Inteligencia Ciudadana: Economía, Finanzas y más/Alfredo Torres
En el ámbito deportivo para que un partido sea justo, el árbitro no solo debe existir; tiene que hacer sonar el silbato cuando alguien rompe las reglas; a esto, en economía y ciencias sociales, le nombramos Estado de Derecho. La política adora este término, se repite en cada campaña y en cada informe, pero, en la práctica, ¿qué significa realmente y que efectos tiene en nuestras finanzas personales?, en términos simples, el Estado de Derecho es la garantía de que, la ley es superior y aplica para todos por igual, es la certeza de que la propiedad privada se respeta, los contratos tienen validez y que, si alguien violenta nuestros derechos o nos afecta, habrá consecuencias, sin tal certeza, la economía de un país no trabaja con libertad, más bien queda expuesta a la ley de la selva.
Para entenderlo mejor veamos lo que reporta el Índice de Estado de Derecho 2023 del World Justice Project (WJP), nuestro país de acuerdo con el índice se ubica en el lugar 116 de 142 países evaluados, con calificaciones alarmantemente bajas en justicia civil y considerablemente altas en corrupción. ¿Cómo se traduce esta falta de justicia y legalidad en nuestra economía diaria? Veamos: Por un lado, tenemos un impacto microeconómico en los principales motores de nuestra economía; las Pymes no pueden prosperar, si el estado es incapaz de brindar seguridad. Lo anterior más bien genera un impuesto oculto y malicioso, pues se instala gracias a las extorciones del crimen organizado. Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del INEGI, esta clase de delitos cuestan a las empresas mexicanas más de 120 mil millones de pesos al año, es decir, pensemos en un productor de limón, de aguacate o en el dueño de una pequeña tienda que debe pagar “derecho de piso” a grupos criminales, tal extorsión es, en los hechos, un impuesto regresivo y brutal cuando el Estado falla en su deber estricto de brindar seguridad que al final, el emprendedor o la empresa termina subsidiando tal impunidad, provocando además una reducción en la creación de empleos y encareciendo los productos, causando más daño al tejido social.
Siguiendo este orden de ideas, veamos el impacto macroeconómico que tiene la usencia de un Estado de Derecho, conocido como la fuga de capitales por incertidumbre en las leyes. Dicho de otra manera, el dinero es sumamente cobarde; huye donde hay riesgo y se instala donde hay certeza, en los últimos años en América Latina, hemos visto gobiernos cambiar repentinamente las reglas del juego en sectores estratégicos como la energía o infraestructura especializada, o cancelando contratos ya firmados bajo el discurso de la “soberanía”. Ahora bien, es importante recordar que, instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han señalado repetidamente que la debilidad institucional frena la Inversión Extranjera Directa, y no necesitamos ir muy lejos para comprobarlo, según el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) del INEGI, a inicios de este año, la percepción empresarial sobre el “momento adecuado para invertir” en sectores como la construcción cayó a un raquítico 21.7 puntos. ¿Por qué el sector privado entonces guarda su dinero?, porque nadie invierte su capital en una cancha donde el árbitro puede cambiar el tamaño de las porterías a medio partido. La verdadera justicia social no se logra repartiendo el dinero de los demás, sino garantizando un sistema de reglas claras, de rendición de cuentas y cero impunidades, la prosperidad de una nación no se decreta, se construye, si no exigimos que el Estado cumpla primero con su deber más básico brindar certeza y seguridad, cualquier otra promesa política es fantasía. Reflexionemos entonces sobre, ¿Qué mecanismos de rendición de cuentas deberíamos exigir como ciudadanos para obligar al Estado a garantizar un verdadero Estado de Derecho?
