Zoon Politikon / José L. Archundia
Lo primero que llamó la atención esta semana no fue lo que dijo Andrés García Repper en Aristegui en Vivo, sino cómo lo dijo: con el entusiasmo de quien por fin logra su entrevista nacional. Y ya encarrerado, sin que nadie se lo hubiera preguntado, se puso a explicar por qué considera a Cabeza de Vaca «prófugo de la justicia». El dato saltó en medio de una charla que tuvo más afán protagónico que informativo.
Durante ocho años han desfilado cuatro personajes por la Fiscalía con el mismo defecto de origen. Ninguno pudo hacer de ese aparato legal una institución, un contrapeso real; en realidad, estuvieron y están subordinados al Poder Ejecutivo. Desde que se creó en 2017 se han acumulado más de mil denuncias por corrupción. Y de esa carga de expedientes apenas un puñado terminó en sentencia. El resto se quedó archivado, prescrito o simplemente olvidado en algún cajón de Ciudad Victoria.
Javier Castro Ormaechea fue el primero, y con él la Fiscalía apenas caminaba: seis carpetas judicializadas en todo su primer año completo. Pero el verdadero uso que le encontraron llegó después, con Raúl Ramírez Castañeda, el fiscal que Cabeza de Vaca colocó ahí en 2021. Bajo su mando, la corporación descubrió su vocación real: no perseguir la corrupción, sino cobrar cuentas pendientes. Ahí está el caso de Eugenio Hernández, casi seis años en prisión por acusaciones que distintos jueces federales fueron tumbando una tras otra, hasta dejarlo libre sin cargo firme.
Tampoco hay que olvidar la campaña de 2022. Cuando ya se veía venir la derrota panista, el aparato de justicia estatal se activó contra el equipo de Américo Villarreal: alcaldes con orden de aprehensión encima, un dirigente de Morena detenido en Madero sin que quedara claro por qué y, según se denunció entonces desde la tribuna del Senado, instrucciones para armar hasta 40 expedientes nuevos contra gente cercana al candidato morenista. Villarreal tuvo que subir a esa misma tribuna, con Monreal y Delgado al lado, a contar el acoso que vivían él, su familia y su equipo. El gobierno de Cabeza de Vaca lo negó todo, por supuesto.
Con el cambio de gobierno se esperaba otra cosa, y llegó una versión más discreta del mismo problema. Jesús Eduardo Govea Orozco aprovechó su breve paso al frente para sacar 15 órdenes de aprehensión contra gente cercana al expanista, algo que sirvió para un buen titular, pero no tanto para sostener resultados: treinta y una carpetas judicializadas en un año apenas alcanzan para justificar el sueldo, aunque sí le alcanzó a él para saltar a la Fiscalía General de Justicia.
Ahora está García Repper, quien llegó en febrero prometiéndole al Congreso que no cobraría facturas políticas ni haría cacerías de brujas. Ocho meses después, lo único que ha producido son negaciones: no hay caso, no hay persecución, no hay imputación, y esta semana, una clasificación jurídica sobre un exgobernador que justo acaba de anunciar que quiere ser presidente en 2030. Puede que sea coincidencia. En esta Fiscalía, sin embargo, las coincidencias siempre llegan puntuales al calendario político.
Al final, la historia se repite con distintos nombres: una institución que debía vigilar el dinero público terminó vigilando enemigos políticos, primero de un color y ahora de otro, sin que nadie se moleste demasiado en perseguir la corrupción de verdad.
