INDICADOR POLITICO/Carlos Ramírez
El arresto del exgobernador guerrerense Ángel Aguirre Rivero le dio un giro espectacular a la
investigación del caso Ayotzinapa que ya había agotado sus pistas ineficaces e inexistentes
con los militares y abrió una nueva línea indagatoria que estaría afectando al PRD de 2014 y la
protección que recibieron del candidato presidencial perredista Andrés Manuel López Obrador.
Doce años se estaría tardando la justicia en dar por cancelada la artificial pista que quería
involucrar al Ejército como el responsable directo de la represión, cuando todos los datos
involucraban a las autoridades municipales y estatales que ejercían el poder bajo la bandera
del PRD.
La última recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(Recomendación 208VG/2026) negó la supuesta pista militar: que había un infiltrado castrense
en los estudiantes y que presuntamente fuerzas militares habían recibido y desaparecido a los
43 estudiantes. Sin embargo, todas las evidencias conocidas y públicas habían revelado que la
policía municipal de Iguala bajo el mando del alcalde perredista José Luis Abarca había
detenido a los estudiantes en autobuses secuestrados y los entregó al grupo de
narcotraficantes de Guerreros Unidos.
Abarca había llegado candidatura municipal y la victoria con el apoyo directo del entonces
candidato presidencial del PRD López Obrador. Y la hipótesis de sobra conocida insistió en que
los estudiantes habían secuestrado autobuses para ir a reventar una reunión de la esposa del
alcalde abarca que se perfilaba como candidata sucesora a la presidencia municipal de Iguala y
que la orden de Abarca a sus propios policías municipales había sido en el sentido de que
detuvieran a los jóvenes a cualquier precio y que los entregaran a los grupos de narcos, sobre
todo porque se supo después que el autobús secuestrado escondía un cargamento de droga
que se estaba dirigiendo hacia Estados Unidos.
Guerrero era entonces una plaza políticamente propiedad del PRD, entonces dirigido por
Carlos Navarrete. El gobernador era Ángel Aguirre Rivero, un político profundamente priista que
había pertenecido al grupo del cacicazgo del viejo Rubén Figueroa Figueroa y que comandaba
en ese momento su hijo Rubén Figueroa Alcocer, el mismo que había sido destituido como
gobernador por un dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la nación por su complicidad
la represión campesina e indígena en Aguas Blancas en 1995.
Aguirre Rivero fue convencido en 2011 de competir por la gubernatura del Estado bajo el
padrinazgo del PRD, y el encargado de convencerlo a abandonar el PRI fue nada menos que
el expriista y jefe de gobierno del Distrito Federal por el PRD Marcelo Ebrard Casaubón,
incluyendo su desplazamiento al territorio guerrerense para negociar el cambio de bandera y
de partido.
Por decisión política y manipulación de los padres de los 43 estudiantes secuestrados, la
investigación del suceso llegó de manera tardía al nivel federal porque el presidente Enrique
Peña Nieto y su procurador Jesús Murillo Karam habían estado ajenos al suceso y lo veían
más como un conflicto –como en verdad lo era– local. Los familiares de los estudiantes
crearon el argumento de que el responsable de la desaparición de los 43 estudiantes –que a
la fecha se niegan a aceptar su muerte– “fue el Estado”.
Sin embargo y a lo largo de 12 años, se investigaron todas las pistas basadas en la hipótesis
de crimen de Estado y no se encontraron evidencias periciales de responsabilidad federal. Aquí
en Indicador Político insistimos que aquella sangrienta noche de Iguala y el secuestro de 43
estudiantes por la policía municipal constituía todo el perfil de un “Tlatelolco del PRD”, es decir,
una represión política de estudiantes que involucraba a las autoridades municipales y estatales
del Partido de la Revolución Democrática.
La recomendación última de la CNDH hace varias semanas había finalmente deslindado
cualquier participación directa y activa del Ejército y a partir de ahí se abrieron nuevas líneas
de investigación que retomaron expedientes polvosos que involucraban presunta
responsabilidad local de perredistas.
El arresto de Aguirre Rivero –una de las figuras del viejo priismo caciquil de Figueroa que
todavía tiene grupos de poder en el estado– está obligado a revisar la responsabilidad política
del PRD y de los gobernantes del municipio de Iguala y de Guerrero en la orden de secuestrar
a los estudiantes para proteger a a una precandidata municipal perredista y entregarlos a
grupos de narcotraficantes, quiénes, según la investigación del procurador Murillo, habían sido
protegidos políticamente por el PRD.
También, el arresto de Aguirre Rivero deja suelto un hilo por ahí que andaría buscando la
forma de entretejerse en la nueva investigación: los perredistas del 2012 en Guerrero hoy
forman parte del nuevo partido Somos México, del cual uno de sus militantes y participantes
activos, Ernesto Ruffo Appel, está procesado penalmente por el delito de huachicol fiscal.
En política todos los hilos forman parte del mismo tejido.
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Política para dummies: la política a veces llega muy tarde, pero llega.
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