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A partir de una denuncia presentada por la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, un juez federal con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México vinculó a proceso a un contralmirante en retiro y a tres integrantes de la institución naval, quienes serán juzgados por los delitos de peculado, cohecho y administración fraudulenta, relacionados con la adjudicación de contratos para la adquisición de medicamentos durante la administración pasada.
Los ahora imputados formaban parte del personal de la dirección general adjunta de administración de la Semar y sus presuntas irregularidades fueron detectadas por la inspección y contraloría general de la oficialía mayor, que de inmediato dio vista a la fiscalía especializada.
El Ministerio Público Federal inició una carpeta de investigación y ayer logró que, durante una audiencia, se dictara la vinculación a proceso contra el contralmirante en retiro Manuel Cervantes Acuña –quien en 2024 aún se encontraba en funciones–; el capitán Germán Díaz Olivier, ex director de control presupuestario; José Ricardo Hernández Moncada, auxiliar de la dirección general adjunta de administración, y el tercer maestre Carlos Norberto Tirado Jauri.
De acuerdo con informes del Poder Judicial de la Federación (PJF), el Ministerio Público acreditó, con apoyo de la información proporcionada por la Semar, ya bajo el mando del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, que los ahora procesados obtuvieron al menos 40 millones de pesos por concepto de cohecho.
Los cuatro vinculados a proceso fueron detenidos en flagrancia dentro de las instalaciones de la Secretaría de Marina, en la Ciudad de México. Como parte del inicio de las indagatorias, se localizaron 900 mil pesos en efectivo en el llamado camarote, espacio donde el contralmirante en retiro podía descansar; además, se aseguraron 3 millones 100 mil pesos en su vehículo.
Los actos de cohecho salieron a la luz a partir de una auditoría realizada por la inspección y contraloría general de la oficialía mayor de la Semar, tras detectar inconsistencias en pagos a proveedores y la inexistencia de documentos que respaldaran las adquisiciones realizadas entre enero y mayo de 2024, como parte de los presuntos beneficios otorgados a prestadores de servicios a cambio de dinero.
Con base en las pruebas aportadas por la fiscalía especializada, el juez federal que dictó la vinculación a proceso impuso como medidas cautelares a los cuatro marinos la presentación periódica ante la autoridad, el pago de una garantía de 50 mil pesos, la prohibición de salir del país y la restricción de acercarse a las instalaciones de la Semar.
