En visto | Dora Alicia de la Cruz
El caso Dafne podría tener alguna implicación política, si la investigación no
garantiza transparencia y si la aplicación de la justicia, no alcanza a todas las
personas que pudieran tener responsabilidad. Cualquier percepción de que las
influencias prevalecen sobre la ley, pondrá en entredicho la credibilidad de la
Fiscalía, así como del nuevo Poder Judicial y la ciudadanía no lo perdonaría.
La Magistrada Tania Contreras, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en
Tamaulipas, declaró que la vinculación de las tres personas procesadas por el
feminicidio de la adolescente, está debidamente argumentado en lo jurídico y
respaldado por el Tribunal; es decir, avalados los delitos por los que se les está
vinculando, a pesar de que al Director Jorge Ponce “N”, se le asocia sólo al delito de
omisión, aunque es una verdad social, que su autoridad como responsable frente a
la institución, fue determinante para que se cometiera el delito y demás agresiones
contra algunos otros menores.
La Magistrada dice que en el caso Dafne, hay una realidad jurídica y no es la que
está en las redes sociales; sin embargo, en las plataformas digitales se señalan
verdades, como el caso del señor Gabriel Alejandro “N”, padre de Dafne, que en el
2019 fue vinculado a proceso por el delito de violación equiparada en agravio de su
hija, Dafne; existe el número de expediente, entonces esta será solo una verdad
digita… ¿no será tomada en cuenta?
Pero además, lo cierto es que la abogada de Dafne, es pareja sentimental del padre
de Dafne, que pertenece a un bufete de Tampico, donde se habla de compadrazgos
y amistades con altos funcionarios del ayuntamiento local, trascendió que fueron los
motivos por lo que hoy ya no representa el caso del feminicido.
En el caso de a Dafne, no solo hay uno, o dos-tres responsables; hay otros delitos
como es el conflicto de intereses en la academia, con una red familiar, en la que el
Director, que se dice propietario de la institución, es cuñado de la cuidadora,
Estrellita, del comandante Jesús Mora, y de América Mora, del área de disciplina que
era más bien de sometimiento; toda una red hermética en la que sólo había
presuntos cómplices.
La impunidad también se vota. Si los responsables o cómplices quedan en libertad,
la ciudadanía tendrá la última palabra en las urnas, en 2028 y nuevamente en 2030,
no para el partido, sino para quienes están frente a este caso para aplicar la justicia.
La magistrada Tania Contreras es mencionada entre el cuarteto de mujeres que
podrían ser tomadas en cuenta como aspirantes de Morena a la gubernatura. Sin
embargo, su escenario político podría cambiar si no se dan los resultados de justicia
que exige la ciudadanía en el caso Dafne.
Hoy no tiene la candidatura y, desde luego, nadie puede asegurar que la tendrá.
Pero si se cometen errores en la aplicación de la justicia, el costo político puede ser
mayor.
Por eso, el nuevo Poder Judicial está hoy frente a una prueba que va más allá del
caso Dafne: demostrar que la justicia es para todas y todos, sin privilegios y sin
decisiones a modo. También es momento de que quienes tienen una responsabilidad
en la impartición de justicia den la cara y asuman su papel.
Se ha dicho que existe un juez, un órgano interdisciplinario y distintas instancias para
revisar el caso, pero la pregunta es inevitable: ¿realmente será necesario
equivocarse para que después otros Magistrados tengan que corregirlo?
La ciudadanía está informada. Las redes sociales son una realidad y, aunque no
siempre reflejan toda la verdad que orienta la opinión pública, sí tienen hoy un peso
importante para publicar, cuestionar y generar opinión.
Y la gente también vota. Si percibe impunidad o una justicia torcida, el regreso de los
viejos vicios que alimentaron la transformación del sistema, puede cobrar factura en
las urnas venideras.
