INDICADOR POLITICO/Carlos Ramírez
Justo cuando el Tratado de Comercio Libre entró en la fase decisiva de una
revisión condicionada en modo EUEXIT, que exige replantear el modelo
mexicano de desarrollo pospuesto desde 1994, la Secretaría de Economía de
Marcelo Ebrard Casaubon sorprendió con la contratación de un despacho de
asesoría extranjera para hacerse cargo de la implementación aquí del Plan
México como Mexico’s Plan.
De nada sirvieron más de treinta años de experiencia desde la óptica de las
necesidades mexicanas. Tampoco valió el famosísimo cuarto de al lado de
empresarios vinculados al Tratado, porque esa habitación estratégica ha sido
un mero cuarto de servicio. Menos aún echó mano México de una planta
académica de más de cincuenta mil miembros del Sistema Nacional de
Investigadores, que han tenido la función de reflexionar opciones prácticas
para el desarrollo mexicano, y se demeritaron de un plumazo las funciones e
instrucciones de la pomposa Secretaría de Ciencia, Humanidades,
Tecnología e Innovación (SECIHTI), de la científica y exsecretaria general de
la UNAM Rosaura Ruiz Gutiérrez.
Nada local sirve ya. El UCL Institute for Innovation and Public Purpose/UCL
Bartlett Faculty of the Built Environment de Inglaterra firmó un jugoso contrato
con la Secretaría mexicana de Economía para —nada menos, pero nada más
— “aportar la implementación de la agenda económica transformadora de
México”. El proyecto está a cargo de la profesora Mariana Mazzucato y ya
funciona con reuniones en México por encima del gabinete económico
mexicano.
La asesoría extranjera fue contratada para implementar “la gobernanza”,
orientada a modificar formas de gestión de los asuntos económicos públicos,
pasando de las fallas en los mercados a corregir esas irregularidades. Y la
tarea de la consultoría extranjera —que es más operativa que de asesoría—
exige una coordinación interministerial —entre secretarías del gabinete
presidencial— a gran escala.
Por primera vez, el Gobierno mexicano transfiere a una consultora extranjera
funciones estratégicas de coordinación en asuntos que corresponden a la
administración pública central y que, por mandato constitucional, son
responsabilidad exclusiva del Estado mexicano.
La coordinación interministerial a gran escala por parte de la consultora
extranjera maneja los polos de bienestar de México, “atravesando los
mandatos de los secretarios de Economía, Hacienda, Medio Ambiente,
Energía y Ciencia y Tecnología”. Es decir, de modo real se crea una especie
de supergabinete de desarrollo mexicano coordinado por una consultoría
extranjera. Y por si fuera poco, el trabajo de la consultora impondrá enfoques
diferentes en la colaboración del sector público mexicano con el sector
privado, una tarea que antes era de funcionarios mexicanos.
Con efectos buenos o malos —dependiendo de la investigación de que se
trate—, el despacho encabezado por Mazzucato deja de ser un simple asesor
para convertirse en una instancia de coordinación con una influencia inédita y
directa sobre decisiones estratégicas del Gobierno mexicano.
Lo peor de todo fue descubierto ya por algunos analistas mexicanos: el
propio despacho de Mazzucato llegó a la conclusión de que el Plan México
no constituye todavía un plan de desarrollo, sino un listado de buenas
intenciones, sin componentes indispensables para convertirse en una
estrategia económica integral. Menos aún cumple con los requisitos de
integración no sólo de oficinas públicas, sino de empresas privadas, y sobre
todo de incorporarlas a los requerimientos de integración de cadenas
productivas básicamente entre México y Estados Unidos.
Con la responsabilidad de haber tenido que ver con el Tratado en el sexenio
de López Obrador como secretario de Relaciones Exteriores, y ahora
directamente como encargado del proyecto económico del Gobierno
mexicano frente a la revisión más delicada del Tratado con Estados Unidos,
Ebrard debió haber creado una estructura nacional de estudios,
aprovechando la experiencia de organismos mexicanos académicos,
empresariales y, sobre todo, de políticas públicas.
El documento entregado por la consultora extranjera tiene un título
apantallante, quizá por estar redactado en inglés: “Plan México: Impulsando
Contenido Nacional y Financiamiento Estratégico para Pymes. ALIANZA DE
ECONOMÍA ESTRATÉGICA. ESTUDIO DE CASO: IMPLEMENTANDO UNA
ECONOMÍA GLOBAL JUSTA”. Y tiene como responsables a dos académicas
mexicanas bajo la cobertura extranjera del Institute for Innovation and Public
Purpose, pero con la circunstancia agravante de que la secretaria Ruiz
recibió instrucciones directas de Palacio Nacional para reorganizar el sistema
de producción académica según las necesidades reales de México para salir
del subdesarrollo.
El 29 de mayo de 2025, un sonriente Ebrard apareció mostrando un contrato
de varias centenas de miles de dólares que define sus objetivos: “asociación
—no consultoría— para apoyar la implementación de la agenda económica
del Gobierno de México”. Ni más ni menos.
En ese sentido, una consultora extranjera, vía Ebrard, es la responsable del
Mexico’s Plan para el Tratado con Estados Unidos.
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Política para dummies: La política es —¿o ya no?— la definición del derecho
soberano.
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