Opinión Económica y Financiera/Jorge A. Lera Mejía.
La aparente expansión del empleo formal en México, sustentada en registros administrativos
que no se traducen en acceso efectivo a derechos, revela una distorsión estructural que
compromete la credibilidad de las estadísticas laborales y, más grave aún, evidencia la
fragilidad del modelo de crecimiento económico reciente.
Al cierre de mayo de 2026, el IMSS reportó 1,554,053 personas trabajadoras de plataformas
digitales registradas como “beneficiadas” por la reforma, pero sólo 197,131 —el 12.7%—
superaron el umbral de ingreso mensual equivalente a un salario mínimo y acceden
efectivamente a los cinco seguros del Instituto. El 87.3% restante —1,356,922 personas— tiene
Número de Seguridad Social activo, pero permanece en la condición de “vigente sin derecho a
servicio”, configurando una formalidad simulada que no se traduce en protección social ni en
derechos exigibles.
Este fenómeno no es aislado, sino reflejo de una economía que ha transitado hacia esquemas
de precarización laboral bajo nuevas modalidades tecnológicas, sin que el marco institucional
haya evolucionado con la misma rapidez.
La exigencia de un umbral mínimo de ingreso para acceder a la cobertura completa del IMSS
genera un vacío de protección para la mayoría de estos trabajadores, atrapados en un limbo
administrativo: son formalmente registrados, pero materialmente excluidos. Las plataformas
cumplen formalmente con dar de alta a sus colaboradores y se blindan frente a inspecciones y
sanciones, mientras el IMSS contabiliza cada registro como si implicara una incorporación
plena a la seguridad social, aun cuando la atención efectiva se niega en la práctica.
El crecimiento del empleo informal se ha consolidado como válvula de escape ante la
insuficiente generación de empleo formal efectivo, pero también como un factor que profundiza
la fragilidad estructural de la economía. Lejos de ser una solución sostenible, la informalidad
actúa como una fuga que diluye la productividad, reduce la base fiscal y limita la acumulación
de capital humano. Los trabajadores que migran hacia esquemas informales lo hacen en busca
de ingresos inmediatos, pero sacrifican estabilidad, protección social y posibilidades de
desarrollo. Este fenómeno perpetúa un equilibrio de bajo crecimiento, donde la economía
absorbe mano de obra, pero no genera bienestar duradero.
Desde una perspectiva de política pública, la situación exige una revisión integral del diseño de
la seguridad social.
En primer lugar, es indispensable replantear la vinculación rígida entre nivel de ingreso y
acceso a la cobertura integral, particularmente en sectores caracterizados por alta volatilidad
salarial y jornadas fragmentadas. Un esquema de cotización proporcional o flexible permitiría
incorporar gradualmente a estos trabajadores, garantizando al menos un paquete básico de
atención universal y evitando que queden clasificados como “vigentes sin derecho” pese a su
aportación fiscal.
En segundo término, se deben corregir los incentivos institucionales que privilegian el
cumplimiento formal sobre el acceso efectivo. El IMSS y el INEGI tendrían que distinguir entre
afiliación nominal y cobertura real en sus reportes, de modo que las cifras de empleo registrado
reflejen con claridad qué proporción cuenta con prestaciones completas y cuál permanece con
cobertura limitada al seguro de riesgos de trabajo. Esta transparencia estadística es condición
indispensable para evaluar con rigor el mercado laboral, evitar el espejismo de crecimiento del
empleo formal y alinear la política económica con diagnósticos veraces.
Por su parte, las plataformas digitales deben asumir una corresponsabilidad más robusta en la
protección social de sus colaboradores. La reforma laboral ha demostrado que es posible
ampliar derechos sin eliminar la flexibilidad ni afectar la disponibilidad de empleo, siempre que
las empresas aporten cuotas patronales suficientes y se reconozca la naturaleza laboral de
estas actividades. Esto implica transitar de un modelo de “colaboradores independientes” hacia
esquemas híbridos con seguridad social obligatoria, mecanismos de estabilización del ingreso y
garantías mínimas en materia de salud, riesgos de trabajo y ahorro para el retiro.
En el plano macroeconómico, la persistencia de esquemas laborales precarios y de formalidad
incompleta está estrechamente vinculada al estancamiento del crecimiento del PIB y al débil
dinamismo del mercado interno.
Aunque la incorporación de trabajadores de plataformas digitales ha evitado caídas mayores en
las cifras de empleo formal —explicando hasta cuatro de cada diez plazas creadas en algunos
periodos recientes— este impulso numérico no se traduce en un aumento equivalente del
bienestar ni de la productividad. Una economía que expande su registro administrativo sin
mejorar la calidad del empleo corre el riesgo de consolidar un modelo de bajo valor agregado y
alta vulnerabilidad social.
Para romper estas inercias, se requiere una estrategia de desarrollo productivo que articule
política industrial, innovación tecnológica y fortalecimiento del empleo formal pleno. Sectores
como la manufactura avanzada, la energía, la agroindustria y los servicios intensivos en
conocimiento pueden convertirse en motores de creación de puestos con prestaciones
completas, pero demandan certidumbre regulatoria, infraestructura funcional, financiamiento
accesible y coordinación efectiva entre federación, estados y municipios.
El reto es vincular estos esfuerzos con una reforma profunda de la seguridad social que avance
hacia un esquema de protección universal financiado de manera mixta, donde el acceso a
servicios esenciales no dependa exclusivamente del tipo de contrato o del umbral salarial
mensual.
En suma, no basta con mejorar las cifras de empleo registrado; es imprescindible que éstas
reflejen realidades tangibles de bienestar, protección y movilidad social. Mientras persista la
brecha entre inscripción administrativa y derechos efectivos, México continuará atrapado en un
espejismo estadístico que oculta la verdadera magnitud de su rezago social y económico, y que
dificulta la construcción de un desarrollo equilibrado y sostenible.
