Por. Perla Reséndez
Expreso-La Razón
TAMAULIPAS, MÉXICO.- Los propietarios de vehículos con placas de Tamaulipas que fueron nacionalizados mediante el decreto federal correspondiente ya podrán realizar el cambio de propietario en las oficinas fiscales del estado, informó el Secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González.
El funcionario explicó que el trámite podrá realizarse siempre que el vehículo se encuentre sin adeudos y tanto el comprador como el vendedor presenten la documentación requerida.
“Si un carro trae placas de Tamaulipas, fue nacionalizado durante el decreto, acérquense a las oficinas fiscales y se puede llevar a cabo el cambio de propietario”, afirmó.
Ramírez González detalló que para realizar el procedimiento, el comprador y el vendedor deberán presentar su credencial del INE, además de cubrir los pagos correspondientes por la baja y el alta del vehículo.
Uno de los principales requisitos es que la unidad se encuentre al corriente en sus obligaciones fiscales, por lo que recomendó verificar previamente que no existan adeudos.
“Siempre y cuando cumpla con cero adeudos, traiga sus credenciales, sus INE’s, el comprador y el vendedor, paguen la baja correspondiente y paguen la alta correspondiente”, explicó.
El secretario de Finanzas señaló que el objetivo es facilitar la actualización de los registros vehiculares de aquellas unidades que fueron regularizadas durante la vigencia del decreto de nacionalización.
De acuerdo con una estimación de la Secretaría de Finanzas, alrededor de 250 mil vehículos podrían encontrarse en esta situación, considerando el periodo completo de vigencia del decreto de nacionalización.
Ramírez González llamó a los propietarios interesados en realizar el cambio de propietario a revisar primero su situación fiscal y, una vez cumplidos los requisitos, acudir a las oficinas fiscales para efectuar el trámite correspondiente.
El funcionario hizo énfasis en que contar con placas de Tamaulipas y haber realizado la nacionalización mediante el decreto permite acceder al procedimiento, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la autoridad estatal.
La apertura de este trámite representa un giro respecto a la postura oficial reciente, pues las Oficinas Fiscales se abstenían de procesar cualquier transferencia.
El decreto federal que dio origen al programa de regularización, vigente desde 2022, fue derogado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a partir del 1 de enero de 2026, tras permitir la nacionalización de cerca de 3 millones de vehículos en el país.
En Tamaulipas, la Oficina Fiscal reportó en julio de 2026 la nacionalización de aproximadamente 586 mil 600 vehículos durante la vigencia del programa.
El programa operó en 16 entidades federativas: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
Tamaulipas, Chihuahua y Baja California concentraron alrededor de 50 por ciento del total de vehículos regularizados a nivel nacional, de acuerdo con un reporte de IMER Noticias publicado en enero de este año.
Para Baja California, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal reportó en julio de 2023 un total de 278 mil 096 vehículos regularizados, cifra correspondiente a la mitad de la vigencia del decreto y no a su cierre definitivo.
El decreto, publicado originalmente el 19 de enero de 2022, fue prorrogado en múltiples ocasiones antes de que el Gobierno federal decretara su cierre definitivo a partir del 1 de enero de 2026. La medida, publicada el 31 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, abrogó el acuerdo original de octubre de 2021 y el decreto de diciembre de 2022, así como sus reformas posteriores.
El esquema de regularización tuvo su origen en el «Acuerdo por el que se Instruyen Diversas Acciones a las Dependencias que se indican, en Relación a la Importación Definitiva de Vehículos Usados», publicado el 18 de octubre de 2021, mediante el cual se encomendó a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Seguridad y Protección Ciudadana diseñar un mecanismo para incentivar la legalización de autos usados de procedencia extranjera que circulaban de manera irregular en estados con alto índice de población migrante en Estados Unidos y Canadá.
El decreto formal se publicó el 19 de enero de 2022, con una fe de erratas el 21 de enero del mismo año, y estableció como requisitos que el propietario fuera persona física, mayor de edad y residente en alguno de los estados participantes; que el vehículo tuviera cierta antigüedad mínima según la versión del decreto vigente en cada momento; y que se presentara una manifestación bajo protesta de decir verdad de que la unidad no estaba relacionada con la comisión de algún delito. El trámite tenía un costo de 2 mil 500 pesos y permitía regularizar un solo vehículo por persona.
El programa se sostuvo mediante prórrogas sucesivas a lo largo de casi cuatro años. Entre sus modificaciones más relevantes se incorporó, en 2023, la posibilidad de regularizar vehículos cuyo número de identificación vehicular (NIV) correspondiera a ensamblaje en México, Estados Unidos o Canadá, y se amplió el padrón de estados participantes de 10 a 16 entidades.
El cierre del decreto, ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y publicado el 31 de diciembre de 2025, se justificó oficialmente en que el instrumento ya había cumplido su objetivo original. La propia mandataria explicó en conferencia matutina que continuar el esquema implicaba «un uso mayor de lo que establecía el Decreto» y aclaró que los vehículos que hubieran entrado al país antes de que concluyera 2025 aún tendrían posibilidad de regularizarse, aunque bajo condiciones distintas, a través de otro decreto vigente para la importación definitiva de vehículos usados.
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) celebró públicamente la derogación, al considerar que la regularización masiva de casi 3 millones de unidades había generado competencia desleal frente al mercado formal de autos nuevos y usados, además de facilitar prácticas de contrabando vehicular. Con el cierre del programa, cualquier importación de vehículos usados de procedencia extranjera deberá ajustarse a partir de 2026 a la Ley Aduanera y a los lineamientos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
