A BARLOVENTO/TOMÁS BRIONES
La realidad que viven a diario millones de personas que deben lidiar con el burocratismo, la indiferencia y hasta la complicidad de autoridades de los tres ámbitos de gobierno es mucho más dura y persistente que la alegría provocada por los triunfos deportivos de las últimas tres semanas.
Mientras autoridades federales, estatales y municipales aprovechan el mejor estado de ánimo de una población volcada en la competencia mundial de futbol que se realiza parcialmente en México, cientos de miles de familias siguen viviendo con la angustia y la incertidumbre que provoca la desaparición inexplicable de más de 130 mil personas.
Esa es una de las realidades que permanece oculta tras las imágenes que saturan las redes sociales y los medios informativos de México y de muchos países: el dolor, la impotencia y la angustia de quienes no saben dónde están sus hijas, hijos, nietos, padres, esposos o cualquier otro familiar desaparecido desde hace años.
No es un secreto que la mayor parte de quienes permanecen desaparecidos han sido víctimas de la actuación impune de criminales que, durante el sexenio anterior, tuvieron el mayor margen para operar, prácticamente con la tolerancia del gobierno que encabezó el compañero Andrés Manuel.
Cuando López Obrador expresó su intención de renunciar a la obligación del Estado de hacer valer la ley para perseguir y combatir a los criminales, muchos pensaron que se trataba de otra de las ocurrencias que siempre lo caracterizaron. Cuando quedó claro que su gobierno prefería repartir abrazos en vez de hacer justicia, hubo quienes reconocieron el error y otros que, por el contrario —sus aferrados simpatizantes—, se negaron a admitir el descomunal yerro del tabasqueño.
El de los desaparecidos no es un tema ajeno a la sociedad. Se trata de uno de los delitos más graves, directamente relacionado con actividades criminales que el Estado está obligado a prevenir y sancionar. Pero cuando ocurre lo que vimos en el sexenio anterior —sí, aunque incomode y moleste a muchos—, la situación adquiere una dimensión todavía más preocupante.
De acuerdo con cifras oficiales —que siempre pueden manipularse, claro—, en México existe un registro de poco más de 125 mil personas desaparecidas, aunque organizaciones no gubernamentales estiman que la cifra supera las 137 mil. La diferencia obedece al método de clasificación utilizado por las autoridades, lo que inevitablemente genera dudas sobre el número real.
Un reporte de la consultora TResearch, que da seguimiento permanente a este y otros indicadores, señala que, de acuerdo con el registro oficial iniciado en 1988, hay 125 mil 548 personas desaparecidas, de las cuales 20 mil 303 corresponden al actual gobierno de Claudia Sheinbaum.
Seis entidades concentran la mayor incidencia: Estado de México, Sinaloa, Baja California, Ciudad de México, Michoacán y Guanajuato. Todas comparten la presencia de actividades criminales que el Estado mexicano no ha logrado contener, pese a contar con todas las herramientas y facultades constitucionales para hacerlo.
La euforia por los triunfos deportivos no puede ocultar esa realidad que viven todos los días cientos de miles de familias, atrapadas entre la incertidumbre por elparadero de los suyos y la impunidad que protege a los responsables.
Que una persona permanezca no localizable —para usar el eufemismo que tanto gusta a la autoridad— no significa que haya tenido algún vínculo con la delincuencia. Muchos simplemente tuvieron la desgracia de estar en el lugar y el momento equivocados. Fueron daños colaterales, sin culpa alguna.
El principal combustible de las actividades delincuenciales ha sido la impunidad y la permisividad que históricamente han existido, pero que durante el sexenio anterior —sí, otra vez, el de los “abrazos, no balazos”— crecieron de manera incontrolable.
Ni los campeonatos deportivos, ni las ocurrencias, ni cualquier otra distracción política pueden esconder el dolor, la angustia, la impotencia y la desesperación de cientos de miles de padres, madres, hijos y familiares de desaparecidos.
Lo escribí en este mismo espacio cuando comenzó el torneo: esto era apenas una pausa, porque cuando termine la euforia y los partidos dejen de concentrar la atención de la inmensa mayoría, el problema seguirá ahí, doliendo e indignando, mientras la autoridad continúa sin asumir plenamente la responsabilidad de enfrentar la violencia y las organizaciones criminales.
Ni la narrativa que culpa al pasado de hace más de veinte años, ni el viejo régimen, ni el PRIAN —ese adversario favorito de la Cuatroté— pueden ocultar la crudeza del problema de los desaparecidos.
Las palabras, las acusaciones al pasado o las lamentaciones por la impunidad atribuida al PRIAN o a Morena no devolverán la paz a cientos de miles de familias. Nada cambiará hasta que el Estado mexicano asuma con seriedad su obligación de garantizar la integridad de sus ciudadanos.
Y mientras no haya acciones claras contra quienes violan la ley; mientras no cambie la visión de proteger a unos y perseguir a otros; mientras no se reconozca que la impunidad empieza con la permisividad de las autoridades; mientras no se admita que la política de repartir abrazos en vez de aplicar la ley ha sido el error que más daño ha causado a la sociedad mexicana en los últimos años, todo lo que se diga desde el poder será mera demagogia. Así de simple.
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