Golpe a golpe/Juan Sánchez Mendoza
La estancia de soldados, marinos y guardias nacionales, en la entidad,
no tiene por qué alamar a nadie y menos provocar lecturas malsanas.
No obstante que el patrullaje que realizan cotidianamente en los 43
municipios ha generado cualquier cantidad de críticas, cierto; pero su
presencia mucho contribuye a diezmar a la delincuencia organizada
que en su disputa territorial no sólo lastima a nuestra sociedad, sino
que la mantiene aterrorizada.
Ignoro, como cualquier otro mortal que pueble Tamaulipas, hasta dónde
pueda llegar esta guerra ajena a la sociedad, aunque sí me queda en
claro que sin la presencia castrense difícilmente habría otra opción para
enfrentar el flagelo.
Surge la referencia porque sé que el gobernador Américo Villarreal
Anaya, en sus visitas a la Ciudad de México, procura intercambiar
puntos de vista con los titulares de las secretarías de la Defensa
Nacional, Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, a fin de
refrendar los compromisos de redoblar esfuerzos y recursos humanos y
materiales en la lucha que se libra contra la delincuencia organizada en
territorio tamaulipeco.
En varias ocasiones el jefe del Ejecutivo estatal ha pedido apoyo al
Gobierno Federal para que en Tamaulipas haya mayor y mejor
presencia castrense, pues él sabe que sin la ayuda militar, de la
Armada de México y de la Guardia Nacional sería más dificultoso
resolver el problema.
De ahí su reconocimiento a las fuerzas armadas, en el sentido de que,
en la lucha contra la delincuencia organizada, la Guardia Nacional, el
Ejército Mexicano y la Marina han sido y son un gran baluarte que la
sociedad tamaulipeca reconoce y respeta por velar por la tranquilidad y
seguridad de sus bienes e integridad física.
También ha reiterado su beneplácito por los operativos emprendidos
por el Ejército Mexicano y la Armada de México en que han
decomisado armas, drogas y recursos financieros de los grupos
criminales, ya que este esfuerzo tiene como propósito fundamental
recuperar el orden y la paz; y lograr que la tranquilidad regrese a las
familias tamaulipecas.
De ahí que Tamaulipas, a partir de la suma de esfuerzos por parte de
las fuerzas armadas de México, pudiera tener un asueto veraniego en
paz y armonía.
INE, de nuevo en la mira
México podría vivir, otra vez, momentos de incertidumbre en su avance
democrático, merced a la descalificación que se hace del Instituto
Nacional Electoral (INE) como máximo órgano rector de los comicios a
celebrarse el año que viene.
Así lo dejan entrever las desacreditaciones verbales y epistolares de
algunos de los jerarcas de partidos políticos, que con su actitud avalan
una de las hipótesis más recurrentes de lo que ellos llaman
inconformidad social.
Dicen: ‘En el país existe descomposición política’.
Esa versión es la misma que han manejado durante años y años, a tal
grado que las diversas organizaciones participantes en el sistema de
partidos ni siquiera cuentan con elementos valederos para descalificar
al INE; y menos se han preocupado en reorganizar sus estructuras,
como antaño; ni en tender un sólido puente de plata a la democracia
que tanto dicen buscar.
Ejemplo de que la oposición pretende descalificar a priori el proceso
electoral, son los epítetos que desde los partidos Acción Nacional PAN)
y Somos México se lanzan en contra de sus pares, y el descrédito que
promueven en contra de ciertos consejeros del INE, dizque por no
conformar un cuerpo colegiado que en verdad garantice imparcialidad
en el proceso electoral concurrente a instalarse en septiembre próximo.
De ahí que insista:
Aquí en México se podrían presentar momentos muy delicados por la
voracidad política, y harto peligrosos, si es que los políticos se
empecinan en descalificar a la institución.
Lo que ocurre es que hoy, como antaño, esos políticos electoreros
buscan los momentos adecuados para desencadenar una crisis
política, donde el PAN entendería la legalidad sólo si pudiera
adjudicarse la mayoría en el Congreso de la Unión, igual que
Movimiento Regeneración Nacional (morena), y ‘La chiquillada’ –así se
les conoce a los partidos minoritarios–, cuando menos, lograran
conservar su registro.
Con todo ello, los protagonistas de este affaire político parecen soslayar
que su cerrazón mantiene en suspenso la estabilidad social, política y
económica de todo el país; que ya son otros tiempos y otras las
circunstancias, porque en este sistema de partidos nadie es más ni
nadie es menos, considerando la pluralidad que existe en los poderes
del Estado.
Igual, esos desestabilizadores se empeñan en acusar a los gobiernos
estatales de ser los principales promotores del clima de anarquía
política que viven en sus propios partidos, en lugar de ofrecer
respuestas sólidas que eviten los desbordamientos.
Y han caído en el juego de la oposición, sin querer recordar, quizá, que
el INE es una entidad independiente y que esa independencia tuvo su
origen, precisamente, en los planteamientos de los tres principales
partidos que contienden en este hándicap.
Por tanto, resulta absurdo pensar que un organismo incubado por los
mismos partidos políticos ahora no tenga la credibilidad que en su
momento éstos le dieron al engendrarlo.
¿De qué se trata?
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