Staff
Expreso-La Razón
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos
(OFAC) anunció este martes sanciones contra
dos empresarios mexicanos y nueve
compañías vinculadas a una red de
contrabando de combustible, conocida como
huachicol fiscal, que operó a través de aduanas
terrestres en beneficio del Cártel de Jalisco
Nueva Generación (CJNG).
Los individuos señalados son Óscar Guillermo
Juraidini Silva, de 41 años, originario de
Matamoros, y J. Refugio Ruiz Villagómez, de
65, junto con las empresas bajo su control,
entre las que figuran OJ Living Trust, Ahavat
Logistics Solution y Jomadi Logistics & Cargo.
En la lista aparecen también las empresas OF
Tranportes, Ogui Fletes, Soma Transportes y
Servicios y Centro Cambiario La Peseta,
asentadas en Matamoros.
Las sanciones implican la inmovilización de
todos sus bienes, cuentas e intereses bajo
jurisdicción estadounidense, así como la
prohibición de operar con ciudadanos o
empresas de ese país.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló
en el comunicado que la medida “pone de
relieve hasta qué punto los cárteles de México
están expandiéndose más allá del tráfico
tradicional de drogas para generar ingresos
para sus organizaciones criminales.” La OFAC
precisó que las empresas sancionadas
generaban “decenas de millones de dólares
anualmente para el cártel.”
Según la alerta de la OFAC, el esquema
funciona así: empresas mexicanas con
permisos formales compran combustible a
vendedores conchabados en Estados Unidos,
quienes aprovechan sus relaciones con
refinerías y distribuidores para adquirirlo en
terminales de exportación y desviarlo hacia
redes interconectadas de empresas fantasma
en ambos países, bajo control de los cárteles.
El producto ingresa a México mediante
camiones cisterna, vagones de ferrocarril y
embarcaciones, frecuentemente con
documentos aduaneros falsificados. “Reportes
públicos indican que entre una cuarta y una
tercera parte de todo el combustible que se
vende en México podría ser ilícito”, precisa el
documento de la OFAC.
Operador clave en Matamoros
A Juraidini Silva se le describe como “un
operador clave”, “un contable y la mente
maestra” detrás de ciertas operaciones
financieras del CJNG. La OFAC lo acusa de
crear y operar compañías pantalla, falsificar
documentos de aduanas y evadir el pago de
impuestos para luego distribuir el combustible a
una red de gasolineras. Ruiz Villagómez, por su
parte, es señalado como contrabandista activo
que pagaba tarifas a los cárteles para facilitar el
cruce de las aduanas.
Tras el anuncio de Washington, la Unidad de
Inteligencia Financiera del gobierno de México
informó el bloqueo de las cuentas bancarias de
los sancionados y la imposición de restricciones
a sus operaciones financieras, derivado de sus
presuntos vínculos con la red de robo de
hidrocarburos relacionada con el CJNG. La UIF
señaló que, tras un análisis fiscal, financiero y
corporativo, identificó “posibles indicios de
operaciones con recursos de procedencia ilícita
y discrepancias entre los ingresos reportados
ante la autoridad fiscal y los recursos
observados en el sistema financiero.”
La alerta complementaria emitida por la Red de
Control de Delitos Financieros de Estados
Unidos (FinCEN), publicada de manera
simultánea a las sanciones, advierte que las
empresas estadounidenses involucradas en el
esquema lavarían fondos ilegales mediante la
compra de artículos de lujo, vehículos de alta
gama, joyería y bienes raíces. En el lado
mexicano, el documento apunta que los
cárteles destinan parte de esos recursos a
pagos en efectivo a “campañas políticas y
medios de comunicación para ayudar a los
políticos corruptos a ganar elecciones.”
El caso es consecuencia directa de una alerta
que el gobierno estadounidense emitió hacia el
sector financiero en mayo de 2025, tras la cual
la OFAC recibió 160 reportes de actividades
sospechosas por un valor de 7,000 millones de
dólares que, según la dependencia, “circularon
entre Estados Unidos y México” e involucraron
principalmente al CJNG.
Objetivo recurrente de las sanciones del Tesoro
La acción de este martes no es la primera vez
que la OFAC dirige sus medidas hacia
estructuras criminales asentadas en
Tamaulipas. En una acción previa, la
dependencia sancionó a seis personas
vinculadas a una red de lavado de dinero y
contrabando de efectivo operada por la
organización que ejerce control territorial sobre
la plaza de Nuevo Laredo y que Estados
Unidos clasifica como Organización Terrorista
Extranjera desde la administración Trump.
