INDICADOR POLITICO/ Carlos Ramírez
El anuncio oficial de Estados Unidos de que termina para ellos el esquema del Tratado y los
próximos diez años procederán a su desmantelamiento no es otro que un modelo americano
de lo que se podría llamar como EUEXIT, similar al Brexit de febrero de 2020 con el cual
Inglaterra se salió de la Unión Europea.
La presidenta Sheinbaum Pardo y el secretario Marcelo Ebrard Casaubon deben tomar al toro
por los cuernos y presentarse en un discurso a nivel nacional para anunciar que el Tratado con
Estados Unidos y Canadá de 1973 ya murió y tendrá una larga agonía de diez años.
De nada sirve en términos políticos vender la expectativa de que todavía seguirá diez años,
porque será un tiempo de angustia en tanto que Estados Unidos no regresará a las bondades
originales que el acuerdo basados en aranceles bajos y no politizados; Trump va a apretarle
las tuercas a México con aranceles por razones geopolíticas, de seguridad nacional y
fronterizas durante tres años y con ello liquidará cualquier posibilidad de que el próximo
presidente demócrata o republicano pueda desandar lo que ya se andó.
La versión oficial de la presidenta de la República y de su secretario de Economía de que
todavía le quedan diez años al Tratado vale como meter la cabeza debajo de la tierra y sobre
todo heredarle a la próxima administración mexicana –que comenzará a configurarse con las
elecciones legislativas del próximo año– un pasivo acumulado de beneficios decrecientes.
A la actual administración gubernamental mexicana le corresponde reconocer que el Tratado
ya murió y presentar las dos opciones únicas a la vista: esperar la generosidad de Trump para
que los aranceles no sean tan destructivos y condenar al país a un promedio de crecimiento
económico de 1%-1.5% para los próximos diez años, con los efectos negativos en empleo,
calidad disminuida de la economía e incapacidad para crecer mínimo el 4% promedio anual
que garantice la atención a los rezagos y al crecimiento anual de la población económicamente
activa en busca de empleos formales.
La segunda opción siempre ha estado a la vista pero desdeñada por el gobierno de la 4T en
modo de continuidad neoliberal del Tratado salinista: anunciar una gran reforma económica,
política y gubernamental y convocar a toda la sociedad a construir un nuevo proyecto nacional
de desarrollo que saque del país de la mediocridad de los próximos diez años y desde luego
los que le siguen con una precaria posición en el furgón de cola de la locomotora económica
norteamericana, aunque a costa desde luego de terminar con el gobierno asistencialista que
usa presupuesto público para subsidios directos a la población marginada y no a la
modernización de la planta productiva.
La decisión anunciada por Trump de mantener diez años el Tratado en los términos y
necesidades de Estados Unidos y con el regreso a los aranceles cambia por completo el
escenario económico y social de México. Decir que todavía le faltan diez largos años al Tratado
no será sino una justificación de que ya le endilgará a la próxima administración 2030-2036
tener que cargar con los efectos negativos de la fase terminal del acuerdo.
La culpa y la responsabilidad, desde luego, no es directamente de la 4T, sino que el Tratado
nació muerto para los beneficios de una nueva ola industrializadora cuando el presidente
Salinas de Gortari y su secretario Jaime Serra Puche firmaron la aceptación de un Tratado sólo
arancelario, aceleraron la desprotección arancelaria que tenía México para que llegaran
productos estadounidenses directos y provocaran la primera fase –y la más importante– de
desindustrialización de todo lo que había construido el país desde la expropiación petrolera
de 1938 hasta el despilfarro del petróleo en 1977-1982.
La responsabilidad directa también fue de los presidentes De la Madrid Hurtado y Salinas de
Gortari cuando el primero incorporó a México al GATT para iniciar el desmantelamiento
arancelario proteccionista y luego para negociar un Tratado comercial que beneficiaba sólo a
Estados Unidos y subordinaba a México a las necesidades de la industrialización
estadounidense.
Y luego vino la segunda ola de reestructuración del aparato productivo mexicano con el Pacto
por México PRI-PAN de Enrique Peña Nieto y ahí se entregaron áreas importantes de Pemex y
la CFE para beneficio de la industria estadounidense. Y la gran revisión del Tratado en 2018 fue
responsabilidad de Peña Nieto y López Obrador y sólo reconfirmó el esquema de
subordinación firmado por Salinas de Gortari. La presidenta Sheinbaum se encontró con las
manos atadas porque todo el presupuesto se destinó a subsidios regalados a la población
marginada y a subsidiar el funcionamiento deficitario de los elefantes blancos del
lopezobradorismo.
Y aquí nos encontramos ante el dilema de esperar los próximos diez años sin ningún proyecto
real de modernización productiva o construir una opción de emergencia con un nuevo
programa nacional de desarrollo con el detonador de la inversión pública, pero a condición de
que el presupuesto se destine a la reconversión o creación de una planta productiva que
recupere la desindustrialización de De la Madrid y Salinas de Gortari.
Al Gobierno de la presidenta Sheinbaum le llegó el tiempo histórico de una decisión que
mantenga la mediocridad o que convoque a un gran salto industrializador.
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Política para dummies: la política es de los políticos, no de los burócratas con cargos
públicos.
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