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Expreso-La Razón
En 2021, Ahavat Logistics Solution, empresa ligada al
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sancionada
por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)
de Estados Unidos, transfirió 28 millones de pesos a una
compañía implicada en una red de contrabando de
combustible que ha sido cliente de las firmas
estadounidenses que despacharon hacia México los
cargamentos de los buques huachicoleros Challenge
Procyon y Torm Agnes.
El pasado 30 de junio el Departamento del Tesoro de
Estados Unidos, a través de la OFAC, sancionó a 2
ciudadanos mexicanos y 9 entidades vinculadas al
contrabando de combustible relacionado con el CJNG,
entre ellas Ahavat Logistics Solution, S.A. de CV.
Un requerimiento fiscal de la Secretaría de Finanzas de
Tamaulipas señala que en octubre de 2024, la
dependencia estatal solicitó a la empresa importadora
JSC Servicios Aduanales S.A.S. de C.V. aclarar la
procedencia de 100 depósitos a su favor emitidos por
Ahavat Logistics Solution en 2021. Los pagos suman un
total de 28 millones 221 mil 500 pesos.
JSC Servicios Aduanales fue notificada de las
inconsistencias a través de su representante legal,
Janeth Suhei López Campero. Sin embargo no se
encontraron registros de que la empresa haya resuelto
los señalamientos del gobierno de Tamaulipas.
JSC Servicios Aduanales es identificada como presunta
socia comercial de Ikon Midstream en México, encargada
de importar productos petrolíferos de la comercializadora
estadounidense.
La compañía texana fue la responsable de despachar el
cargamento del buque Torm Agnes, el cual introdujo
ilegalmente 11 millones de litros de diésel a través de los
puertos de Guaymas, Sonora, y Ensenada, Baja
California, en marzo de 2025.
El esquema de contrabando consistía en ingresar el
combustible simulando que se trataba de aceites y
lubricantes. Así se elude el impuesto correspondiente en
territorio mexicano.
En la plataforma de información sobre comercio exterior
Veritrade, JSC Servicios Aduanales figura como
importadora de productos provenientes principalmente de
Estados Unidos y Colombia, con importaciones por un
valor de 74.5 millones de dólares entre 2020 y 2023, así
como exportaciones que ascienden a 297 mil 500 dólares
en ese mismo periodo, siendo su principal producto
importado los aditivos para aceites lubricantes,
procedentes de Estados Unidos.
Según los registros de Veritrade, JSC Servicios
Aduanales fue también uno de los principales clientes de
Hevi Logistics LLC, empresa estadounidense señalada
de enviar a México la carga del buque Challenge
Procyon, del cual en marzo de 2025 el gobierno
mexicano decomisó 10 millones de litros de diésel en
Tampico, Tamaulipas, el aseguramiento más grande de
huachicol en el país.
Ese mismo mes, en otro operativo en tierra, se
aseguraron 192 contenedores, 29 tractocamiones,
armamento y vehículos, 3 camionetas tipo pick-up,
equipos de cómputo, entre otros materiales.
El decomiso histórico derivó en la detención de los
hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna,
sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán,
señalados de liderar una organización dedicada al
contrabando de hidrocarburos provenientes de Estados
Unidos, y la revelación de una red de huachicol de la que
formaban parte otros elementos de la Marina mexicana.
Pese a que las autoridades judiciales mexicanas no han
informado públicamente una investigación o acciones en
contra de JSC Servicios Aduanales, el permiso de
importación de la compañía fue “revocado totalmente” en
junio de 2024, según el registro de contribuyentes
suspendidos por Autoridad en el Padrón de Importadores
del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Las causas de la revocación, según el documento,
fueron: no presentar las declaraciones de los impuestos
federales, no haber cumplido con alguna otra obligación
fiscal, no contar con documentación que ampare las
operaciones de comercio exterior y no atender los
requerimientos de las autoridades fiscales o aduaneras
para presentar la documentación e información que
acredite el cumplimiento de sus obligaciones.
Permiso hasta abril de 2026
La extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) emitió
un permiso el 26 de junio del 2020 en favor de Ahavat
Logistics Solution, S.A. de C.V. para llevar a cabo la
comercialización de petrolíferos (diésel y gasolinas) al
interior del país. La vigencia de la autorización se
estableció por un periodo de 30 años.
De acuerdo con el permiso expedido, entre las
obligaciones que debía cumplir la empresa está
presentar información sobre los precios y volúmenes de
comercialización de combustible de acuerdo con los
reportes que solicite la comisión para fines estadísticos,
regulatorios y de supervisión.
El acuerdo de resolución que autorizó otorgarle el
permiso a la empresa, que ahora está sancionada por el
gobierno de los Estados Unidos, fue firmado por los
entonces comisionados Hermilo Ceja Lucas, José Alberto
Celestino Isaacs, Norma Leticia Campos Aragón,
Guadalupe Escalante Benítez, Luis Linares Zapata, Luis
Guillermo Pineda Bernal y el entonces presidente de la
Comisión, Leopoldo Vicente Melchi García.
En los registros de la actual Comisión Nacional de
Energía (sucesora de la CRE), Ahavat Logistcs Solution
todavía mantenía vigente su permiso de comercialización
de combustible hasta abril del presente año.
Complicidad en Aduana de Matamoros
Analee de Jesús Juraidini Silva, hermana de Óscar
Guillermo Juraidini Silva —sancionado el pasado 30 de
junio por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG) en una red de contrabando de combustible—,
funge actualmente como funcionaria de la Aduana de
Matamoros, terminal por la que, de acuerdo con una
investigación de la organización Mexicanos Contra la
Corrupción y la Impunidad (MCCI), habrían ingresado
ilegalmente al país millones de litros de huachicol fiscal.