En ese caso, la OFAC también designó al
Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo,
Tamaulipas, y operado por la empresa
Comercializadora y Arrendadora de México,
S.A. de CV (CAMSA).
Según el comunicado de la dependencia, el
CDN utiliza el establecimiento como depósito
de pastillas de fentanilo y cocaína, como
vehículo para lavar ganancias ilícitas e
integrarlas al sistema financiero legítimo a
través de sus operaciones de juego, y sus
trastiendas como espacio para torturar e
intimidar a presuntos enemigos del cártel. La
misma empresa operaba el Casino Diamante,
con una sucursal en Tampico, Tamaulipas, y un
sitio web de apuestas en línea, también
designado bajo las órdenes ejecutivas que
rigen las sanciones contra organizaciones
terroristas y redes de tráfico de drogas.
Esa acción formó parte de una investigación
coordinada entre la OFAC y el Grupo de
Trabajo de Seguridad Nacional, con
participación de la Administración para el
Control de Drogas (DEA) en sus oficinas de
Laredo y San Antonio.
Aprietan decomisos en Tamaulipas
Tan solo en los últimos cuatro meses, los
operativos ejecutados acumulan más de 3.35
millones de litros decomisados, decenas de
autotanques y vehículos de trasiego, y al
menos dos detenidos en Reynosa. El municipio
fronterizo concentra los mayores
aseguramientos relacionados con huachicol
fiscal en el estado.
Autoridades federales y estatales ejecutaron
este mes dos cateos en predios de la periferia
de Reynosa que resultaron en el
aseguramiento de más de 1.35 millones de
litros de hidrocarburo y la captura de dos
personas.
Sumado al operativo del 29 de marzo en la
misma ciudad —donde se decomisaron más de
dos millones de litros— el total cuantificado en
litros asegurados en Tamaulipas durante 2025
supera los 3.35 millones, en una secuencia de
golpes que apuntan a desmantelar redes de
almacenamiento y distribución de combustible
de origen ilícito.
Los operativos fueron ejecutados en inmuebles
ubicados en caminos de terracería cercanos a
la carretera Reynosa-Monterrey, a partir de
investigaciones iniciadas tras denuncias
anónimas sobre almacenamiento ilegal de
combustible.
En el primer predio, agentes federales
localizaron 1,200,000 litros de combustible, 24
autotanques, 18 contenedores tipo fractank,
ocho tractocamiones, seis motobombas, cuatro
cámaras de vigilancia, cargadores, cartuchos y
diversa documentación. Durante la intervención
fueron detenidos dos individuos que se
encontraban al interior de una bodega industrial
utilizada para el trasiego. Las autoridades no
revelaron sus identidades.
En el segundo inmueble se aseguraron otros
155,000 litros de hidrocarburo, ocho fractanks,
dos semirremolques, un tractocamión, siete
motobombas con mangueras y
aproximadamente 190,000 litros de alcohol.
El mayor decomiso individual del año en el
estado ocurrió el 29 de marzo, también en
Reynosa. En ese cateo, autoridades
aseguraron más de 2,000,000 de litros de
combustible, 49 fractanks, 18 autotanques, seis
tractocamiones, una caja seca, un autotanque
artesanal, una motobomba, 14 tanques
metálicos, un montacargas, un tanque cilíndrico
de plástico y un cubitanque. La magnitud del
arsenal logístico sugería la operación de un
centro de concentración y distribución de
escala regional.
Un mes después del operativo en Reynosa, el
25 de abril, autoridades intervinieron un predio
en Matamoros donde se aseguraron dos pipas,
13 contenedores tipo fractank, ocho bombas de
trasvase, cinco tanques de almacenamiento y
un remolque tipo caja seca, además del propio
inmueble. Las autoridades cuantificaron el
golpe a la estructura criminal en 8.3 millones de
pesos. El lugar operaba como centro de
concentración, almacenamiento y manejo de
hidrocarburo de procedencia ilegal.
El mes pasado, la FGR informó el
desmantelamiento de una de las redes de
contrabando de combustible más relevantes
detectadas en el país, derivada de
investigaciones iniciadas a partir de un
operativo realizado en marzo de 2024 en
Altamira. Las empresas involucradas en ese
caso utilizaban documentación falsa o con
datos inexactos y recurrían a compañías
fachada para encubrir sus actividades. La red
operaba bajo un esquema logístico multimodal
que integraba transporte marítimo, ferroviario y
terrestre, lo que facilitaba la introducción,
traslado, almacenamiento y distribución ilegal
del combustible.
