Opinión Económica y Migratoria/Jorge A. Lera Mejía
El récord de operaciones migratorias registrado en Estados Unidos durante julio de 2026 coloca
a la política de deportaciones de la administración de Donald Trump ante una nueva etapa: los
números de detenciones crecen con rapidez, pero comienza a adquirir mayor relevancia la
pregunta sobre cuál puede ser el costo económico de retirar de determinados sectores a una
fuerza laboral que durante décadas se ha integrado a la estructura productiva estadounidense.
Conviene precisar un dato fundamental: ICE reportó 49,571 arrestos durante julio, no 50 mil
deportaciones. La cifra representa el máximo mensual de arrestos durante el segundo mandato
de Trump, 15% más que los 43,021 de junio y 70% por encima de los 29,241 de febrero.
El ritmo equivale a aproximadamente 1,599 arrestos diarios durante julio.
De acuerdo con reportes recientes, la administración federal ha establecido como referencia
operativa alcanzar alrededor de 2,000 arrestos diarios, mientras que Trump ha planteado como
objetivo político deportar hasta un millón de inmigrantes indocumentados anualmente.
La diferencia entre arrestar y deportar resulta esencial. Una detención puede terminar en
liberación, proceso migratorio, traslado o remoción. Por ello, los casi 50 mil arrestos de julio no
deben presentarse automáticamente como 50 mil deportaciones.
El verdadero punto de inflexión podría encontrarse en la economía laboral.
Datos del Pew Research Center muestran que en 2023 los trabajadores indocumentados
representaban 15% de la fuerza laboral de la construcción, 14% de la agricultura y 8% de ocio y
hospitalidad. En ocupaciones específicas, alcanzaban 24% de los trabajadores agrícolas y 19%
de los trabajadores de la construcción.
La agricultura constituye quizá el ejemplo más sensible.
La Economic Research Service del Departamento de Agricultura señala que entre 2020 y 2022
aproximadamente 42% de los trabajadores contratados en cultivos carecía de autorización
laboral, mientras 19% correspondía a inmigrantes autorizados y 32% a trabajadores nacidos en
Estados Unidos.
Además, 55% de los trabajadores agrícolas eran de origen mexicano.
La construcción y los servicios también enfrentan una dependencia significativa.
El Bureau of Labor Statistics reportó que en 2024 los trabajadores nacidos en el extranjero
tenían una participación considerablemente mayor que los nativos en servicios, recursos
naturales, construcción, mantenimiento, producción, transporte y movimiento de materiales.
En este contexto aparece el dato económico mexicano más contundente.
En 2025, la masa salarial de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos alcanzó 1.0868
billones de dólares, equivalente a 59.2% del PIB de México.
De ese monto, 717,444 millones correspondieron a estadounidenses de origen mexicano y
369,325 millones a migrantes mexicanos. La masa salarial se duplicó en una década.
Pero existe otro dato que modifica la percepción tradicional sobre la migración: el 80% de los
ingresos de los mexicanos en Estados Unidos permanece en territorio estadounidense,
mediante consumo, ahorro y pago de impuestos; solamente alrededor de 20% se transforma en
remesas hacia México.
La dimensión productiva es todavía mayor.
Una investigación de UCLA estima que los 38 millones de residentes de origen mexicano en
Estados Unidos generaron alrededor de 2.27 billones de dólares de PIB en 2024, volumen
comparable con la octava economía mundial.
Así, el debate comienza a trasladarse de la frontera al mercado laboral.
Un estudio del National Bureau of Economic Research concluye que una reducción sustancial
de trabajadores indocumentados podría generar aumentos salariales iniciales para algunos
trabajadores nativos, pero también una pérdida de capital y menores salarios reales en el largo
plazo; además, los precios de sectores intensivos en trabajadores indocumentados, como la
agricultura, tenderían a aumentar.
El desafío para Estados Unidos será determinar dónde se encuentra ese punto de inflexión: el
momento en que una política de deportación puede comenzar a producir vacantes difíciles de
cubrir, menor producción agrícola, mayores costos de construcción, presión sobre restaurantes
y hoteles y encarecimiento de determinados bienes y servicios.
La experiencia reciente sugiere que sustituir rápidamente esa mano de obra no es sencillo.
Incluso cuando existen trabajadores estadounidenses disponibles, las diferencias de ubicación,
salarios, temporalidad, capacitación y condiciones laborales dificultan una sustitución
inmediata.
El récord de ICE, por tanto, representa mucho más que una estadística migratoria.
Los 49,571 arrestos de julio muestran la capacidad operativa alcanzada por la política de
enforcement; los próximos meses permitirán observar la otra cara de la ecuación: cuánto puede
absorber el mercado laboral estadounidense la salida de trabajadores migrantes sin trasladar el
costo a la producción, los precios, las empresas y finalmente a los consumidores.
En esa tensión entre seguridad fronteriza, política migratoria y productividad económica estará
uno de los debates más importantes de la relación Estados Unidos-México durante el segundo
semestre de 2026.
