidenses extrajeron del país al líder criminal Ismael Zambada solo refleja el interés por desviar la atención del verdadero problema.
El punto central del asunto no es si el exembajador conocía el operativo. En el supuesto de que así hubiera sido, difícilmente habría revelado información de esa naturaleza por razones de confidencialidad.
Y si no estaba enterado, eso evidenciaría que las instancias responsables decidieron no compartirla precisamente por la delicadeza del caso.
Las autoridades estadounidenses han expresado, a través de distintos voceros, su desconfianza respecto de una posible vinculación entre grupos criminales e instancias de gobierno en México, lo que explicaría que hayan actuado con total discreción.
Quizá por eso resulte comprensible que no informaran a sus contrapartes mexicanas, ante el temor de que una filtración pudiera alertar al líder criminal y facilitar su fuga.
El caso ni siquiera ofrece elementos suficientes para sostener una discusión centrada en Ken Salazar.
Vista la actuación impune de numerosos grupos criminales durante el sexenio del compañero Andrés Manuel y los cuestionamientos que generó la estrategia de seguridad, no hace falta demasiada imaginación para entender lo que pudo haber ocurrido.
Intentar distraer la atención pública preguntando quién mintió y quién simuló es una forma de alejar el debate del problema de fondo: la impunidad con la que los grupos criminales actuaron durante el gobierno anterior, al amparo de la fallida política de “abrazos, no balazos”. Puede gustar o no, pero esa realidad sigue siendo motivo de debate público.
Quizá el intento por cambiar el eje de la discusión también obedezca a que el propio líder criminal ya aceptó la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión, bajo una sentencia de cadena perpetua, según ha trascendido.
De confirmarse que las autoridades judiciales estadounidenses acepten su petición de permanecer en un centro penitenciario con instalaciones médicas adecuadas, el asunto podría tornarse preocupante para numerosos políticos y empresarios mexicanos que eventualmente podrían ser involucrados por Zambada en actividades criminales.
Ahí podría encontrarse el verdadero temor de amplios círculos políticos cuyos integrantes, de manera extraoficial, han sido señalados como presuntos beneficiarios de recursos de procedencia ilícita destinados al financiamiento de campañas de numerosas candidatas y candidatos a distintos cargos de elección popular.
