Razones/Martha Irene Herrera
En política hay personajes que, con el paso del tiempo, terminan dejando una huella por sus
resultados o por la manera en que ejercieron el cargo. Y hay otros cuya trayectoria parece
avanzar más por la circunstancia política que por los resultados que pueden presumir.
Uno de ellos es Mario Alberto López Hernández, “La Borrega”, exalcalde de Matamoros de
2018 a 2024, quien llegó a la presidencia municipal abanderado por la coalición Juntos
Haremos Historia, integrada por Morena, PT y PES. Después de seis años al frente del
Ayuntamiento, dio el salto a la Cámara de Diputados.
Su paso por la diputación federal ha sido gris, como lo fue su desempeño al frente del
Ayuntamiento de Matamoros. Ahora, como diputado federal al que llegó postulado por el Partido
Verde Ecologista de México —instituto que ya se ha deslindado de él como su representante—
y con Morena también marcando distancia, parece decidido a hacer ruido.
Y vaya que encontró la manera.
López Hernández trae entre manos una iniciativa que ha generado preocupación y molestia
entre ciudadanos porque toca directamente un derecho fundamental: la libertad de expresión.
El diputado propone reformar el artículo 404 del Código Penal Federal para establecer
sanciones de hasta mil días de multa a los ministros de culto que, durante actos propios de su
ministerio, induzcan expresamente al electorado a votar a favor o en contra de un candidato o
partido político, o a abstenerse de votar.
Y aquí está el verdadero asunto: ¿por qué? ¿Por qué un legislador considera necesario
endurecer las sanciones relacionadas con lo que pueden expresar los ministros de culto
durante un proceso electoral?
México es un Estado laico y existen reglas para la participación de los ministros de culto en
materia electoral. Nadie cuestiona que esas reglas deban cumplirse. Lo que sí debe
cuestionarse es que, bajo el argumento de regular una conducta electoral, se termine
avanzando sobre la libertad de expresión de quienes también son ciudadanos mexicanos.
Un sacerdote, un pastor o cualquier ministro de culto no deja de ser ciudadano por ejercer su
vocación. Tiene derecho a pensar, a tener convicciones y a expresar sus opiniones. Que su
palabra tenga influencia dentro de una comunidad no convierte esa voz, por sí misma, en una
amenaza que deba ser silenciada mediante una sanción.
El problema está en la frontera que pretende establecer la iniciativa: ¿dónde termina una
opinión y dónde comienza una conducta que merece una multa? ¿Quién habrá de
determinarlo? ¿Con qué criterios? ¿Qué ocurrirá cuando una reflexión sobre valores, principios
o decisiones políticas sea interpretada como una inducción al voto?
Y no estamos hablando de una sanción menor. Hasta mil días de multa pueden tener un efecto
que va mucho más allá de lo económico: el temor a hablar. Cuando una persona comienza a
medir sus palabras por miedo a una consecuencia legal, la libertad de expresión deja de
ejercerse con plenitud.
Por eso la propuesta de Mario López merece analizarse más allá de su aspecto electoral. Lo
que está en juego es un derecho consagrado en nuestra Constitución y que pertenece a todos,
no solamente a quienes ejercen una determinada profesión, militan en un partido o comparten
una determinada ideología.
Y si ya existen disposiciones que regulan la participación de los ministros de culto en los
procesos electorales, el diputado debería explicar qué problema pretende resolver al endurecer
las sanciones. ¿Qué busca evitar que no pueda evitarse con las reglas que ya existen?
Porque resulta peligroso acostumbrarnos a que, frente a una voz incómoda, la respuesta sea
una sanción. Hoy se trata de ministros de culto; mañana podría ser cualquier otro sector de la
sociedad cuya opinión tenga capacidad de influir. La libertad de expresión no puede defenderse
solamente cuando nos gusta lo que se dice.
Por eso esta iniciativa debería generar una discusión seria y, sobre todo, resistencia frente a
cualquier intento de aprobarla sin medir sus consecuencias. Ningún legislador debería sentirse
cómodo impulsando una reforma que pueda terminar restringiendo la expresión de un sector de
ciudadanos.
Mario López tiene derecho a presentar iniciativas; es parte de su responsabilidad como
diputado. Pero los ciudadanos tenemos el mismo derecho a cuestionarlas y a exigir
explicaciones. ¿Por qué quiere endurecer las sanciones contra los ministros de culto? ¿Qué
pretende realmente proteger y qué pretende limitar?
Porque en una democracia las ideas se confrontan con ideas, no con multas. Una cosa es
regular la participación electoral y otra muy distinta es ponerle precio a las palabras.
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