EXPOSICIÓN DE MOTIVOS – JOSUÉ SÁNCHEZ NIETO
El Congreso del Estado concluyó recientemente su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones y,
como ya es costumbre, llegó el corte de caja: según la información oficial, se expidieron 393
Decretos, 86 Puntos de Acuerdo y 423 dictámenes; además, se recibieron 543 iniciativas.
Leídas de corrido, las cifras suenan impresionantes; casi pareciera que no terminó un periodo
legislativo, sino que se rompió algún récord mundial.
Y efectivamente, la actividad es positiva, pero los números, por sí solos, no demuestran buenos
resultados.
Porque legislar no es llenar una tabla de Excel.
Hay que entender que el Congreso no es una maquiladora de decretos. Una ley no transforma
la realidad solamente porque fue aprobada, publicada en el Periódico Oficial y celebrada
mediante un boletín de prensa. Ahí apenas comienza la historia…
Después tendrían que venir preguntas menos cómodas: ¿se expidió el reglamento?, ¿se
asignó presupuesto?, ¿alguien verifica su cumplimiento? Y, lo más importante, ¿el problema
disminuyó?
Un ejemplo son las Gacetas Municipales. Desde junio de 2023, el Código Municipal establece
que los ayuntamientos deben contar con este órgano para publicar sus ordenamientos y actos
de interés público. De esa publicación dependen la publicidad y vigencia legal de diversas
disposiciones municipales.
Sin embargo, tres años después, la Diputación Permanente se vio en la necesidad de solicitar a
los 43 municipios que informaran si han cumplido o, en su caso, explicaran qué les impide
hacerlo.
Definitivamente, dicha solicitud es pertinente, pero revela algo incómodo: se aprobó la
obligación, se publicó el decreto y durante años nadie pareció verificar qué sucedió después.
Y el problema no es exclusivo de las gacetas; se aprueban derechos sin presupuesto,
obligaciones sin autoridad responsable y políticas públicas sin indicadores.
Cuando algo no funciona, la solución favorita de nuestro Legislativo del Estado suele ser
reformar la reforma anterior. La maquinaria sigue en movimiento, aunque la realidad
permanezca en el mismo lugar.
Durante el receso, buena parte de la agenda de la Diputación Permanente se integra por
“atentas solicitudes” y “respetuosas invitaciones”; si bien, el lenguaje parlamentario puede ser
exquisitamente cortés —por decir lo menos —; los problemas públicos no suelen tener la
misma consideración.
Son instrumentos legítimos, pero, sin plazos ni seguimiento, pueden convertirse en cartas que
todos reciben, pocos contestan y casi nadie vuelve a mencionar.
Por eso, Tamaulipas necesita una verdadera evaluación legislativa.
Cada reforma relevante debería incluir autoridades responsables, plazos, impacto presupuestal
e indicadores. Después, las comisiones tendrían que revisar si la norma fue aplicada y produjo
los resultados prometidos.
También debería existir un tablero público para conocer qué decretos fueron reglamentados,
cuáles requieren presupuesto, qué autoridades han incumplido y qué reformas necesitan
corregirse.
No se trata de crear otra oficina o inaugurar una nueva placa. El Congreso ya cuenta con
comisiones, áreas técnicas y facultades de control. Se trata de utilizarlas para algo más que
recibir iniciativas, elaborar dictámenes y acumular números.
El receso sería un buen momento. Con menos discursos en tribuna, la Diputación Permanente
podría realizar una tarea incómoda, pero mucho más útil: revisar si lo aprobado realmente
funciona.
Una Legislatura no debería ser recordada por la cantidad de veces que modificó la ley, sino por
los problemas que logró resolver.
A nuestros legisladores no les ha quedado claro que las cifras pueden demostrar actividad,
pero son los resultados los que verdaderamente demuestran trabajo.
Y quizá la verdadera exposición de motivos sea la que el Congreso debería ofrecer tiempo
después, cuando le corresponda explicar qué cambió, qué fracasó y qué piensa hacer para
corregirlo.
Todo lo demás es solamente llevar el marcador.
