En Publico/Nora Marianela García Rodríguez
En menos de veinticuatro horas el país escuchó tres versiones de sí mismo: en Palacio
Nacional el Gabinete de Seguridad reportó que el homicidio doloso cayó 48%, de 86.9 a 45.4
víctimas diarias entre septiembre de 2024 y junio de 2026; en Orlando el titular de la DEA,
Terrance Cole, habló ante una cumbre sobre fentanilo de una “conexión mortal” entre los
cárteles y el gobierno mexicano; y en los estados, colectivos y especialistas volvieron a
preguntar a dónde se fueron los muertos que ya no aparecen en la tabla.
El número oficial es sólido en sus propios términos: lo integra el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública con cifras consolidadas de las 32 fiscalías al 30 de
junio, registra el junio con el promedio más bajo desde 2015, un primer semestre de 49.7
homicidios diarios, el menor arranque de año desde 2016, una baja de 32% en delitos de alto
impacto y reducciones en 29 entidades; además precisa que ocho estados concentran 54% de
los asesinatos del semestre, cuatro mil 835 casos, una lista en la que Tamaulipas no aparece.
La presentación tuvo además una estética precisa: la resta convertida en relato, 41 vidas
salvadas cada día según la presidenta, y el rechazo explícito a que el descenso se explique por
el Mundial, pese a que el Plan Kukulcán desplegó más de 124 mil elementos durante los
partidos; el gobierno pide leer tendencia donde otros ven coyuntura, y la tendencia, hay que
decirlo, existe en el papel.
Conviene entender qué mide ese dato, porque ahí empieza la disputa: el Secretariado no
cuenta muertes, cuenta carpetas de investigación abiertas por las fiscalías estatales, de modo
que todo el edificio estadístico descansa en la primera clasificación que hace cada ministerio
público frente a cada cuerpo, un acto administrativo que ocurre lejos de cualquier auditoría
externa; el dato nace, literalmente, en la oficina de quien será evaluado por él.
La duda tampoco es un capricho opositor: investigaciones periodísticas documentaron que el
catálogo nacional de delitos pasó de 53 a 71 tipos y que varias fiscalías comenzaron a mover
asesinatos hacia la categoría de otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal;
un fiscal estatal admitió bajo anonimato que al menos diez entidades reclasifican, mientras
especialistas en seguridad describen treguas entre organizaciones criminales que pactan
territorios y un uso intensivo de fosas clandestinas que reduce los hallazgos sin reducir las
muertes.
El gobierno respondió en dos registros: la presidenta sostuvo que homicidio es homicidio y que
no hay maquillaje, y la titular del Secretariado explicó que la metodología es pública y fue
actualizada este año para separar las tentativas y transparentar la categoría cuestionada; la
respuesta es verificable a medias, porque la metodología efectivamente puede consultarse,
pero la clasificación inicial de cada caso sigue siendo invisible para el ciudadano que quisiera
comprobarla.
Al otro lado de la frontera la acusación llegó sin expediente: Cole afirmó que cárteles y gobierno
mexicano son una y la misma cosa, sin presentar pruebas en el evento, y el Gabinete de
Seguridad contestó con una tarjeta que enumera 59 mil 582 detenidos desde octubre de 2024,
31 mil 366 armas aseguradas, casi 500 toneladas de droga y más de 80 servidores y
exservidores públicos procesados, entre ellos siete alcaldes en funciones.
Hay una paradoja que nadie subrayó: la mejor defensa del gobierno frente a la acusación de
complicidad es la admisión de que la infiltración existe, porque presumir alcaldes detenidos es
aceptar que el crimen llegó a las presidencias municipales; y hay un espejo incómodo del otro
lado, porque la agencia que exige cuentas acusa exactamente con el método que denuncia,
afirmaciones graves sin sustento público.
Lo que está en disputa no es la violencia sino su contabilidad, y esa disputa exhibe un vacío de
fondo: México no tiene un árbitro autónomo de sus propias cifras criminales, porque el
Secretariado depende de las fiscalías, las fiscalías dependen de los gobiernos y los gobiernos
se califican con el dato que ellos mismos generan; el INEGI publicará meses después su propia
cuenta, construida desde las actas de defunción y ajena a cualquier ministerio público, y esa
segunda cifra, la que ningún atril anuncia, dirá si la tendencia resiste fuera del discurso.
El deber institucional mínimo sería someter la clasificación inicial de cada caso a auditorías
externas y aleatorias, como se audita el gasto, porque un dato que decide presupuestos,
estrategias y relatos merece el mismo escrutinio que el dinero público; mientras eso no ocurra,
los colectivos de búsqueda seguirán cargando con la prueba que a ninguna institución le toca
certificar.
Hay además un tercer registro que ninguna fiscalía puede reclasificar, el miedo declarado: la
encuesta urbana del INEGI de marzo dibuja en Tamaulipas un mapa partido, Nuevo Laredo
bajó de 67.4% a 34.8% de población que se siente insegura respecto de 2022, Victoria quedó
en 49.5%, Tampico se mantiene entre las diez ciudades con menor temor del país con 28.4% y
Reynosa alcanzó 86.1%, cuarto lugar nacional; el mismo estado que no figura entre los ocho
con más homicidios contiene a la cuarta ciudad con más miedo del país, una grieta que ningún
promedio alcanza a contar.
La discusión tampoco es nueva, cada sexenio ha peleado su propio libro de cuentas, de las
bajas colaterales del calderonismo a los desaparecidos que nadie ha logrado contar dos veces
igual; lo nuevo es la simultaneidad de los tres frentes, el interno, el ciudadano y el binacional, a
días de una ronda comercial donde la seguridad pesará tanto como los aranceles.
El número importa: define alertas de viaje, primas de seguro, decisiones de inversión y el tono
de la mesa con Estados Unidos, de modo que para un estado fronterizo el costo de una
estadística sin credibilidad se paga en empleos; ninguna familia busca un porcentaje, busca un
nombre, y para quien perdió a alguien en junio, junio no fue el mes más seguro en once años.
La seguridad se construye con policías, pero la confianza pública se construye con datos que
cualquiera pueda auditar, porque ninguna estrategia se corrige cuando el evaluado fabrica su
propio termómetro; mientras el número sea propiedad de quien lo presume, de quien lo acusa o
de quien lo llora, seguiremos discutiendo cuántos muertos tenemos en lugar de por qué los
tenemos, y un país que no se pone de acuerdo en cómo contar a sus muertos todavía no ha
decidido cuánto le importan.
