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Expreso-La Razón
La Comisión Federal de Electricidad (CFE)
reportó pérdidas económicas por 671 millones
734 mil 562 pesos derivadas de conexiones
ilegales de energía eléctrica, conocidas como
“diablitos”, en los municipios del centro y sur de
Tamaulipas durante un periodo de seis años.
La cifra corresponde a la estimación de energía
consumida y no facturada por la empresa
productiva del Estado en el periodo
comprendido entre 2019 y 2024 y no incluye
multas administrativas, ya que la CFE carece
de facultades como autoridad sancionadora
para imponerlas, según se detalla en los
propios reportes de la comisión.
El desglose anual de la afectación económica
reportada muestra un comportamiento irregular
a lo largo del periodo. En 2019 la pérdida
ascendió a 142 millones 682 mil 318 pesos con
27 centavos; en 2020 se ubicó en 159 millones
866 mil 396 pesos con 72 centavos; en 2021
alcanzó su punto más alto, con 167 millones
270 mil 367 pesos con 8 centavos. A partir de
2022 la cifra registró una caída sostenida: 72
millones 859 mil 829 pesos con 85 centavos
ese año, 59 millones 886 mil 497 pesos con 11
centavos en 2023, y 69 millones 169 mil 153
pesos con 15 centavos en 2024.
Los reportes de la CFE precisan que, aunque
los encabezados de las tablas oficiales
consignan las cifras bajo la leyenda “Unidades
en millones de pesos” (MDP), los montos
detallados corresponden en realidad a pesos
con centavos, toda vez que una lectura literal
en millones excedería la escala lógica del
consumo regional reportado.
De acuerdo con el desglose municipal, cinco
demarcaciones concentran la mayor parte de la
afectación económica acumulada entre 2019 y
2024. Altamira encabeza la lista con 273
millones 816 mil 870 pesos con 21 centavos,
seguido de Tampico con 168 millones 800 mil
443 pesos con 88 centavos y Ciudad Madero
con 77 millones 739 mil 85 pesos con 75
centavos. González registra 43 millones 693 mil
783 pesos con 27 centavos, y Victoria cierra el
grupo de los cinco municipios con mayor
impacto económico con 42 millones 876 mil 42
pesos con 18 centavos.
El resto de los municipios reportados por la
CFE presenta montos acumulados
considerablemente menores. Mante suma 26
millones 493 mil 590 pesos con 24 centavos;
Xicoténcatl, 7 millones 836 mil 205 pesos; Soto
la Marina, 7 millones 403 mil 244 pesos con 89
centavos; Aldama, 4 millones 625 mil 525
pesos con 13 centavos; Burgos, 2 millones 921
mil 519 pesos con 85 centavos; Ocampo, 2
millones 850 mil 530 pesos con 10 centavos, y
Abasolo, 2 millones 277 mil 123 pesos con 31
centavos.
En un tercer nivel se ubican Gómez Farías, con
2 millones 39 mil 730 pesos; Jiménez, con 1
millón 690 mil 251 pesos con 66 centavos;
Nuevo Morelos, con 1 millón 322 mil 984 pesos
con 69 centavos; Antiguo Morelos, con 1 millón
319 mil 188 pesos con 60 centavos, y Tula, con
1 millón 277 mil 385 pesos con 38 centavos.
Los montos más bajos corresponden a Llera,
Hidalgo, Manuel, Jaumave, Güémez,
Miquihuana, San Nicolás, Cruillas, Villagrán y
Palmillas, municipios cuya afectación
acumulada en el periodo no rebasa los 601 mil
pesos en ningún caso, y desciende hasta los 23
mil 772 pesos con 74 centavos reportados para
Palmillas.
Más de 30 mil conexiones ilegales
Los reportes de la CFE contabilizan 30 mil 813
conexiones ilegales detectadas en Tamaulipas,
sin considerar la franja fronteriza, durante el
periodo 2019-2024. El número de detecciones
anuales fue de 5 mil 813 en 2019, 5 mil 807 en
2020 y 7 mil 160 en 2021, año en que se
registró el mayor volumen de hallazgos. La cifra
descendió a 4 mil 420 en 2022, a 3 mil 478 en
2023, y repuntó a 4 mil 135 en 2024.
Los municipios con mayor número de
conexiones ilegales detectadas coinciden con
los de mayor pérdida económica. Altamira
acumula 9 mil 768 conexiones irregulares en el
periodo, Tampico registra 4 mil 445, y Ciudad
Victoria suma 2 mil 101.
En cuanto a los responsables de estas
conexiones, la CFE documentó 18 mil 621
personas físicas o morales infractoras entre
2019 y 2024. El comportamiento anual fue de 2
mil 941 infractores en 2019, 4 mil 184 en 2020
y 5 mil 192 en 2021, año en que también se
registró el mayor número de usuarios
sancionados con corte de suministro. La cifra
bajó a 2 mil 466 en 2022, a mil 595 en 2023, y
se ubicó en 2 mil 243 en 2024.
Los documentos consultados por esta Casa
Editorial no contienen cifras sobre multas o
sanciones administrativas impuestas a los
infractores, debido a que la CFE carece de
atribuciones como autoridad sancionadora. Su
función, según se establece en los propios
reportes, se limita a determinar la energía
consumida no facturada y a suspender el
servicio, mientras que la imposición de
sanciones económicas o administrativas
corresponde a otras autoridades competentes,
cuyos nombres no se especifican en la
documentación revisada.
Suspensión del servicio y cobro retroactivo
El término “diablito” no cuenta con una
definición técnica oficial dentro de la
normatividad de la CFE, que clasifica esta
práctica como “uso indebido de la energía”. De
acuerdo con el procedimiento descrito en los
reportes, el área de Medición de la
Coordinación de Distribución es la instancia
encargada de investigar este tipo de anomalías.
Una vez detectada una conexión irregular, ya
sea de manera evidente a simple vista o
mediante tecnología especializada, el personal
de la CFE documenta el hallazgo y registra el
consumo eléctrico al momento de la inspección.
Posteriormente se notifica al usuario sobre el
uso indebido encontrado, se le muestran las
evidencias recabadas y se procede a la
suspensión inmediata del suministro eléctrico.
La comisión realiza además un cálculo de la
energía consumida que no fue registrada ni
pagada a consecuencia de la alteración. El
monto resultante debe ser cubierto por el
usuario en un Centro de Atención al Cliente
para poder restablecer el servicio.
Los reportes precisan que el personal
encargado de la toma de lecturas en los
medidores no realiza revisiones técnicas de
fondo, aunque está facultado para reportar
anomalías visibles a simple vista. Tras ese
reporte inicial, corresponde al área de Medición
acudir al domicilio señalado para realizar la
inspección formal.
La CFE reiteró que su actuación se circunscribe
a la recuperación económica del valor de la
energía sustraída, mientras que cualquier
sanción adicional queda fuera de su ámbito de
competencia y corresponde al sistema legal o
administrativo externo a la empresa.
La dependencia mantiene habilitados dos
canales para que la ciudadanía reporte
irregularidades relacionadas con el robo de
energía eléctrica: la línea telefónica 071 y la
atención presencial en cualquier Centro de
Atención al Cliente de la CFE.
