En Público/Nora Marianela García Rodríguez
En Tamaulipas acaba de ocurrir algo que en cualquier democracia funcional sería un
sacudimiento político; 40 de los 43 ayuntamientos recibieron dictamen de no cumplimiento por
sus cuentas públicas de 2024, y aquí apenas alcanzó para un boletín.
Solamente Altamira, Nuevo Laredo y Miquihuana obtuvieron dictamen de cumplimiento,
mientras el resto del mapa municipal quedó marcado por observaciones que la Auditoría
Superior del Estado documentó durante meses de revisión.
La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado dictaminó 199 cuentas públicas
del ejercicio fiscal 2024, de las cuales 162 corresponden a auditorías financieras y 37 a
auditorías de desempeño, dictámenes que serán votados por el Pleno.
El saldo es contundente; además de los municipios, recibieron dictamen negativo 27 Comapas,
9 sistemas DIF municipales y 4 organismos descentralizados, de modo que el andamiaje
institucional local completo mostró grietas.
El dato mayor lo aportó el auditor superior Francisco Noriega, quien informó al Congreso que la
revisión del ejercicio 2024 detectó inconsistencias por 14 mil 414 millones de pesos, un monto
25.93% superior al observado en el ejercicio 2023.
Conviene la precisión jurídica; esas observaciones siguen en proceso de solventación conforme
a la ley, de manera que no equivalen todavía a un daño patrimonial acreditado, aunque su
magnitud obliga a mirar el conjunto con detenimiento.
Para dimensionar la cifra basta un contraste; ese monto equivale a cerca del 19% del
presupuesto estatal aprobado para ese mismo ejercicio 2024, es decir, casi una quinta parte de
un año de gasto público quedó bajo revisión documentada.
Las auditorías de desempeño completan el cuadro; los programas de servicios públicos
municipales de Victoria, Ciudad Madero, Río Bravo y El Mante no pasaron la prueba, lo mismo
que las ayudas sociales de Río Bravo, Victoria y Xicoténcatl.
Eso significa que la falla no es solo contable; el gasto sin comprobación suficiente coincide con
calles sin pavimentar, agua que no llega, alumbrado intermitente y apoyos sociales cuya
evidencia de resultados no quedó acreditada ante el auditor.
En contraste, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto con los órganos autónomos,
obtuvieron dictamen de cumplimiento, señal de que el orden administrativo estatal alcanzó
estándares que el nivel municipal sigue sin tocar.
La Auditoría Superior de la Federación ya había anticipado el problema, al detectar
inconsistencias por 387.4 millones de pesos en 24 municipios tamaulipecos durante la revisión
federal de la misma cuenta 2024.
El fenómeno tampoco es nuevo; en diciembre de 2024 el propio Congreso rechazó 49 cuentas
públicas del ejercicio 2021 y 11 del 2022, entre ayuntamientos y organismos, de manera que el
descalabro dejó de ser escándalo y se volvió costumbre.
Ahí está el corazón del asunto; cuando el 93% de los ayuntamientos falla la revisión, la
explicación deja de ser la torpeza de un tesorero y se convierte en el retrato de un sistema que
opera así porque puede operar así.
La ley prevé la etapa de solventación, los municipios presentan aclaraciones y una parte de las
observaciones se desvanece en el papeleo; esta vez la Auditoría reporta 300 acciones legales y
27 expedientes de responsabilidad, aunque el antecedente inmediato son expedientes inactivos
durante años, al borde de la prescripción.
Lo que sabemos es lo que la Auditoría alcanza a documentar; lo que no sabemos es cuánto
escapa al registro en municipios donde ni siquiera existe capacidad técnica para llevar en forma
la contabilidad gubernamental que exige la ley.
Municipios rurales como Cruillas, Palmillas o San Carlos administran presupuestos mínimos
con estructuras mínimas, mientras Reynosa, Matamoros, Victoria y Tampico manejan miles de
millones; el dictamen los iguala, la magnitud no.
El caso de las Comapas merece capítulo aparte; los organismos de agua concentran 11 mil 301
millones del total observado, con un alza anual del 45.11%, y la Junta de Aguas y Drenaje de
Matamoros acumula por sí sola más de 7 mil 160 millones.
Los ayuntamientos, en cambio, concentran 2 mil 703 millones y redujeron 21.13% sus montos
observados; en un estado con acuíferos sobreexplotados y colonias sin servicio, la debilidad
financiera y la sed comparten domicilio.
La Constitución ordena que todo recurso público se ejerza con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez; el dictamen legislativo documenta cada año la distancia entre ese
mandato y la práctica en la mayoría del territorio.
La rendición de cuentas corre el riesgo de volverse ceremonia; hay informes, comisiones,
votaciones y boletines, toda la arquitectura de un Estado que se vigila a sí mismo, aunque el
desenlace rara vez altera la trayectoria de los responsables.
El lenguaje hace su parte; se habla de observaciones y no de faltantes, de inconsistencias y no
de recursos sin comprobar, de solventación y no de reintegro, un vocabulario técnico que enfría
lo que el ciudadano describiría con palabras más directas.
Mientras tanto, ese ciudadano paga predial en municipios observados, paga el agua a
Comapas dictaminadas en sentido negativo y recibe servicios evaluados como incumplidos; es
el único eslabón de la cadena que no puede solventar nada.
Hay señales que conviene registrar; la Comisión de Vigilancia sostiene que los dictámenes se
elaboraron con criterios técnicos de legalidad e imparcialidad, y el marco legal contempla
consecuencias administrativas y penales cuando no se solventa.
En términos de política pública, los datos apuntan a tres tareas verificables; profesionalizar
tesorerías y contralorías municipales, cumplir a cabalidad la armonización contable que exige la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, y fortalecer los órganos internos de control en
Comapas y DIF, donde se concentra la reincidencia.
El pronóstico se delimita a la evidencia; con tres ejercicios fiscales consecutivos de reprobación
mayoritaria, 2021, 2022 y 2024, el resultado de 2025 dependerá menos de la voluntad
declarada y más de que esas capacidades institucionales cambien de fondo, y la solventación
de los 14 mil millones será la primera medición objetiva de ese cambio, porque si el proceso
concluye una vez más en cierres administrativos sin tesorerías profesionales, sin contralorías
fuertes y sin contabilidad armonizada, el sistema habrá aprobado otro ciclo fiscal como en la
frase célebre de un famoso expresidente, haiga sido como haiga sido.