De acuerdo con información de los portales Nómina
Transparente y Declaranet citada por MCCI, Juraidini
Silva labora desde agosto de 2019 como Jefa de
Departamento de Trámites y Asuntos Legales de la
Aduana de Matamoros. Se trata del mismo cargo que,
según sus propias declaraciones patrimoniales, ocupó
hasta 2022 Carlos Eugenio Benítez Orta, quien de
acuerdo con fuentes consultadas por Grupo Reforma
facilitaba desde esa misma aduana el cruce de pipas
cargadas de combustible de contrabando pertenecientes
a la red de Óscar Juraidini, a través del puente
internacional Ignacio Zaragoza-Los Tomates. Benítez
Orta fue detenido en Texas y extraditado a México a
inicios de junio.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del
Departamento del Tesoro incluyó el 30 de junio a Óscar
Juraidini Silva y a varias empresas transportistas bajo su
control en la lista de sancionados, al señalarlo como
parte de una red de huachicol fiscal que generó
ganancias por decenas de millones de dólares para el
CJNG en los últimos años. La dependencia
estadounidense lo describe como la mente maestra
detrás de varias de las operaciones financieras del cártel.
Fuentes consultadas por MCCI sostienen,
adicionalmente, que Juraidini Silva controlaba los
puentes fronterizos de Los Indios y Los Tomates, en
Matamoros.
De acuerdo con declaraciones patrimoniales de 2020 y
2021 revisadas por MCCI, Analee Juraidini Silva llegó a
tener bajo su control, dentro de esa misma aduana, la
operación del Sistema de Control de Bienes de Comercio
Exterior Embargados o en Abandono (SICOBI), utilizado
por las autoridades aduaneras para registrar y dar
seguimiento al estatus legal y destino final de las
mercancías embargadas por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT). La funcionaria aparece
en la última nómina vigente publicada en el portal
Nómina Transparente, correspondiente al 15 de junio,
con un sueldo bruto mensual de 30 mil 890 pesos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha
señalado, en documentos previos sobre estructuras de
huachicol fiscal, que los cárteles destinan parte de las
ganancias de ese contrabando a financiar campañas de
políticos dispuestos a ceder puestos administrativos
clave dentro del gobierno que faciliten sus operaciones.
Benítez Orta, por su parte, laboró desde 2008 en el SAT
y, a partir de 2024, en la Agencia Nacional de Aduanas
de México (ANAM), donde se desempeñó como Jefe de
Departamento de Trámites y Asuntos Legales de la
Aduana de Matamoros —el mismo cargo que ocupa
actualmente la hermana de Óscar Juraidini— y, desde
2023, como Subdirector con funciones de supervisión de
verificadores para el reconocimiento aduanero y la
elaboración de actas de Procedimiento Administrativo en
Materia Aduanera (PAMA), documento mediante el cual
la autoridad formaliza el embargo de mercancías cuando
detecta irregularidades en importaciones y
exportaciones. Pese a haber sido detenido el 12 de junio,
Benítez Orta continuaba apareciendo en nómina al
momento de la publicación de la investigación de MCCI,
con el cargo de Subadministrador de Operación
Aduanera y un sueldo bruto mensual de casi 45 mil
pesos.
MCCI documentó que no es la primera vez que familiares
de presuntos integrantes de estructuras de crimen
organizado ocupan cargos dentro del sistema aduanero
mexicano. Julio César Carmona Angulo, hermano de
Sergio Carmona Angulo —identificado en su momento
como “el Rey del Huachicol” y posteriormente asesinado
—, fue nombrado administrador de la Aduana de
Reynosa en 2019, al inicio del gobierno del entonces
presidente Andrés Manuel López Obrador.
La organización publicó, un día antes de esta
investigación, que el gobierno de Rubén Rocha Moya en
Sinaloa transfirió fondos a Ahavat Logistics Solution, una
de las empresas identificadas por el Departamento del
Tesoro como parte de la red de lavado de dinero
vinculada al huachicol fiscal del CJNG, y por la cual
fueron sancionados tanto J. Refugio Ruiz Villagómez
como Óscar Guillermo Juraidini Silva.
La investigación de MCCI documenta, además, dos
procesos judiciales previos relacionados con Óscar
Juraidini. El 13 de marzo de 2025, presentó una
demanda de amparo para exigir la devolución de dos
tractocamiones y dos semirremolques cargados con
combustible, incautados por la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC) durante un operativo
realizado el 15 de febrero de ese año en el municipio de
China, Nuevo León, en el que además fueron detenidas
dos personas. Por esos hechos, la Fiscalía General de la
República (FGR) abrió la carpeta de investigación
FED/NL/CHN/0000526/2025 por el delito de transporte
ilícito de hidrocarburo. Un juez de control calificó como
ilegal la detención de ambas personas el 18 de febrero y,
días después, dictó auto de no vinculación a proceso y el
sobreseimiento total de la causa; el expediente público
disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de
Expedientes del Órgano de Administración Judicial no
detalla los motivos de esa determinación ni el rol de los
detenidos. Acreditada la propiedad de los vehículos y del
combustible, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia
Penal en Nuevo León concedió el amparo y ordenó a la
FGR la devolución de las unidades a Juraidini.
En enero de este año, Óscar Juraidini presentó una
segunda demanda de amparo, en este caso contra una
orden de aprehensión en su contra. El Juzgado Sexto de
Distrito en Materia Penal en Nuevo León admitió el
recurso y solicitó a Juraidini precisar con exactitud los
hechos y las autoridades a las que atribuía dicha orden;
ante la falta de respuesta, la demanda fue desechada.
